Hace algún tiempo, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebrecht, señaló en una entrevista que “es importante que quienes participan directa o indirectamente en el debate público puedan tener claridad del origen del financiamiento de los intereses que representan las organizaciones no gubernamentales, ya sean que estos provengan de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras”.
Ejemplos del creciente rol e influencia de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en la definición de las políticas públicas se repiten en todas las regiones del país y afectan a los más diversos sectores productivos. La participación de estas entidades de la sociedad civil, que podría ser una manifestación sana y constructiva que aportara una visión objetiva acerca del cuidado ambiental, se ha ido transformando en una verdadera industria de la obstrucción.
De hecho, en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, efectuada el 18 de marzo de 2024, Matías Asún, dirigente local de Greenpeace Chile, la más emblemática ONG ambientalista internacional, afirmó que: “yo al menos tengo 56 mil socios donantes, lo que me garantiza judicializar cualquier cosa que me parezca que destruya el Medio Ambiente. Garantizo que puedo agregar unos dos mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”.
No creo que exista un reconocimiento más explícito del poder y de capacidad de paralización de proyectos de estas organizaciones. Sin embargo, cabe preguntarse si las ONG representan realmente el sentir mayoritario de la ciudadanía. La evidencia parece confirmar lo contrario.
En efecto, a principios de este año, distintas comunidades indígenas presentaron sendas solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), en el marco de la Ley Lafkenche, pidiendo 600 mil hectáreas de mar para su uso exclusivo. Estas peticiones fueron rechazadas ampliamente por el organismo encargado, con 29 votos de 34, recibiendo solo dos aprobaciones. Entre quienes rechazaron, estuvieron los alcaldes de la zona, los representantes de la pesca artesanal y los organismos públicos.
Otra evidencia emblemática en que las ONG’s dijeron una cosa y las comunidades otra, fue el caso del mall de Castro. Por años, distintas ONG’s se opusieron a la construcción de este centro comercial, por estimar que afectaba a la comunidad local. La municipalidad realizó una consulta para recibir la opinión de los habitantes de Castro y el resultado fue que un 94% de la comunidad votante se mostró favorable al proyecto.
Lo mismo ocurrió en el proyecto Dominga, en la comuna de La Higuera. En marzo de 2022 la comunidad fue consultada formalmente sobre el proyecto y el 96% de los votantes apoyó la construcción del complejo minero-portuario, que contaba con una evaluación favorable. La comunidad apoyó el proyecto porque generaba recursos y mejoraba la vida de las personas.
Es interesante conocer la opinión de Ana Castillo, presidenta de la Asociación Comunal de La Higuera, publicada en la prensa en marzo del año 2022: “Estamos muy contentos porque nosotros siempre hemos dicho que La Higuera quiere el proyecto minero y esto lo ratifica. Así, con democracia, libertad, transparencia y participación ciudadana es la mejor manera que tenemos de manifestarnos y decir que sí queremos progreso, que sí queremos minería en nuestro territorio, porque somos mineros, tenemos cultura minera y sabemos cómo es la minería bien hecha. Estamos cansados de que personas y ONG’s de Santiago y el extranjero nos digan qué tenemos que pensar, exigimos respeto a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Los resultados de hoy así lo demuestran”.
Ejemplos hay muchos y demuestran que las comunidades tienen opinión propia, que no siempre es interpretada por las ONG’s que se arrogan la representación de la gente, obstruyendo proyectos que los habitantes del país necesitan. Tal como se ha dicho en recientes reportajes de prensa, la tendencia a la transparencia que se exige a los distintos estamentos de la sociedad se debe también exigir a las organizaciones ambientalistas, especialmente a aquellas que se jactan de tener la capacidad de paralizar proyectos de inversión que ellos rechazan.
Para legitimar su acción, las ONG’s deben cumplir los mismos estándares de transparencia y probidad que se exige a las empresas, a los organismos públicos, a las universidades y a los centros de estudio.
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