El apagón del pasado 25 de febrero es un episodio que debe depararnos lecciones acerca de lo que es nuestra infraestructura para la prestación de servicios básicos, especialmente, en aquellas industrias en las que la asociación entre el sector privado y el Estado se da en un contexto regulado. Tal como lo dijo el Presidente de la República, situaciones como esta indignan por lo sorprendente, por el impacto que tienen y por poner en duda nuestra sostenibilidad.
Es muy importante explicarle a la comunidad las razones que dieron origen a esta situación y dónde deben radicarse las responsabilidades. Es cierto que el servicio ha sido delegado en empresas privadas de alto prestigio, solvencia económica y técnica, por lo que es razonable suponer que han tomado todas las precauciones para evitar este tipo de situaciones. Pero también es cierto que -al ser parte de un sistema regulado-, bien vale la pena evaluar si es que no hay algo de responsabilidad en quienes tienen a su cargo al supervisión del sistema, su expansión y la capacidad para responder a las exigencias crecientes que un país requiere.
La red de transmisión eléctrica en Chile es insuficiente para asegurar plenamente el suministro que progresivamente se ha ido volcando hacia a este tipo de energía, especialmente, si se aspira a un aumento de la electrificación de los servicios y a una cierta resiliencia que nos proteja de fallas humanas pero también de desastres naturales y otros. Conscientes de la vulnerabilidad de la red, las autoridades a cargo del sector han señalado una serie de líneas de alta tensión a ser desarrolladas por el sector privado con un cierto carácter de urgencia.
Tal vez la más emblemática sea Kimal-Lo Aguirre, la que dotaría de mayor capacidad el abastecimiento de energía eléctrica entre el norte y el sur del país. Esta línea -asignada para su construcción en 2022 por un organismo del Estado a una empresa privada- recién está cumpliendo con los requisitos ambientales que el propio Estado le exigen. Son más de 6 mil observaciones las que se deben responder para conseguir los permisos correspondientes.
La preguntas que surgen son: ¿vale la pena exponer al país a apagones de esta naturaleza por un exceso de celo en las exigencias ambientales que la ejecución de un proyecto de esta envergadura tiene? ¿Cómo justificar ante la comunidad afectada la demora en la construcción de esa línea? ¿Se habrá ponderado bien el costo que tiene un apagón de esa naturaleza en relación a los eventuales impactos ambientales que puede tener la construcción de la infraestructura requerida? ¿Las autoridades pueden prescindir de la responsabilidad de dar celeridad a esta iniciativa?
Mi impresión es que junto con indignarse por el impacto que tuvo el mega-corte, nuestras autoridades debieran indignarse también por el atraso que las propias entidades de gobierno provoca en la ejecución de proyectos estratégicos y tomar las medidas correctivas que permitan evitarnos riesgos como estos.
Cuando todo indica que estamos en condiciones de retomar una cierta senda de crecimiento, que bien nos haría contar con un mandato claro a todas las entidades de gobierno de acelerar inversiones estratégicas tanto para la calidad de vida de las personas e impulsar la productividad.
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Chile y la incertidumbre, ¿un camino sin retorno? Por Carolina Godoy.https://t.co/MrPPYM7rv7
— Ex-Ante (@exantecl) March 12, 2025
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Combatir este fenómeno no solo requiere buenas intenciones; como en cualquier proyecto exitoso, exige trabajo coordinado y, sobre todo, inversión. El Estado debe asumir una actitud decidida. ¿Está dispuesto a proporcionar al organismo encargado de defender sus intereses las verdaderas atribuciones y recursos necesarios, o seremos testigos, una vez más, de un ‘león sin dientes’?
Cuando se habla de crecimiento, la colaboración entre los actores públicos y privados no es una opción, sino una necesidad. Cada parte debe cumplir su rol con responsabilidad y visión de país.
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