Junio 29, 2024

La carrera contra el tiempo para mantener a Daniel Jadue (PC) como alcalde, pese a su formalización de cargos por corrupción

Ex-Ante
El alcalde Daniel Jadue el 3 de junio en el Centro de Justicia de Santiago. (Víctor Huenante / Agencia Uno)

El 18 de julio expiran los 45 días que tiene el alcalde Daniel Jadue (PC) para regresar a sus funciones antes que se nombre a un nuevo alcalde. Esa es su fecha límite para que deje la prisión preventiva, para lo cual ha reforzado su equipo jurídico, que encabezará Juan Carlos Manríquez. Los 3 frentes que atacará su nuevo equipo son una nueva petición de revisión de la medida cautelar que lo afecta por delitos de corrupción, recursos en el TC y una acción provisional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Qué observar. El 3 de junio, la jueza Paulina Moya del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ordenó que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fuera enviado a prisión preventiva tras la formalización de cargos en su contra por delitos de corrupción.

  • El ex precandidato presidencial del Partido Comunista (PC) fue formalizado por cohecho, estafa reiterada, fraude al fisco, administración desleal y delito concursal, en su calidad de expresidente de la asociación de municipalidades con farmacias populares.
  • La jueza lo envió al anexo Capitán Yáber, desde donde ha asegurado ser víctima de una persecución política. “Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán”, dijo en una carta manuscrita que publicó el diario El Siglo del PC, partido del que ha recibido una defensa cerrada.
  • Varios de sus militantes lo visitaron este viernes en el penal, por su cumpleaños número 57. La masonería, en cambio, lo suspendió de su logia.
  • Su envío a prisión preventiva inició una carrera contra el tiempo, planteada en el Concejo Municipal del 4 de junio, que encabezó el concejal PC Fares Jadue, quien competirá por la alcaldía de Recoleta en las elecciones de octubre.
  • En la sesión, el concejal de RN Felipe Cruz pidió elegir a un alcalde suplente, a lo que Fares Jadue respondió que la ley establecía que eso sólo aplicaba si el alcalde se ausentaba 45 días hábiles.
  • La ley no establece que se trate de días hábiles, por lo que lo que rige son 45 días corridos, los que expiran el 18 de julio.
  • Esto deja al edil con 3 semanas para salir del penal y volver a sus funciones, para no perder definitivamente su cargo.

La carrera contra el tiempo. En este escenario es que el entorno de Jadue y el PC han tomado una serie de acciones para que deje la prisión preventiva.

  • El penalista Juan Carlos Manríquez fue contactado primero por abogados brasileños y luego por la abogada Anjuli Tostes —pareja de Jadue y miembro del Comité de Equidad e Inclusión de la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil—, para incorporarse a su defensa.
  • Manríquez, quien también representa a la viuda del teniente venezolano Ronald Ojeda y al director de la PDI Sergio Muñoz, dijo a La Segunda que “manifesté mi conformidad de asumir una defensa estrictamente técnica”.
  • Su rol será de jefe del equipo jurídico, con énfasis en la arista internacional de la defensa.
  • Otro de los fichajes fue el abogado y exconvencional PC Hugo Gutiérrez, quien será el nexo entre la defensa y el partido.
  • El exfiscal nacional Sabas Chahuán, antiguo amigo de Jadue de la comunidad palestina en Chile, será un consultor externo.
  • La pareja de Jadue, quien no puede ejercer en Chile, realizará análisis y verá el escenario regional.
  • El abogado Ramón Sepúlveda, quien lo representaba hasta ahora, se mantendrá en el equipo cumpliendo labores operativas específicas.

Los tres frentes. Los frentes que atacará el nuevo equipo, son tres: preparar una nueva petición de revisión de la medida cautelar que lo afecta; presentar recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) e ingresar una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • La revisión de medida cautelar apuntaría a la utilidad y necesidad de mantenerlo con prisión preventiva, en vez de aplicar otra medida cautelar como el arresto domiciliario.
  • Las acciones ante el TC tendrían 2 focos. El primero, la causal de fuerza mayor que lo removería del cargo de alcalde tras 45 de ausencia, pese a no estar condenado. El segundo, a la suspensión de derechos políticos si llega a ser acusado por la fiscalía.
  • La acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consistiría en una medida provisional de urgencia, que argumentaría que se lo busca remover de una función pública basado en una resolución sobre su desempeño en una entidad privada, como la asociación de municipalidades con farmacias populares.
  • “Se estima de que las resoluciones que se han emitido por parte de la justicia chilena, lo que procuran es que él deje de ser alcalde de Recoleta, atentando contra la soberanía popular”, dijo Gutiérrez, quien visitó al edil en Capitán Yáber.

Sus peticiones desde la cárcel. El 14 de junio, Jadue solicitó al juez Fernando Guzmán —durante la visita instruida por la Corte de Apelaciones de Santiago a los penales de la capital—, la instalación de un teléfono público, vacunas contra la influenza y la normalización de las horas de patio en Capitán Yáber, las que fueron alteradas por el motín protagonizado por El Tren de Aragua en la unidad de máxima seguridad.

  • Lo mismo plantearon dos de sus compañeros de penal: el exjuez Juan Antonio Poblete, del caso Topógrado, y el exfiscal de Puerto Natales Cristián Muñoz, imputado por cohecho y revelación de secretos en el marco de la ley de drogas.

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