Diciembre 10, 2024

El informe de Fiscalía que alerta sobre el poder del crimen organizado en las cárceles

Ex-Ante
Captura de video del motín de junio en la unidad de máxima seguridad de Santiago. (Cedida)

“Es posible observar la llegada al país de un tipo de organización criminal con (…) un fuerte interés por el dominio carcelario, cosa que no tenía precedentes en el país”, consignó el informe de Crimen Organizado en Chile publicado este mes por la Fiscalía Nacional. El documento advirtió que bandas transnacionales como El Tren de Aragua buscan controlar los penales a través de extorsiones a otros internos y el manejo del mercado negro tras las rejas. El antecedente cobró importancia luego del hallazgo de un preso decapitado, que puso en cuestión la tesis del control carcelario del gobierno.


Qué observar. El director de crimen organizado de la fiscalía nacional Ignacio Castillo presentó este mes el Informe ‘Crimen Organizado en Chile’, que contenía un apartado sobre cómo bandas transnacionales como El Tren de Aragua han ingresado a las cárceles de Chile, amenazando con controlarlas a través de las extorsiones a otros internos y el manejo del mercado negro al interior de los penales.

  • El antecedente cobró importancia esta semana, luego de que a las 9:13 am de este lunes dos gendarmes encargados del conteo de los reos del módulo 42 del Complejo Penitenciario Biobío reportaran el hallazgo de un cadáver decapitado en la celda número 21.
  • El crimen —que habría ocurrido sin conocimiento de los gendarmes, y por una supuesta enajenación mental del autor, de la cual dijeron tampoco tener conocimiento previo— golpeó la tesis del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) de que Gendarmería —institución dependiente de su cartera— mantiene el control de los penales del país.
  • La víctima fue identificada como Vincent González Aguirre, 27, originario de Arica y quien cumplía una condena a 10 años de cárcel por robo con violencia e intimidación y otra de cinco años por tráfico de drogas realizado en marzo de 2021.
  • El presunto autor fue identificado como Diego Valdés San Martín, 41, también de Arica.
  • Según aseguró Gendarmería en una declaración, habría actuado “aparentemente motivado por una situación de enajenación mental, de la cual no había antecedentes”.
  • El sospechoso, apodado el “Indio Loaiza”, cumplía una condena de 12 años de cárcel por homicidio y otra de cuatro años por porte de arma prohibida, tras un crimen a sangre fría cometido en Arica, en 2022.
  • La falta de control carcelaria que puso en cuestión la decapitación ya había sido anticipada por el juez Fernando Guzmán del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, quien advirtió en un informe enviado en marzo a la Corte de Apelaciones de Santiago de la “ausencia de Estado detectada al interior de los recintos penitenciarios”.

Qué dice el informe de la fiscalía nacional. “A partir del 2017 es posible observar la llegada al país de un tipo de organización criminal con características poco usuales hasta la fecha. Lo primero, es que poseen un fuerte interés por el dominio carcelario, cosa que no tenía precedentes en el país”, dijo la página 40 de las 53 del informe de la Fiscalía Nacional.

  • Violencia fuera de los penales. “Se caracterizan por el uso intenso de la violencia, que pareciera contribuir consistentemente al aumento de los homicidios en el país. Al menos así se ha constatado en la macrozona norte, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, lugares en que estas organizaciones han tenido una intensa actividad criminal; como también en el centro -en especial en la Región Metropolitana-, y, aunque de una manera más aislada, en el sur del país”.
  • Organizaciones multipropósito. “Tercero, se presentan como organizaciones multipropósito. El Tren de Aragua (originario de Venezuela) es la organización paradigmática de origen carcelario que ha llegado, con una presencia reconocida, a nuestro país”.
  • Impuesto al delito. “Ronna Rísquez, en su conocida investigación al Tren de Aragua, concluye que su principal negocio es la extorsión. Estas extorsiones se verifican tanto en el contexto de cobros a personas que cometen otros delitos o actividades ilícitas sin que necesariamente sean delitos; transportes ilegales, prostitución, venta de especies de contrabando, entre otros, configurándose como una especie de impuesto al delito”.
  • Extorsiones dentro de los penales. “Dentro de los recintos penitenciarios, que es donde nace justamente la organización denominada Tren de Aragua, también dedican energías y su fama a extorsionar aprovechándose del temor que infunden en el resto de la población penal”.
  • Poder monopólico. “La explicación de este interés por el control carcelario es porque ahí adentro, en la cárcel, los negocios, tanto los lícitos como los ilícitos, multiplican sus ganancias, ya que incide en esto el poder monopólico de quien ejerce el control”.
  • Control de precios. “En las cárceles chilenas la droga es mucho más cara que afuera, los chips de celulares, la comida que proviene desde fuera, y así, todos los enseres y objetos que se venden dentro superan con creces el precio del mundo exterior”.
  • Torturas a internos. “Los delitos predatorios no son una excepción a la regla anterior, es decir, también son tan lucrativos dentro como fuera de la cárcel. En el Informe del Juez Fernando Guzmán, originado a partir de su visita a la cárcel denominada ‘Santiago 1’, constató que un grupo de delincuentes torturaban y filmaban a un interno primerizo con aplicación de corriente, para convencer a su familia de un pago mensual a sus victimarios”.
  • Público cautivo. “Si se considera que en ese recinto hay 5.000 internos aproximadamente, basta con que aquel mecanismo de apremio y extorsión se aplique a un número significativo de internos para advertir que el monto mensual fijo de ganancias ilícitas que esta organización podría ganar es relevante, más aún cuando se trata de una utilidad con un público cautivo”.
  • Rentabilidad. “Así, por ejemplo, la extorsión carcelaria de sólo 250 internos (un 5% de la población del recinto carcelario “Santiago 1”), asumiendo una cuota de $100.000 pesos chilenos a cada uno, entregaría mensualmente a la organización criminal más de 25 millones de pesos, con un riesgo bajo de ser denunciados y cuyo trabajo consistiría en asegurar, por medio de infundir temor, el que la víctima o su familia se sienta constreñida a pagar”.
  • Conclusiones. El informe advirtió en sus conclusiones que “en el contexto carcelario, el trabajo inter agencial e interinstitucional debe ser un eje principal, ya que la cárcel es la extensión de las operaciones de las organizaciones criminales”.
  • “Mientras no exista un régimen carcelario especial que así lo gestione, las organizaciones solo cambiarán de escenario en el cual realizar sus actividades, y en ello además seguirán aumentando sus utilidades al someter al resto de la población penal a sus exigencias, de acuerdo con lo visto en este apartado”.

Ojo con. Ya en 2022, el séptimo informe del observatorio del narcotráfico de la Fiscalía Nacional había detallado que había 852 bandas criminales operando en las cárceles nacionales, con 2.764 integrantes y 398 líderes.

Lea el informe de la Fiscalía Nacional:

 

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