Diego Valdés San Martín —41 años, apodado “Indio Loaiza”— cumplía una pena 12 años de cárcel por homicidio y cuatro años por porte ilegal de una pistola Glock modificada, en el Complejo Penitenciario Biobío. A las 9:13 am de este lunes dos gendarmes encargados del conteo de los reos del módulo 42, reportaron el hallazgo de un cadáver decapitado en la celda número 21. El crimen golpeó la tesis lanzada el día anterior por el ministro de Justicia Jaime Gajardo de que Gendarmería tiene el “control efectivo” de los penales del país.
Qué observar. A las 9:13 am de este lunes, dos gendarmes encargados del conteo de los reos del módulo 42 del Complejo Penitenciario Biobío, reportaron el hallazgo de un cadáver decapitado en la celda número 21.
- El crimen —que habría ocurrido sin conocimiento de los gendarmes, y por una supuesta enajenación mental del autor, de la cual dijeron tampoco tener conocimiento previo— golpeó la tesis del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) de que Gendarmería —institución dependiente de su cartera— mantiene el control de los penales del país.
- La víctima fue identificada como Vincent González Aguirre, 27, originario de Arica y quien cumplía una condena a 10 años de cárcel por robo con violencia e intimidación y otra de cinco años por tráfico de drogas realizado en marzo de 2021.
- El presunto autor fue identificado como Diego Valdés San Martín, 41, también de Arica.
- Según aseguró Gendarmería en una declaración, habría actuado “aparentemente motivado por una situación de enajenación mental, de la cual no había antecedentes”.
- “En el lugar se encontró una biblia y escritos con símbolos satánicos, a lo que se suma lo manifestado por el presunto agresor respecto de que los hechos ocurrieron en un contexto de un ritual”, recalcaron.
- Estos símbolos habrían incluido un 666 dibujado con sangre en una pared, los que podrían corresponder a una simulación de un estado mental alterado, indaga la policía.
- El sospechoso, apodado el “Indio Loaiza” cumplía una condena por homicidio y otra por porte de arma prohibida, tras un crimen a sangre fría cometido en la capital regional del norte grande.
- La falta de control carcelaria que puso en cuestión la decapitación ya había sido anticipada por el juez Fernando Guzmán del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, quien advirtió en un informe enviado en marzo a la Corte de Apelaciones de Santiago de la “ausencia de Estado detectado al interior de los recintos penitenciarios”.
El crimen por el que estaba preso. En abril de este año el Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a Valdés San Martín, apodado “Indio Loaiza”, a 12 años de cárcel por homicidio simple y a cuatro años de presidio efectivo por porte de arma de fuego prohibida.
- La resolución, tomada unánimemente por los ministros Fabiola Collao Contreras, Sara Pizarro Grandón y Silvia Portilla Bugueño, concluyó que a las 5:40 pm del 15 de febrero de 2022, al interior de un departamento de un block de avenida Santiago Arata de Arica, el acusado le disparó a la víctima a la altura del tórax “causándole la muerte por shock hipovolémico (es decir, desangramiento) debido a herida penetrante cardiaca producida por proyectil de arma de fuego, como también comenzó a disparar en contra de las personas que se encontraban en el lugar, para luego el huir del lugar”.
- La Corte de Apelaciones de Arica, al rechazar un recurso de nulidad a la sentencia presentado por su defensa, mencionó que el condenado declaró que disparó “producto de la ingesta de alcohol y de drogas pensando que le querían quitar el arma”, ya que vio a la víctima “demasiado cerca de él”.
- Fue capturado tres días más tarde por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes “al momento de efectuarle una revisión de las vestimentas, los funcionarios de la PDI le encontraron un arma de fuego tipo Glock Modelo 25 calibre 380, el cual contenía tres cartuchos en su interior, arma que había sido modificada por un artefacto artesanal adosado en el sector de martillo la que lo transformaba en un arma de acción automática, la cual se encontraba apta para el disparo, no contando para ello el acusado con la debida autorización para su porte o tenencia”.
- Valdés San Martín fue condenado además a pagar $5 millones a la madre de la víctima, por concepto de daño moral.
- Según consignó Radio Biobío, su historial penitenciario incluía 15 sanciones, la mayoría por riñas y cuatro por tenencia y fabricación de armas blancas. En 2023 habría intentado cortar un barrote de su celda para fabricar un punzón.
El control de daños. El ministro Gajardo reiteró este lunes que Gendarmería mantenía el control de los penales del país, luego de que por la mañana fuera encontrado el cadáver decapitado.
- Gajardo había hecho esta afirmación en una entrevista publicada el domingo. “Gendarmería de Chile tiene el control efectivo de todas las cárceles a nivel nacional”, dijo a El Mercurio. “En nuestro país no ocurren cosas que suceden en países vecinos, a pesar de los desafíos que implica hoy para toda la región”.
- Tras el crimen descubierto este lunes matizó sus dichos y aseguró que “lo que nosotros decimos es que nuestra institucionalidad controla los establecimientos penales. ¿Qué significa esto? Que Gendarmería puede entrar a cualquier establecimiento penal. No hay ningún establecimiento penal en nuestro país que se encuentre en manos de los internos”.
- Respecto del homicidio ocurrido, aparentemente, sin conocimiento de los gendarmes, sostuvo que “este es un suceso bastante grave, pero además viene (siendo) inédito en nuestra historia penitenciaria”.
- Por esto dijo que instruyó al subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz y al director de Gendarmería Sebastián Urra constituirse en Concepción, con el fin de levantar más antecedentes.
- El hallazgo de un reo decapitado sumó a Chile a otros países en que se registran estos crímenes en sus penales, como Ecuador, Brasil y Venezuela.
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