La normalidad entre comillas en la zona no puede ni debe seguir dependiendo de la presencia de las Fuerzas Armadas, ni menos relajarnos porque ya contamos con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y una Ley Antiterrorista.
Al cumplirse tres años del actual gobierno, no me deja de preocupar que ya se cumplan más de 1.000 días de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y que la autoridad haya descartado que se vaya a producir una desescalada de esta condición que, como su nombre lo indica, es excepcional.
Esta prórroga sucesiva del estado de excepción que ya se ha convertido en la normalidad de miles de chilenas y chilenos en el sur de nuestro país, y que recordemos se ha perpetuado desde mayo del 2022, a solo dos meses de iniciado este gobierno que criticaba el uso de esta medida. Esto hoy trae más dudas que certezas.
¿Por qué aún no tenemos ley para la protección de infraestructura crítica? ¿contaremos al fin con un nuevo cuerpo legal que establezca las reglas de uso de la fuerza? ¿cuánto se han demorado en ver la luz estos cuerpos legales? ¿cuándo se levantará el estado de excepción? ¿tendremos este año una nueva ley de inteligencia del Estado? Todavía no se resuelve el uso de armas no letales.
Sin duda, hay un antes y un después del fatídico 27 de abril del 2024, día del brutal atentado en que asesinaron a sangre fría a tres carabineros en Cañete, en la ruta que une Cañete y Tirúa en la región del Biobío, considerada como una de las peligrosas del país, epicentro de hechos de violencia, a vista y paciencia de todos.
Por supuesto surgen más inquietudes ¿Hemos fracasado en salvaguardar derechos fundamentales como la libertad y la seguridad de nuestros compatriotas? ¿Dejó de existir el Estado de Derecho en Chile? ¿Cómo permitimos que esa zona esté tomada por décadas por la delincuencia y el terrorismo, por innumerables hechos de violencia, que no tienen relación alguna con las legítimas reivindicaciones que nuestros pueblos originarios puedan tener y que, en su gran mayoría, han abordado desde el respeto a las leyes y a las personas? ¿cómo van las causas judiciales asociadas a estos últimos horrorosos crímenes?
En este escenario, sin lugar a dudas, el estado de excepción aún se justifica ya que las células terroristas siguen sin desbaratarse, tal como lo reflejaron los últimos atentados incendiarios ocurridos en Lautaro, Nueva Imperial y Lebu en noviembre pasado.
Tal como indicó el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, en virtud de los importantes golpes que han dado ambas policías en la zona que disminuyeron en un 45% en promedio los ataques en la zona durante el 2024 con respecto al año anterior, no implica que el trabajo ha terminado sino, todo lo contrario, ya que se debe profundizar en lo que ha dado frutos en este tiempo para lograr el objetivo que es desarticular a estos grupos criminales. Coincido que creer que se han desbaratado estas células terroristas, es no entender la profundidad de cómo operan.
Es momento de dar un paso adelante o varios pasos más. Quienes viven y trabajan en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío, sin dejar de mirar a Los Ríos y los Lagos, no sólo demandan sino que tienen todo el derecho de vivir, estudiar, trabajar y desplazarse de manera segura. La normalidad debe ser aquella que nos permita revertir su empobrecida situación económica y social en que muchos viven por culpa de este flagelo sin control que no ha permitido a estas comunas del sur de nuestro país desarrollarse y crecer.
No desconozco los avances con las leyes aprobadas. Sin embargo, debemos avanzar en poner foco en las miles de personas que llevan más de dos años viviendo en un estado de excepción perpetuo, con más tranquilidad pero en un estado anormal, sin olvidar las décadas previas en que han vivido en tierra de nadie y en muchos casos con total impunidad para quienes delinquen, queman y matan.
La normalidad entre comillas en la zona no puede ni debe seguir dependiendo de la presencia de las Fuerzas Armadas, ni menos relajarnos porque ya contamos con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y una Ley Antiterrorista. Ahora hay que poner en práctica estas herramientas legales y políticas gubernamentales pensando en todos quienes vivimos en este país.
Debemos materializar una estrategia integral de seguridad que supere el modelo de estado de emergencia y, aunque suene cliché, en un esfuerzo público-privado porque estoy convencido, gracias a mis años de experiencia representando al mundo privado pero trabajando de la mano con la autoridad independiente de su color político, que la única manera de desarrollarnos en cualquier ámbito es entre todos. Los empresarios, quienes invertimos nuestro esfuerzo a lo largo de todo Chile, siempre estamos disponibles para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ¿cuándo y cómo seguimos en la macrozona sur?
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