Chile discute hoy, con razón, cómo recuperar un crecimiento que lleva una década estancado en torno al 2%. El plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social, con sus críticas y aciertos, busca elevar esta cifra en 0,7 puntos porcentuales al año durante la próxima década mediante rebajas tributarias, incentivos al empleo y cambios al sistema de permisos de inversión.
Es una apuesta ambiciosa, y el debate legislativo se ha concentrado, en buena parte, en evaluar si estas medidas lograrán el crecimiento esperado, más aun considerando los efectos fiscales de la reforma. Sin embargo, el plan económico del Gobierno ha dejado fuera una agenda de largo plazo que, según la evidencia, tiene un peso igual de importante: la seguridad.
En Chile, la delincuencia implica costos económicos directos anuales que ascienden a 2,1% del PIB (Balmaceda et al., 2024). Para ponerlo en perspectiva, esta cifra equivale a aproximadamente 12 veces el costo de reconstruir las viviendas devastadas por los incendios en Ñuble y Biobío.
Pero, más allá de estos costos directos, cabe preguntarse cuánto ha incidido la seguridad en el crecimiento de largo plazo del país. La respuesta no es menor. Un estudio reciente revela el aumento de la delincuencia en la última década le ha costado al país 0,6 puntos porcentuales de crecimiento cada año. En otras palabras, si la criminalidad no hubiese aumentado, la economía chilena habría crecido un 2,6% anual en lugar del 2% registrado.
Dicho de otra manera, lo que el Gobierno espera ganar con la megarreforma es, en magnitud, casi exactamente lo que el país ha estado perdiendo por el canal de la inseguridad.
Como en la física, la suma de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo determina su trayectoria final. Un plan económico procrecimiento podría tener mayores réditos si se empujara conjuntamente una agenda de seguridad robusta.
O bien, mirando el vaso medio vacío, no hacerse cargo de los determinantes de largo plazo del problema de seguridad del país puede poner un freno relevante a los resultados de importantes cambios en materia económica. Ambas perspectivas apuntan a la misma dirección, centrarse exclusivamente en la agenda económica y no atender adecuadamente la de seguridad es una estrategia miope.
Dicho esto, queda discutir que significa atender correctamente la agenda de seguridad. Lo ocurrido en San Bernardo hace una semana atrás entrega algunas luces para el debate. Durante la madrugada del 23 de junio, una banda de jóvenes delincuentes, entre ellos dos adolescentes, protagonizó una encerrona en la que un niño de doce años murió al quedar enganchado en un cinturón de seguridad del vehículo que intentaban robar.
El caso, que ha mantenido en vilo la opinión pública mientras se conocían los detalles de la formalización, no es solo una tragedia aislada, más bien es el tipo de hecho que cristaliza de golpe una sensación que las cifras llevan una década confirmando.
Junto con la conmoción, vuelve también la pregunta de siempre: ¿por qué jóvenes, incluso menores de edad, terminan integrando bandas capaces de incurrir actos de este nivel de violencia? Parte de la respuesta, aunque incómoda en medio del dolor por un caso así, no puede obviarse.
El vínculo entre menores de edad y la prevalencia de delitos graves obedece, entre otros factores, a problemas estructurales que anteceden por años al delito mismo. El ausentismo escolar, las trayectorias educativas truncadas, entornos barriales y familiares sumergidos en la violencia, así como la captación temprana por estructuras del crimen organizado que ofrecen ingresos y pertenencia donde el Estado no llega, son algunos de los factores asociados a la entrada de menores a actividades delictuales.
Claramente ninguno de estos factores excusa lo ocurrido en San Bernardo ni a quienes lo cometieron, pero ignorarlos condena cualquier agenda de seguridad a perseguir solo los síntomas finales en lugar de las causas.
Esto no debe entenderse como un argumento contra la urgencia de actuar hoy. Frente a hechos de esta gravedad, una agenda de seguridad de corto plazo, con mejoras a la capacidad operativa de las policías y la persecución penal eficaz, es necesaria y no admite postergación. Pero esa urgencia no puede hacer que el país descuide elementos estructurales.
Si la puerta de entrada a delitos violentos, generalmente vinculados al crimen organizado, sigue abierta, cada banda desarticulada será reemplazada por otra.
Aún con los reparos técnicos que puede tener el plan económico del presidente Kast, hay que reconocer que sigue una intuición clara: si hoy no hacemos ningún cambio estructural, el crecimiento de largo plazo se mantendrá en un nivel insuficiente.
La misma lógica debería aplicar para la seguridad. Si hoy no comenzamos con medidas que aborden el génesis de la delincuencia, particularmente en niños y adolescentes, en el largo plazo es esperable que el problema persista.
De esta manera, asumir la seguridad como una política de largo plazo, y no solo como una respuesta a la contingencia, es una condición necesaria para que el resto de las reformas rindan los frutos que el país necesita.
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Industria de asset management: cuando crecer no basta. Por Alejandra Carrasco y Carolina Duarte.https://t.co/pSQZdiv7Qs
— Ex-Ante (@exantecl) July 1, 2026
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