En Chile, las lunas de miel presidenciales, es decir, el período en el que la aprobación del Gobierno supera a la desaprobación, parecen durar cada vez menos. Los presidentes llegan al poder con un mandato electoral, pero también con una ciudadanía más impaciente, más expuesta a la información inmediata y dispuesta a retirar su apoyo cuando sus expectativas no son satisfechas.
El gobierno de José Antonio Kast no escapa a esta tendencia. De hecho, registra una de las lunas de miel más breves, con una duración de tres semanas. Diversas razones podrían explicar este revés, tales como el intenso despliegue comunicacional de la OPE, que pudo haber anticipado en la ciudadanía la figura de Kast como agente responsable del rumbo del país incluso antes de que asumir la presidencia, la evaluación de las medidas tomadas por el Gobierno en el contexto del alza de los combustibles o la bullada publicación del “Estado en quiebra” en las redes sociales gubernamentales, entre otros.
A pesar de este temprano punto de inflexión, el futuro de la aprobación del gobierno del presidente Kast es un verdadero enigma. Por un lado, en Chile las series históricas sugieren que, una vez que la desaprobación supera a la aprobación, la reversión del patrón no ha sido la regla. Más bien, aunque con variaciones, la desaprobación tiende a mantenerse por encima de la aprobación durante el resto del mandato.
Por otro lado, la literatura de los determinantes de la evaluación presidencial destaca al desempeño económico, un eje central del programa de gobierno de Kast, como uno de los principales factores que inciden en la aprobación ciudadana (Lewis-Beck & Stegmaier, 2013).
En particular, la literatura de funciones de popularidad propone un mecanismo claro para comprender la relación entre el performance de la economía y el apoyo al incumbente: la ciudadanía tiende a premiar con mayor aprobación los auges económicos y a castigar los períodos de deterioro.
Esto tiene una implicancia directa para el gobierno de Kast. Si la economía fue uno de los principales ejes de su oferta programática, también será uno de los principales criterios con que será evaluado. Una mayor percepción de que las condiciones del país están mejorando, respaldada por mayor dinamismo de la actividad económica, empleo y estabilidad en los precios, podría convertirse en un importante activo político relevante, incluso antes de que todos los hogares experimenten mejoras directas en su situación persona (Ábrigo et al., 2026).
En este contexto, tanto los resultados de corto plazo como las expectativas de los resultados de mediano y largo plazo de las principales medidas económicas de La Moneda serán decisivos. El proyecto de ley “Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social” aparece como la primera gran prueba.
Si la iniciativa logra instalar la percepción de que el país retoma una senda de crecimiento e inversión, podría contribuir a recomponer parte del apoyo perdido. Si, por el contrario, se percibe como una agenda fiscalmente riesgosa, con inciertos resultados en el crecimiento y desconectada de las necesidades del país, podría reforzar el deterioro inicial.
La oportunidad de aumentar la aprobación presidencial a partir del desempeño de la economía enfrenta, sin embargo, un desafío autoimpuesto. Las metas del ministro de Hacienda Jorge Quiroz (4% de crecimiento, 6% de desempleo y balance fiscal) operan como señales paramétricas para la evaluación ciudadana. Se trata, además, de objetivos exigentes y difíciles, aunque no imposibles, de cumplir (CEP, 2026).
Incluso si las condiciones económicas y las percepciones sobre la economía mejoran, el incumplimiento de estas metas podría erosionar la credibilidad de La Moneda y limitar los réditos políticos de una eventual aceleración económica. En este sentido, las metas no sólo ordenan el plan del Gobierno, sino que también elevan el estándar con que será juzgada la gestión presidencial.
Como todo fenómeno multicausal, la aprobación presidencial no dependerá exclusivamente de la economía. Existen variables no económicas que inciden en la evaluación ciudadana y, en el caso del gobierno de Kast, probablemente la seguridad sea una de las más relevantes. No solo porque constituye otro de los ejes centrales de su programa, sino porque se ha instalado como una preocupación prioritaria para la ciudadanía.
Avances tangibles en esta materia podrían reforzar el efecto político de una mejora económica. Por el contrario, la ausencia de resultados en seguridad podría profundizar el deterioro de la aprobación incluso en un escenario de mayor dinamismo económico.
Aunque incierto, el futuro de la aprobación presidencial enfrenta una condición clara: el Gobierno deberá convertir sus principales promesas, económicas y de seguridad, en resultados percibidos como reales, creíbles y atribuibles a su gestión.
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