El sobrino del expresidente de la Corte Suprema Marcos Libendinksy y hasta agosto parte del equipo del jefe anticorrupción del Ministerio Público Eugenio Campos, asumió en octubre como fiscal regional de Aysén. Al rol de políticos en la trama bielorrusa, sumó una nueva investigación reservada: las supuestas coimas dadas a su predecesor Carlos Palma para evitar que indagara al senador Calisto, que enfrenta un nuevo proceso de desafuero, que podría extenderse por meses.
Lo nuevo. El fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky abrió hace dos meses una nueva arista en la investigación por fraude al fisco y de subvenciones que lleva adelante en contra del senador Miguel Ángel Calisto (independiente del Comité de Evópoli), la que golpea a su predecesor, Carlos Palma.
- Ésta consiste en el supuesto pago de $14 millones al ex fiscal regional de Aysén —quien ya estaba imputado por revelación de secreto al abogado Luis Hermosilla en el Caso Audios—, para evitar que indagara las asesorías fantasmas por $105.554.697 por las que la fiscalía acusó en junio a Calisto y pidió 12 años de cárcel para él.
- Según explicó entonces Libedinsky, estos montos de asesorías no realizadas provinieron de “honorarios pagados por el Congreso a la Sra. (Carla) Graf Toledo, (los que) fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho”.
- La declaración dada el 23 de junio por Cárcamo Catalán —considerado el cerebro de la campaña parlamentaria de Calisto— y de su señora Graf Toledo, sustentaron la arista abierta el 6 de mayo, adelantó T13.
- Su existencia fue revelada en una audiencia realizada este martes, en que la defensa de Calisto intentó sin éxito evitar el cierre de la arista principal de la investigación en contra del parlamentario. Entonces, dijo que los dichos de Cárcamo y Graf obedecerían a un acuerdo con la fiscalía.
- Este jueves, el Juzgado de Garantía de Coyhaique rebajó las medidas cautelares de ambos a firma mensual y arraigo nacional.
Pérdida del escaño. En un video subido a redes sociales, el parlamentario aseguró que sus excolaboradores, “con la finalidad de rebajar su eventual condena, ha(n) emitido una serie de mentiras e injurias (…) (para) vincularme a situaciones ilícitas con las cuales no tengo ninguna participación (…). Se ha faltado al principio de objetividad”.
- La acusación en contra de Calisto podría derivar en la pérdida de un escaño para el oficialismo, en caso de que prospere el desafuero en su contra presentado nuevamente en junio por la fiscalía de Aysén, dado que en marzo asumió como senador. Su desafuero como diputado ya había sido ratificado por la Corte Suprema.
- Este lunes, los cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaron para ver el nuevo desafuero, por haber ya resuelto sobre el primero. Se espera que la causa se traslade ahora a Puerto Montt, lo que sumado a la eventual apelación ante la Corte Suprema, podría implicar más de tres meses de espera antes de que termine el nuevo proceso.
Los inicios del fiscal. Hernán Marcos Libedinsky Moscovich, 57, nació en 1969 en Santiago, en una familia judía con tradición en el Poder Judicial. Es sobrino del expresidente de la Corte Suprema Marcos Libedinsky, que durante su mandato —entre 2004 y 2006— terminó de implementar la reforma procesal penal en el país.
- Estudió derecho en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1995.
- Tiene un magíster en derecho penal otorgado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; un diplomado en derecho penal económico y responsabilidad penal de la empresa en la Universidad de Talca y otro en reforma procesal penal, además de estudios de postrado en investigación de lavado de activos.
- También fue profesor adjunto de derecho penal en la Universidad Santo Tomás de Santiago, por más de 15 años.
- Fue abogado asociado en el Estudio Etcheberry hasta ingresar al Ministerio Público, donde lleva 25 años.
- Entre 2001 y 2002 fue abogado asesor de la fiscalía regional de Coquimbo, desde donde pasó a ser el primer fiscal adjunto jefe de la fiscalía local de Punta Arenas, cargo en el que estuvo hasta 2007.
- Ese año se desempeñó, además, como fiscal adjunto de delitos económicos y financieros en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
La unidad anticorrupción. Entre 2007 y 2023 fue abogado asesor de la unidad de asesoría jurídica de la fiscalía nacional, desde donde pasó a ser abogado asesor de la unidad especializada anticorrupción que lidera Eugenio Campos en la Fiscalía Nacional.
- En su exposición del 6 de agosto ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique para postular al cargo de fiscal regional de Aysén, hizo una aparente alusión a su predecesor, Carlos Palma, que en octubre quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por revelación de secretos al abogado Luis Hermosilla, para el que la fiscalía pide 14 años de cárcel por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.
- “No podemos desatender los riesgos de corrupción interna que afectan al Ministerio Público; delitos y faltas a la probidad que pueden cometerse tanto por fiscales como por funcionarios de la institución”, dijo.
- Si bien ocupó el tercer lugar de la terna de la Corte, el fiscal nacional Ángel Valencia lo eligió para el cargo el 14 de agosto; tras lo cual asumió en octubre. En su designación habría influido su trabajo con Campos, en la misma fiscalía nacional.
Trama bielorrusa. En enero, comenzó a recopilar antecedentes para esclarecer los alcances de la denominada trama bielorrusa en el ámbito político.
- Se trataba de una nueva arista en la indagación a los beneficios judiciales otorgados al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec —que percibió más de $17.000 millones de Codelco tras ganar una serie de recursos derivados de faenas en el proyecto Rajo Inca de Atacama.
- Un reportaje de Ciper dio a conocer que el exdiputado y abogado del consorcio Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva por el presunto pago de sobornos para influir en fallos de la exministra Ángela Vivanco, declaró que la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría recibido $300 millones a cambio de intervenir en favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán. Carvajal negó esta situación.
- En esta arista también serían indagados, aunque con antecedentes indirectos, los senadores de Demócratas Matías Walker; de la UDI Sergio Gahona y del PS Paulina Vodanovich, además del diputado de Republicanos Cristián Araya.
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