El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) se encuentra ya en su segundo trámite constitucional, en la Comisión de Economía del Senado. La iniciativa crea un “Sistema” para velar por la correcta tramitación de los permisos sectoriales y, dentro de este sistema, crea una “Oficina”, radicada en el Ministerio de Economía.
¿Es positiva la creación de esta oficina? Sí. ¿Tiene las atribuciones y herramientas suficientes para mover la aguja de nuestro kafkiano sistema de permisos? No. El problema, me temo, está en que la LMAS pone excesivo foco en la estandarización regulatoria, dejando en segundo plano un aspecto clave para salir de este pantano: la gestión.
No nos engañemos: un proyecto de ley, por sí solo, está lejos de solucionar el problema de la permisología. Una cosa es definir los estándares de un permiso (aspecto que la LMAS aborda efectivamente) y otra cosa, muy distinta, es asegurar una gestión expedita y eficiente de los permisos, sujeto a dichos estándares. Y es en esto último donde el proyecto es más débil. Al definir el objeto de la Oficina con conceptos vagos como “velar por el correcto funcionamiento del sistema” o “promover técnicas administrativas”, no se le entregan los “dientes” suficientes para abordar la fastidiosa ineficiencia estatal.
Así, con un mandato difuso, que traslapa funciones con una eventual Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y alejado de la gestión eficiente de los permisos, la Oficina corre el riesgo de engrosar la burocracia estatal sin generar cambios significativos. En la actual discusión en el Senado se podría dar un giro a su objeto, competencias y herramientas.
Primero, el principal mandato de la Oficina debería ser “agilizar” los procesos de obtención de permisos y hacer cumplir los plazos establecidos en la ley. Quizás muchos no lo saben, pero hoy la ley exige que cualquier procedimiento administrativo no puede exceder los seis meses (Art. 27, Ley 19.880). El problema está en que no existe sanción por incumplirlos. Aquí, la Oficina podría, por ejemplo, gatillar procesos administrativos a los funcionarios responsables de atrasos sistemáticos.
En materia presupuestaria la Oficina debería contar con recursos para transferir, vía convenio, a servicios públicos que necesiten contar con más evaluadores para agilizar sus tiempos de tramitación (en la actualidad esto se hace vía Ley de Presupuestos, sin certezas de continuidad en el tiempo). Junto con esto, la Oficina podría proponer a Dipres “amarres presupuestarios” para servicios críticos, donde se condicione parte de su presupuesto anual al cumplimiento de plazos de tramitación.
La Oficina también debería tener la potestad de proponer (o fijar) indicadores asociados a plazos de tramitación en los convenios ADP de los altos directivos y en los PMG de los equipos evaluadores. Adicionalmente, la Oficina debería tener el mandato de publicar esta información en un portal abierto para el sano escrutinio público de la gestión de los servicios evaluadores.
Siguiendo la experiencia internacional de la Major Projects Management Office (Canadá) y del Permitting Council (Estados Unidos), cada uno de los proyectos de inversión priorizados por la Oficina debería contar con un convenio, firmado por todos los servicios públicos involucrados en su tramitación, que establezca una hoja de ruta con plazos y responsables. La Oficina debería informar al Congreso periódicamente el avance y cumplimiento de este.
Por último, la ubicación de la Oficina merece una reflexión más de fondo. Para que tenga una mayor ascendencia sobre los servicios evaluadores, podría ubicarse más cerca del centro de Gobierno o, por el contrario, dotarla de mayor autonomía. En ambos casos, su cabeza debería ser una figura de peso político y administrativo, con un solo objetivo: agilizar los tiempos de tramitación.
Tal como James Carville advirtiera en 1992 al equipo de campaña de Bill Clinton sobre la importancia de enfocarse en los problemas económicos, si de verdad queremos solucionar el problema de la permisología, “es la gestión, estúpido”.
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