Enero 11, 2024

Sebastián Edwards y proyecto para enfrentar “permisología”: “Es conservador y solo rasguña la burocracia reinante”

Vicente Browne R.
Cedida.

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric presentó dos proyectos para hacer frente a la denominada “permisología”. Uno de ellos es la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0). El economista Sebastián Edwards cree que los autores de la iniciativa han sido poco ambiciosos y han actuado con un enfoque muy de principios de siglo. “No parecen haber analizado la legislación y reglas en los países líderes en materias de regulaciones medioambientales modernas, como Nueva Zelandia”.


-⁠¿Qué le parece la reforma a las bases generales del medio ambiente?

-Es una iniciativa bien intencionada que se mueve en la dirección correcta. Pero es un paso tímido, una medida conservadora que solo rasguña la burocracia reinante. La verdad es que Chile enfrenta una emergencia económica y esta reforma no es lo suficientemente profunda.

Como sentenció la Comisión Marfán hace unas semanas, los centenares de regulaciones que se han ido apilando a través de los años son un lastre enorme, equivalente a un impuesto cuantioso que deben pagar los chilenos por medio de menores ingresos y salarios. Esta reforma reduce en algo ese “impuesto”, pero no hace lo suficiente.

-¿Se puede interpretar que se le entregan mayores atribuciones al Ministerio del Medio Ambiente?

-Desde luego. Pero el problema no es que el ministerio tenga más atribuciones. El tema es que el ministerio haga lo que tiene que hacer en forma profesional, eficiente y rápida. Y lo que el proyecto hace es agregar instancias burocráticas sin modernizar todos los procesos.

Me parece que los autores del proyecto han sido poco ambiciosos y han actuado con un enfoque muy de principios de siglo. No parecen haber analizado la legislación y reglas en los países líderes en materias de regulaciones medioambientales modernas, como Nueva Zelandia.

-⁠¿El proyecto podría provocar que se traben aún más los proyectos de inversión?

-Ese no es el tema; el desafío es destrabar la situación actual, facilitar las inversiones, modernizar los procesos, eliminar trabas, derogar leyes y reglamentos, eliminar instituciones y comisiones, terminar con las duplicaciones. Este no resuelve el enorme cuello de botella que es el Consejo de Monumentos Nacionales y mantiene una serie de regulaciones que hoy no tienen ningún sentido.

Por ejemplo, ¿Qué sentido tiene que la Comisión Chilena de Energía Nuclear tenga que dar más de veinte permisos relacionados con construcción, exportación, importaciones, y transporte? Me dirán que se trata de materiales radioactivos. Pero eso no justifica que se mantenga un propósito lanzado en 1979 en plana Guerra Fría.

-⁠¿Entonces, cómo acortar los plazos y entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas?

-En principio debió haberse hecho una especie de “ley ómnibus” que eliminara todos los trámites duplicados. El énfasis debiera ser en derogar, eliminar y profesionalizar los procesos. En vez de eso se está tratando de “optimizarlos”, reduciendo un poco los días de tramitación. El problema con esta estrategia es que se gasta tiempo optimizando procesos e instancias que debieran eliminarse. El verbo esencial debiera ser “eliminar” y no “optimizar”.

-¿El proyecto cumple el objetivo de despolitizar las instancias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)?

-Hace un avance en esa dirección, pero me parece que es insuficiente. Es justamente en esta área donde la necesidad urgente de una gran reforma del Estado se hace más patente. La necesidad de implementar un sistema de “servicio civil” muy profesional y estable, sin nombramientos políticos –excepto ministros y subsecretarios– se ha discutido por años. Es un sistema que funciona en los países sajones y que debiéramos adoptar. Sin una reforma de ese tipo no habrá una verdadera despolitización de las decisiones regulatorias.

-⁠¿Cómo ve el incentivo a la participación ciudadana?

-Me parece muy bien hacer consultas y considerar la opinión ciudadana. Eso es esencial en una democracia moderna. Pero en pleno siglo 21 esto no tiene porque ser engorroso y demoroso. Hay que hacer consultas digitales y reuniones por zoom.

-¿Cómo ve que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estará legitimado para presentar una acción legal en caso de daño ambiental?

-En teoría no tengo problemas. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Hasta ahora el CDE ha sido relativamente prudente; ojalá se mantenga así en el futuro.

Lea también. Ministra del Medio Ambiente y críticas por “permisología”: “No hay ninguna traba a la inversión; la evaluación ambiental es una condición para el desarrollo”

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