El reciente informe de la Contraloría General de la República ha desnudado una preocupante realidad: más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras “gozaban” de licencias médicas.
Un presunto fraude al fisco que no sólo impacta a la Presidencia, ministerios, y gobiernos regionales, sino que golpea a decenas de municipios que vienen haciendo noticias por casos de corrupción hace un tiempo a lo largo de Chile.
Este escándalo es más que una cifra; es un potente síntoma de la fragilidad de los controles internos y un recordatorio ineludible de la urgencia de fortalecer la ética en la administración pública.
¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo partimos?
Aunque la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no se aplica a muchas reparticiones públicas involucradas – la Ley de Delitos Económicos que la modificó incorporó a las sociedades y a las universidades del Estado, a los partidos políticos y a las personas jurídicas religiosas de derecho público, llamando la atención que los municipios quedaran fuera con los casos de corrupción ya conocidos –sus principios son una guía que pueden perfectamente ser una referencia útil. De hecho, varios municipios han adoptado voluntariamente el modelo de prevención de delitos de esta o fortalecido sus controles internos.
En efecto, esta normativa establece un estándar de debida diligencia que las organizaciones deben cumplir para prevenir la comisión de ilícitos en su interior. Adoptar esta lógica no es sólo una cuestión de buena gestión, sino una necesidad para recuperar la confianza ciudadana y proteger los recursos públicos.
Un programa de compliance efectivo se erige sobre tres pilares interconectados que van más allá de la mera formalidad y se arraiga en una cultura de integridad:
Prevención: blindar la gestión con políticas claras y éticas.
La mejor defensa contra el fraude es la prevención. Esto significa establecer códigos de conducta y ética que no sean meros documentos, sino guías vivas que permeen cada decisión. La capacitación continua, no sólo sobre la normativa vigente, sino también sobre los valores intrínsecos del servicio público y cómo enfrentar dilemas éticos.
En el contexto de las licencias médicas, esto implica revisar y robustecer los procedimientos de solicitud, aprobación y fiscalización. La implementación de controles internos robustos en áreas de alto riesgo – como la emisión de licencias, compras públicas o el manejo de fondos – es crucial. Aquí, la ética pública se convierte en el pilar que sostiene todo el edificio, recordando cada funcionario que su rol es servir al interés común, no al beneficio personal o de terceros.
Detección: identificar las alertas tempranas.
Cuando la prevención falla, la detección oportuna es vital. Las organizaciones deben garantizar canales de denuncia seguros y anónimos, que permitan a los funcionarios reportar irregularidades sin temor a represalias. Es indispensable que existan protocolos claros y expeditos para investigar estas denuncias. El monitoreo y análisis de datos, especialmente en en áreas sensibles como las licencias médicas, ayuda a identificar patrones anómalos o comportamientos sospechosos.
Las auditorías internas, deben ir más allá de lo financiero para evaluar los procesos y la adherencia a estos. También la supervisión jerárquica activa es clave; los directivos y jefaturas deben ser los primeros en fomentar una cultura de probidad, el famoso “Tone from de Top”, pilar del compliance cobra más que nunca relevancia.
Sanción: respuesta firme ante la transgresión.
Una vez detectada la irregularidad, la respuesta debe ser clara y contundente. Esto implica investigaciones transparentes, oportunas y rigurosas, que establezcan las responsabilidades individuales, sin titubeos ni favoritismos para sí enviar una señal inequívoca: la corrupción no será tolerada. Además, de la necesaria colaboración con el ministerio público y la Contraloría General de la República, es fundamental activar mecanismos para la recuperación de los fondos o bienes malversados, mitigando así el daño al erario público.
El compliance no es un mero conjunto de reglas o un “check-list” legal. Es una transformación cultural que eleva la integridad y el servicio público. Los funcionarios deben entender que son custodios de la ética y que sus acciones individuales tienen un impacto directo en la confianza de la ciudadanía y en los recursos públicos que no son un “botín” gubernamental del gobierno de turno para enriquecerse personalmente a costa de todos los contribuyentes.
Lo sucedido recientemente, no puede ser ignorado, es un llamado de atención del cual tenemos que hacernos cargo como país, una oportunidad para salir del estancamiento moral en el que lamentablemente nos hallamos sumidos y que hacen brotar todo tipo de movimientos radicales en torno al Estado y su rol.
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