La política griega y eurodiputada – la socialista Eva Kaili – detenida en flagrancia en su departamento en Bruselas, donde la policía encontró bolsas llenas de dinero en efectivo, es ahora la cara visible de un escándalo de corrupción que recién empieza a develarse y, en el cual, hay más implicados detenidos con sus oficinas allanadas.
La imputación de Kaili en la investigación de la policía judicial federal – todavía por confirmar – es haber aceptado grandes sumas de dinero de un país del Golfo, al parecer Qatar, con el fin de influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo.
Investigada por graves delitos de corrupción, junto a su pareja y entorno cercano, fue destituida de todas sus funciones incluyendo una de las 14 vicepresidencias de la Eurocámara, lo que demuestra la preocupación que ha despertado el caso en las instituciones europeas. El ambiente parlamentario europeo se ha tensionado al máximo en una época de creciente desconfianza de la ciudadanía mientras los responsables del proyecto europeo defienden su integridad, prometiendo tolerancia cero a la corrupción y mayor transparencia.
Transparencia Internacional UE , entre sus recomendaciones, instó a sustituir el Comité Asesor sobre la Conducta de los Miembros por un organismo que tenga un “elemento independiente externo” para vigilar el comportamiento de los eurodiputados y establecer reglas más estrictas de control financiero sobre los montos asignados para gastos extras que reciben. De hecho, Eva Kaili fue una de las que votó en contra de rendir cuenta de estos gastos porque “le parecía una falta de confianza”.
Así, la presidenta del Parlamento Europeo anunció un paquete de reformas que deberá estar listo a fines de año y que contempla, entre otras medidas, la prohibición de acceso de los grupos de amistades no oficiales; revisión de las reglas del código de conducta y de la interacción con terceros países.
¿Y cómo anda la probidad y la ética en el parlamento chileno?
Hace unos años dos exparlamentarios fueron condenados – en la primera sentencia dictada por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas – por solicitar beneficios económicos para favorecer los intereses de la empresa Corpesca S.A., la cual literalmente se instaló en el Congreso mediante empleados de la misma como aparentes asesores, convirtiéndose así los excongresistas en emisarios y representantes de Corpesca y reportando a esta sus intervenciones y votaciones en la Ley de Pesca que se tramitaba entonces.
Esto marcó un hito pues fue la primera vez que se sancionó con una pena privativa de libertad efectiva a un ex senador de la República por el delito de cohecho.
En ambos casos – en la investigación de la Eurocámara y en el caso Corpesca – los sobornos que reciben los funcionarios públicos para actuar en interés de quien les paga, no solo constituyen una falta a la ética y a la probidad parlamentaria, sino que permiten que se capture al Estado – una especie de “apropiación de la cosa pública” – con los riesgos que produce la convivencia entre el aparato público y los intereses de grupos económicos poderosos.
Por otra parte, los comportamientos de nuestros diputados – tales como los insultos dentro del hemiciclo, los discursos de odio, las inasistencias injustificadas y el uso de tarjetas de bencina con fondos fiscales por familiares de estos – oscurecen más el panorama. Lo anterior, se agrava con las bajas sanciones que se pueden aplicar, y la conformación de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, pues está presidida e integrada por otros diputados y no por personas externas a la Corporación, lo que no garantiza la independencia e imparcialidad para conocer y resolver los procedimientos disciplinarios parlamentarios.
Es decir, la misma situación de opacidad que se vive en el Parlamento Europeo y que no permite despejar el camino hacia un mejor ejercicio de la función pública.
Estas conductas aumentan la desconfianza ciudadana en las instituciones. El Congreso según las encuestas , se mantiene desde hace tiempo a la baja, lo que, unido a la percepción de una cultura de impunidad, resquebraja seriamente las bases del Estado de Derecho. Se desconfía, entonces, de la democracia como forma de gobierno facilitando el surgimiento de populismos y autoritarismos.
El nuevo proceso constituyente que iniciamos por segunda vez en Chile – donde los parlamentarios estarán más expuestos al escrutinio público – podría ser una oportunidad de volver a conectar con la ciudadanía y que, a través de la transparencia, la ética, la probidad, la rendición de cuentas y los canales efectivos de participación y denuncia, no se siga anidando la desconfianza en la política e instituciones, pues son las herramientas que previenen, detectan y controlan la corrupción y que permiten que las democracias sobrevivan.
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M. Soledad Alonso Baeza.
Abogada de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC. Consultora de cumplimiento normativo y gobiernos corporativos en RAM Abogados. Docente en diplomados de varias universidades.
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