El megaoperativo desplegado esta semana por la Fiscalía y la Policia de Investigaciones (PDI) contra el Tren de Aragua, que incluyó a un ejecutivo bancario entre los involucrados, volvió a instalar una pregunta incómoda para el sistema financiero: ¿está la regulación haciendo lo suficiente para prevenir que el mal comportamiento individual termine contaminando a las instituciones?
La evidencia sugiere que el problema no está en la ausencia de normas. Chile cuenta con un marco regulatorio robusto, una supervisión transversal de la gestión de riesgos, organismos coordinados y herramientas específicas para la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. En términos de diseño, la regulación existe y es comparable con estándares internacionales.
El verdadero desafío hoy es otro: la brecha entre lo que la regulación exige y la capacidad real con que esas exigencias se ejecutan en la práctica.
Ningún marco normativo, por sólido que sea, elimina por completo el riesgo de que una persona decida actuar al margen de las reglas. Ese riesgo conductual es inherente a cualquier organización y, por definición, difícil de anticipar. Pero su impacto no depende solo de la norma, sino de cómo se implementan los controles, con qué foco se priorizan las alertas y con qué respaldo cuentan quienes deben escalar decisiones complejas o incómodas.
Dos datos ayudan a dimensionar el problema. En Chile, pese a los sucesivos ajustes normativos, la tasa de fraude sigue siendo tres veces mayor que antes de las modificaciones a la Ley de Fraudes de 2020 y más de seis veces superior al promedio de la Unión Europea, según cifras de la Asociación de Bancos.
A nivel global, las multas regulatorias a instituciones financieras por fallas de cumplimiento y conducta alcanzaron un récord de US$19.300 millones en 2024. En la mayoría de esos casos, las sanciones no se originaron en la inexistencia de controles, sino en fallas de ejecución: alertas desatendidas, procesos que existían formalmente pero no operaban con la profundidad necesaria, o una supervisión insuficiente desde la alta dirección.
Frente a estos episodios, la reacción natural suele ser proponer más regulación: nuevas exigencias, más reportes, mayor fiscalización. Esa respuesta es comprensible, pero tiene un límite evidente. Una regulación más extensa no garantiza una mayor efectividad si las instituciones no cuentan con las capacidades, los recursos y los incentivos adecuados para ejecutarla de forma consistente y oportuna.
La experiencia muestra que los sistemas financieros que funcionan adecuadamente no son necesariamente los que acumulan más normas, sino aquellos donde existe una cultura organizacional que respalda el cumplimiento real, no solo formal. Esto implica liderazgo desde la alta dirección, claridad en las prioridades, equipos con la preparación y los recursos necesarios, y una disposición efectiva a actuar frente a señales tempranas de riesgo, incluso cuando hacerlo genera costos o tensiones internas.
En ese sentido, la gestión del riesgo conductual no puede ser tratada como un subproducto del cumplimiento regulatorio. Debe ser una conversación central en directorios y altas gerencias, porque es allí donde se definen los incentivos, se asignan los recursos y se establece el tono ético de la organización. Ningún regulador puede sustituir ese rol desde fuera.
El sistema financiero chileno tiene las condiciones para seguir siendo una referencia en la región. Preservarlas no depende de sumar nuevas normas, sino de cerrar la brecha entre lo que el marco regulatorio exige y la capacidad real con que las instituciones lo ejecutan. Ese es, hoy, el desafío más relevante.
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Informalidad: Una fragilidad de largo plazo. Por Carolina Godoy.https://t.co/Tiqpgz6PEA
— Ex-Ante (@exantecl) June 5, 2026
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