Uno de los principales ejes del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que hoy está en el Congreso es el tributario. Así, Chile discute cambios tan relevantes como la reducción gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, la reintegración del sistema de renta, la creación de un estatuto de invariabilidad tributaria para proyectos desde US$50 millones y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles, entre otra serie de medidas que apuntan a la reactivación y a un repunte en la inversión.
Es definitivamente un cambio de 180 grados respecto de las propuestas tributarias del gobierno anterior. Una bocanada de aire fresco para los inversionistas, sin duda, respecto de las propuestas anteriores que sofocaron los ánimos de invertir con una amenaza constante de alzas de impuestos y de cambios de las reglas del juego.
Para entender lo que se juega en una discusión como esta cobra relevancia hacer una revisión a los procesos que se han llevado a cabo en las últimas décadas.
Desde 1990 hasta comienzos de los 2000, Chile implementó dos grandes ciclos de reformas tributarias, ambas relevantes en su contexto histórico, especialmente aquellas orientadas a modernizar el cumplimiento mediante la digitalización. Una de ellas es la implementación de la factura electrónica, que marcó un hito, posicionando a Chile entre los países más avanzados de la región, con estándares comparables a las administraciones tributarias líderes a nivel mundial.
En las primeras décadas predominó una mirada más pragmática, enfocada en financiar políticas sociales, resguardar el crecimiento económico y mantener un sistema relativamente simple. Ese equilibrio se rompió con la reforma de 2014, cuando el foco pasó a la recaudación con fines redistributivos, afectando la neutralidad del sistema y su impacto económico.
Se sabía cuáles eran los efectos que podrían generarse en la inversión y la economía, pero se consideraba una consecuencia aceptable en pos de mayor recaudación a corto plazo a costa de “los ricos”. Este énfasis creo que explica por qué la recaudación efectiva quedó por debajo de las proyecciones originales que respaldaban varias de sus medidas.
Luego, la reforma de 2020 retomó una lógica más técnica y modernizadora, y puso el foco en devolver la certeza jurídica a los contribuyentes, lo que sin duda fue un giro positivo. Pero su proyecto inicial perdió elementos clave durante la tramitación, en particular el intento de reintegrar el sistema y se incorporaron medidas recaudatorias que no eran compatibles con el espíritu del proyecto.
Ahora bien, un aspecto constante en todas las propuestas de reformas de los últimos años es su presentación como compatible con equidad, crecimiento y simplificación. Es casi un ritual: si uno revisa los mensajes presidenciales con los que ingresaron al Congreso, todos proclaman esos mismos tres objetivos.
Por eso, el desafío no ha estado tanto en el diagnóstico, sino en lograr que estos tres ejes convivan efectivamente en la práctica.
La reforma de 2014 es la más relevante, aunque por razones más bien negativas. De carácter estructural, marcó un quiebre en la lógica histórica del sistema tributario chileno, inaugurando un ciclo de alta complejidad normativa y mayor incertidumbre regulatoria. Si bien incorporó avances como la actualización de normas de tributación internacional y el fortalecimiento de herramientas antielusión, su balance generó costos de largo plazo en complejidad, cumplimiento y certeza para la inversión, principalmente por la polarización política del período, que favoreció la primacía de consignas ideológicas por sobre criterios técnicos como la neutralidad, la simplicidad y la certeza jurídica.
Las reformas previas son las que cumplieron mejor sus metas de recaudación en un contexto de crecimiento y reglas estables. En contraste, la de 2014 no alcanzó los niveles esperados, evidenciando que mayores tasas y densidad normativa no garantizan mayor recaudación, especialmente cuando aumentan los costos de cumplimiento y la litigiosidad. Es una lección que ya debiéramos haber aprendido.
Al visualizar el contexto global, las reformas que han priorizado estabilidad, simplicidad y modernización tecnológica han sido las más compatibles con la inversión y el crecimiento. Por el contrario, la complejidad y la incertidumbre introducidas desde 2014 han incidido negativamente en las decisiones de inversión, tanto local como extranjera.
En tanto, si hablamos de cumplimiento y control tributario, los principales avances han provenido de la digitalización del SII, la factura electrónica y la incorporación del IVA a los servicios digitales, probablemente los mayores logros del país en el ámbito tributario en las últimas décadas.
Hoy, el sistema tributario chileno es más justo y eficiente que en 1990, pero este progreso no necesariamente responde a la serie de reformas que se han implementado, sino a la innovación tecnológica en la administración y la economía digital.
El desafío, es despolitizar la discusión tributaria y avanzar hacia su estabilización, recuperando principios como la neutralidad, la simplicidad y la certeza jurídica. El Proyecto de Ley de Reconstrucción propone ese cambio de timón, que resulta fundamental para promover la inversión y el crecimiento de largo plazo.
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Pymes y mercado de capitales: la escalera que Chile puede construir. Por Nicole Winkler.https://t.co/uAnBiSMSNs
— Ex-Ante (@exantecl) May 5, 2026
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