La investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, cometido en febrero de 2024 en Santiago, estableció que detrás del crimen estuvo la dictadura de Nicolás Maduro, y que Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, lo encargó directamente.
La Tercera informó el sábado 15 que la Fiscalía y la PDI sospechan que el coronel Alexander Granko Arteaga, conocido como “el carnicero de Maduro”, estuvo en Chile en febrero de 2024 para comandar el crimen de Ojeda. En enero pasado, Granko fue condecorado en Caracas.
El 10 de febrero, The New York Times publicó un reportaje del cual Ex-Ante entregó una amplia versión el miércoles 12, titulado “El gobierno de Nicolás Maduro es acusado de una nueva y sombría táctica”, firmado por los periodistas Jack Nicas, Pascale Bonnefoy y John Bartlett. Allí se daba cuenta de que los documentos judiciales certifican la planificación que tuvo el asesinato y los mensajes telefónicos entre un jefe del Tren de Aragua y el jefe de la banda en Chile en los que se indicaba el pago de una gran suma de dinero por secuestrar y matar a Ojeda.
Incluso, se ha llegado a establecer el modo en que los criminales obtuvieron uniformes, armas y vehículos para hacerse pasar por efectivos de la PDI.
El reportaje del NYT aportó un antecedente de enorme trascendencia: “Los investigadores chilenos creen que agentes de contraespionaje venezolano trabajaron desde la embajada de Venezuela en Santiago, según un funcionario de alto rango cercano a la investigación, quien habló bajo condición de anonimato para discutir conclusiones que aún no se han hecho públicas”.
Esto obliga a concentrar la atención en el embajador Arévalo Méndez, quien fue embajador de Venezuela en Chile desde 2013, y que cumplía esa función en el momento del crimen. Se trata de un militar que gozó de la máxima confianza de Hugo Chávez, a quien conoció cuando ambos eran cadetes en la Academia Militar. Alcanzó el grado de General de Brigada y es licenciado en Ciencias y Artes Militares.
Mientras permaneció en Chile, Méndez mantuvo estrechas relaciones con el PC y otros grupos que, en distintas épocas, han recibido generoso apoyo de las dictaduras venezolana y cubana. Con él a la cabeza, la embajada funcionó, efectivamente, como centro de operaciones políticas del chavismo en nuestro territorio.
Existe en Chile una red de fieles amigos de la dictadura venezolana, dispuestos a defenderla por encima de cualquier consideración. Uno de los más notorios, el exsenador Alejandro Navarro, candidato a gobernador del oficialismo en octubre pasado en la región del Biobío, llegó a declararse “soldado de Maduro”. Son conocidos también Esteban Silva y Esteban Maturana, que ni se arrugaron para viajar a Venezuela como veedores de confianza en la elección presidencial de julio pasado, y reconocer luego el “triunfo” de Maduro.
Los nexos más fuertes del régimen son los que mantiene con el PC desde los tiempos de Chávez. Los dirigentes comunistas expresan hacia la dictadura chavista una lealtad solo comparable con la que profesan hacia el régimen cubano, la dictadura-madre. Ello quedó de manifiesto con el inmediato rechazo del dirigente Juan Andrés Lagos a las primeras sospechas sobre la participación de la dictadura de Caracas en el crimen de Ojeda.
Cuando la fiscalía aportó evidencias que apuntaban en esa dirección, Carmona, Jadue y el resto del grupo dirigente buscaron desacreditar la investigación. Es evidente que ellos no necesitan saber lo que ocurrió: ya eligieron. Y eso se explica por la decisión de proteger los secretos que comparten con el régimen de Maduro. Temen que, en algún momento, salgan a la luz las peores verdades.
La certeza de que los asesinos de Ojeda cumplieron una misión de la camarilla mafiosa que gobierna en Venezuela plantea una pregunta inevitable: ¿Actuaron antes en Chile sus “soldados”? ¿Hubo otras misiones que violaron igualmente la soberanía chilena? No queda sino sumar 2 más 2.
En febrero de 2024, Diosdado Cabello declaró a la TV venezolana: “Cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela, estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”. Allí está la confesión: “cualquier cosa de nosotros en Chile”.
Con el pretexto de una falsa invasión, el régimen de Maduro atacó por la espalda a nuestro país en octubre de 2019. En aquellos días, María Corina Machado no tuvo dudas sobre el origen de lo que ocurría: “Cerebro cubano, músculo venezolano”, dijo entonces.
Hace 5 años, cuando se mencionaba la posible intervención venezolana en nuestras desgracias, abundaban los gestos de incredulidad y escepticismo.
Algunos comentaristas pontificaban entonces sobre la necesidad de no ceder ante la teoría de la conspiración. Fue el momento del apogeo de la interpretación biempensante de la barbarie (“el despertar de Chile en favor de la igualdad”), voceada por los partidos que están gobernando con Boric.
Hoy se entiende mejor que la devastación de 2019 no se explica “socialmente”, ni tampoco como efecto de la acción espontánea de manifestantes irritados. Fueron necesarios muchos recursos para contratar a miles de “combatientes” dispuestos a robar, quemar y destruir en la escala que vimos. Fue necesaria una conducción estratégica para atacar el Metro de Santiago, la columna vertebral de la capital.
También para golpear salvajemente a Carabineros y buscar su desarticulación y desmoronamiento. Solo queda sacar una conclusión elemental: ¡hubo otro Estado detrás del ataque a mansalva a nuestro país! El objetivo fue provocar el caos, derrocar al gobierno constitucional y hundir a Chile por muchos años.
Es hora de encarar los hechos. Todos los partidos que se definen como democráticos tienen la obligación de no seguir dándose falsas explicaciones sobre el 2019.
¿Cuánto han conseguido investigar los organismos de inteligencia de las FF.AA. respecto de lo ocurrido entonces? ¿Saben ahora algo más sobre las andanzas de los agentes venezolanos y cubanos en Chile?
¿Sigue siendo nuestro país tan vulnerable como hace 5 años?
Necesitamos saberlo todo y derivar las lecciones correspondientes. Es la condición del reforzamiento de la seguridad nacional y la defensa del orden democrático.
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