En días recientes nos hemos enterado de los problemas que encuentran para su aprobación un datacenter en la Región Metropolitana (no es el primero) y un proyecto eléctrico no convencional en Tal Tal. Son los últimos de una larga lista que más vale la pena no recordar. Además, nos hemos enterado de una inversión de US$4.600 millones que la matriz de COPEC desarrollará en Brasil, siguiendo los pasos de CMPC que anunció una inversión de monto similar en ese país en abril último.
No es difícil imaginarse que estas empresas pueden dejar de ser chilenas en un futuro no demasiado lejano. El sector forestal solía ser uno de los que formaba parte de nuestra vanguardia exportadora que nos permitía reducir la concentración en las mineras, pero parece muy probable que el proyecto MAPA de COPEC, concluido a comienzos de 2024, haya sido la última gran inversión que se realice en un sector ahora estancado. La salmonicultura es otro sector estrella de nuestra estructura exportadora que enfrenta problemas sistemáticos para desarrollar su actividad y que se encuentra paralizado por el no otorgamiento de los permisos para su funcionamiento.
Estos ejemplos son la cara visible del descontrol de la “permisología” que se ha traducido en la virtual duplicación de los plazos de aprobación de proyectos de inversión en Chile en la última década, con un efecto evidente en los costos que reduce la competitividad de los proyectos y, en definitiva, de la economía chilena. El proyecto sobre el tema actualmente en discusión en el Congreso pretende corregir algunos de estos problemas pero, seguramente, será en el mejor de los casos una solución parcial. El espacio para la discrecionalidad y la judicialización, como confirman los últimos casos conocidos, seguirá existiendo y sectores como el de la salmonicultura continuarán castigados. Incluso sectores que son declarados como prioritarios, como el del hidrógeno verde, han experimentado problemas con las autorizaciones y otro, el litio, en lo esencial, quedó bajo el control estatal.
Pero los costos de desarrollar proyectos no se incrementan solo por el incurrido en tiempo y recursos de los permisos o eventos imprevistos, como descubrimientos arqueológicos, sino que también por infraestructura insuficiente o que no se puede utilizar plenamente por otro tipo de situaciones como la inseguridad. El deterioro en la calidad de la legislación eléctrica y la propuesta de cambio en las reglas del juego para financiar un subsidio a los usuarios forman parte del mismo problema, que se acentúa por las demoras reiteradas en la construcción de la línea de transmisión de Kimal-Lo Aguirre que permitiría hacer llevar la energía generada en el norte al centro del país.
Todo esto y más es lo que se esconde tras los números que el Banco Central se encarga de mostrarnos año tras año sobre la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Si bien las proyecciones de crecimiento tendencial que se publicaron en el IPOM de septiembre no difieren significativamente de las entregadas en 2023, provocaron el mismo revuelo que ya está desapareciendo bajo las urgencias y el escándalo de cada día o ante la certeza de que poco y nada se va a hacer para cambiar este destino ingrato. El ministro de Hacienda, intentando dar una mirada optimista al problema, señaló que estas proyecciones del futuro reflejan el pasado, que puede ser modificado por las acciones del presente.
Es cierto lo que dice Marcel, el problema es que el balance de lo que se ha hecho y, probablemente, lo que se haga en el futuro próximo difícilmente modificarán el menguado crecimiento potencial previsto para la próxima década y, por el contrario, se podría argumentar que, más bien, la tendencia será en la dirección opuesta.
Específicamente, el Banco Central proyecta un crecimiento del PIB tendencial de 1,8% anual entre 2025 y 2034. Un supuesto esencial en esta proyección es que la Productividad Total de Factores (PTF) crecerá 0,35% anual. Sin embargo, la evidencia, por ejemplo, de CLAPES, muestra que la PTF ha bajado en los últimos diez trimestres de forma consecutiva y que su nivel absoluto se encuentra en el mismo valor o por debajo de aquel existente en marzo de 2010.
No es el propósito de esta columna especular sobre las causas de este anómalo fenómeno, pero es evidente que el supuesto de Banco Central luce como muy generoso considerando la evidencia histórica reciente. Si en vez de crecer 0,35% anual la PTF se mantuviera estancada, supuesto también optimista a la luz de la evidencia, el crecimiento tendencial de 2025-34 sería de sólo 1,45% anual. Es decir, aún peor a lo señalado por el Banco Central.
Este análisis no pretende solo resaltar lo preocupante de las perspectivas futuras de Chile que se desprenden de las misérrimas perspectivas de crecimiento para la próxima década, sino dar un sentido de urgencia a la necesidad de llevar a cabo un conjunto de reformas que permitan instaurar un proyecto de crecimiento a mediano plazo que eleve esta expansión tendencial del PIB a 3,5% o 4% en un plazo razonable. Hacerlo es posible, pero requiere un acuerdo amplio y, como pre requisito, una modificación profunda y urgente del sistema político y de otros pilares del marco institucional que no funcionan o lo hacen malamente ¿Será posible antes que sea demasiado tarde?
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