Alfredo Echavarría y suspensión de proyecto de Colbún por permisología: “Una más de las muy malas noticias que hemos tenido”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarria, advierte sobre los problemas de permisología que frenan inversiones clave en Chile y urge a tomar medidas para reactivar el sector inmobiliario y generar empleo. “El puerto Chancay en Perú lo construyeron en en 7 años, mientras acá llevamos 10 años tratando de partir con una inversión en el Puerto San Antonio, y faltan 10 años más para que pueda materializarse”, dice.

-¿Qué opinas de la suspensión del proyecto de Colbún que se enfrenta a la permisología ambiental?

– Es una más de las muy malas noticias que hemos tenido en el último tiempo relativas a tramitación, aprobación o rechazo de proyectos. Es una mala señal para los inversionistas extranjeros. Aunque nuestro país sigue siendo atractivo para las inversiones por la estabilidad macroeconómica, tras haber superado los dos procesos constitucionales, aún tenemos problemas, como la permisología, que complican el panorama. Además, empresas chilenas que deciden irse a otro país a invertir generan más ruido a los inversionistas extranjeros.

– El mismo día de esta suspensión, hubo un anuncio de una inversión por US$4.600 millones de Arauco en Brasil. Ellos señalan que les tomó tres años obtener los permisos allá, mientras que en Chile podría haber tardado más de 10 años.

-Claramente hay un problema que también se da en el caso del puerto Chancay en Perú, que en siete años lo construyeron, mientras que acá llevamos 10 años tratando de partir con una inversión en el Puerto San Antonio, y faltan 10 años más para que pueda materializarse, si es que empieza a caminar. Todo esto ahuyenta la inversión. Chile sigue siendo un país que presenta condiciones para atraer inversión, pero estamos poniéndonos “palitos en la rueda” que terminan ahuyentando la inversión. El problema de fondo es que, si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo, y hay menos impuestos que se pueden recaudar para satisfacer todas las necesidades sociales.

-Usted advertía que hay varios permisos de vivienda que vencerán y por el otro hay un stock de viviendas sin vender.

–Sí, y se da una situación en la que tenemos la llave para una reactivación inmediata. Hay 105.000 viviendas que están terminadas o a punto de terminarse, pero con una velocidad de venta bajísima debido a la situación económica actual. Las personas que podrían obtener un crédito no están siendo sujetos de crédito debido a las condiciones financieras: el costo de vida y la inflación han subido mucho más allá de los salarios, y no tienen las condiciones para acceder a un crédito.

– Esto está provocando una desaceleración de las ventas a niveles que no veíamos hace muchos años.

–Exactamente. Tenemos un stock de 105.000 viviendas, de las cuales 75.000 son de menos de 4.000 UF. No estamos hablando de viviendas de lujo, sino todo lo contrario. El 75% de ese stock está listo para ser habitado de inmediato si hubiera gente que pudiera acceder a esos créditos, lo que ayudaría a reducir el déficit habitacional. Pero al no venderse, las inmobiliarias que invirtieron en esto no pueden recuperar su inversión para empezar con nuevos proyectos.

– ¿Cómo se puede enfrentar esta situación para reactivar el sector?

– Primero, de los permisos que mencionábamos muchos están por vencer. Si vencen y no se prorrogan, que es lo que estamos solicitando, volverán a caer en el proceso de permisología, lo que probablemente significará que no se podrá construirse de inmediato. Eso no sería tan grave si hubiera alguna medida para reactivar la demanda de lo que ya está disponible. Pero no es así.  Si logramos reactivar estas ventas, podríamos iniciar trabajos de inmediato con estas viviendas que tienen permisos aprobados.

-Eso impactaría directamente en el empleo y la economía.

–Exactamente. Son proyectos que afectarían instantáneamente el desempleo y la reactivación del sector. Esto llevaría al crecimiento del país, a mayores impuestos y recaudaciones, gracias a la ejecución de obra y las inversiones. Por eso estamos proponiendo medidas que ayuden a la demanda, no solo a las constructoras. Hemos propuesto al Ministro Mario Marcel, junto con la Asociación de Bancos, un mecanismo para que la tasa de interés baje unos dos puntos. Eso bajaría los dividendos del orden de 15 a 17%, lo que permitiría a mucha gente que está en el límite de acceder al financiamiento, finalmente pudiera acceder a él.

-¿Y el financiamiento para este incentivo o subsidio de dónde se sacaría?

–Hay distintos mecanismos, y eso es lo que estamos viendo y analizando con Hacienda. No es una inversión que deba ponerse inmediatamente; se va desembolsando a medida que se va pagando el crédito. Estamos hablando de una cifra del orden de US$570 millones para una venta del orden de US$15.000 millones.

-Después del boom de los años 2000, el precio de la vivienda aumentó exponencialmente. ¿No debería haber un ajuste de los precios a la baja?

–El alza de precios no obedece a decisiones arbitrarias de las inmobiliarias. Los precios subieron por factores específicos, como el costo del suelo, que ha aumentado significativamente debido a regulaciones y la falta de actualizaciones en los planes reguladores. Además, los materiales de construcción, que aumentaron tras la pandemia, no han bajado a niveles previos.

-¿Cómo evalúa el programa de emergencia habitacional del gobierno? ¿Se cumplirá la meta de vivienda de emergencia?

–Creemos que será difícil cumplir con la meta establecida. Probablemente falten unas 20.000 a 30.000 viviendas para llegar a la cifra que se esperaba.

– Pensando en el presupuesto de 2025, ¿qué debería incluir en materia de infraestructura y vivienda?

–Es clave que los presupuestos de Obras Públicas y Vivienda se mantengan, este año hubo un incremento del 9% real, sobre todo porque el sector privado no parece bien aspectado para el próximo año. La inversión pública debe tener un efecto contracíclico para evitar más desempleo.

-Y en cuanto a las concesiones, ¿crees que es necesario un impulso mayor por parte del gobierno?

–El impulso que se está dando a las concesiones es positivo. Hay varias licitaciones en curso, y creemos que es el camino a seguir. Sin embargo, esos proyectos tienen un impacto a largo plazo. Lo que necesitamos es mantener la inversión pública directa.

– En cuanto al sector laboral, ¿cómo ha impactado la reforma laboral y las 40 horas?

– Han incrementado los costos laborales, pero lo más preocupante son las señales que envían a los inversionistas. Si hay incertidumbre, la inversión se frena. Aunque estos costos no son la causa principal de los problemas del sector, sin duda afectan.

-¿Cuáles son los cambios que pretende en su gestión como presidente de la CCHC en los próximos dos años?

– Primero, la reactivación del sector en el corto plazo. Estamos en una crisis muy profunda, pero creemos que hay medidas que pueden generar un impacto inmediato. En segundo lugar, necesitamos volver a crecer a tasas razonables para resolver los problemas del país. Y, por último, debemos atender la situación de nuestros trabajadores, ya que enfrentamos una tasa de cesantía muy alta.

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