El IMACEC del mes de julio, más alto de lo esperado, precipitó celebraciones en el gobierno. Sin embargo, no había mucho que festejar. Los datos mostraban que el alza estaba apalancada por el adelanto de las vacaciones invierno, a junio. El promedio, entre ambos meses, arrojó un resultado algo superior al 2%, lo que confirma que nuestro país crece entre un 2% y un 2,5%, cifra más cercana a las desalentadoras noticias que, con horas de diferencia, nos traería el Banco Central con el IPOM.
El Banco Central puso la pelota al piso, descartando que durante 2024 la economía chilena pudiera sumar un crecimiento de 3%, reduciéndolo a un rango entre 2,25% y 2,75%, arrojando un preocupante promedio de 2,5%. A ello se sumó una proyección de crecimiento entre 1,5% y 2,5% para 2025 y lo mismo para el año 2026. Por su parte, la capacidad de crecimiento de nuestra economía, a 10 años, se redujo a un 1,8%.
Estas cifras, sombrías, revelan nuestro estancamiento. No levantamos cabeza, tras años muy complejos, y luego del paupérrimo crecimiento de 0,2% del año anterior. Estamos empantanados entre la mediocridad y la decadencia.
La clase política, no obstante, parece ajena al tema o le hace el quite. En este gobierno, hasta antes del rechazo al proyecto constitucional del año 2022, de crecimiento no se hablaba y, en tanto objetivo, estaba prácticamente ausente del programa para gobernar. Sus máximas autoridades, incluido el presidente de la República y el ministro de Hacienda, apoyaron el proyecto de la Convención Constitucional que, presidida por Loncón y Bassa, promovía el ecologismo radical y el decrecimiento. Tras el rechazo, y la insistencia de actores del mundo público y privado, crearon una comisión ministerial procrecimiento, pero de la que se ha sabido poco y nada en términos de sus avances, propuestas y agenda.
La política evade su responsabilidad porque ha contribuido a crear el problema. La caída sostenida en la inversión en los últimos años se ha visto muy influida por los altos niveles de incertidumbre que han afectado a nuestro país. Y en ello la política tuvo un rol protagónico. El violento estallido de octubre de 2019, que se extendió por todo el país y que fue avalado por muchos políticos condescendientes, y los dos procesos constitucionales, constituyeron un cóctel autoinfligido de alta y prolongada incertidumbre. Como la predictibilidad es un factor clave para la atracción de inversión y de recursos a la economía, no es de extrañar que el generar altos y profundos niveles de incertidumbre tuviera estos efectos. No podía salirnos gratis.
La incerteza operó, además, como un balde de agua fría que cayó sobre una economía resentida según dan cuentas las magras y lamentables tasas de crecimiento que tuvo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Durante dicha administración, que contó con mayorías en ambas cámaras, se promovieron cambios estructurales al sistema político-electoral para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados, a la educación que, en boca del ministro Eyzaguirre, tuvieron por finalidad bajar de los patines a los más meritorios, igualando hacia abajo, y se dificultó la creación de proyectos educativos que emergen de la mano de la sociedad civil. En materia laboral y tributaria, se aprobaron profundas reformas estructurales, y la migración irregular se descontroló a vista y paciencia de las autoridades.
Pero la política prefiere mirar para el lado y no hacerse cargo de sus malas decisiones.
Sin embargo, desentenderse de los errores puede ser aun más grave. Hacer oídos sordos respecto a cómo el escaso crecimiento repercute todos los días en los bolsillos de los chilenos y en las expectativas que padres, madres, abuelos y cuidadores poseen para el futuro de sus hijos, y que verán frustradas, es faltar al deber que les cabe a las autoridades de servir a las personas. Preferir adjudicar el malestar a razones más etéreas, opinables y con escasa base en la evidencia, que es el camino que han tomado a partir de un cuestionado informe emitido recientemente por el PNUD, encargado por el propio gobierno, les parece tanto mejor.
Es hora de decir basta. La falta de crecimiento es una tragedia, una verdadera emergencia como diría David Bravo (respecto del mercado laboral). Es condenar a lo más pobres a una cadena perpetua de pobreza y a la clase media a regresar a la vulnerabilidad. Además, es caldo de cultivo para los conflictos sociales y para el populismo, poniendo en severo riesgo la gobernabilidad.
Habiendo tanto por hacer en Chile en términos de infraestructura, vivienda, de calidad de la educación y de capacitación útil a nuestros trabajadores, no crecer es simplemente inmoral, pues buena parte de esos pendientes, que por lo demás son urgentes, quedan sin hacer habiendo espacio para realizarlos.
Que nadie se esté tomando esta emergencia en serio es otra tragedia. ¿Acaso usted ve correr a los ministros y políticos en pos de este objetivo, sin descanso, como si su sueldo a fin de mes dependiera de ello? (bueno, el nuestro si depende de ello).
Lamentablemente es al revés. Ante esta emergencia desoladora, de falta de oportunidades actuales y futuras, el gobierno define que sus prioridades estarán en la condonación del CAE y en la eutanasia. Al mismo tiempo, empujará un proyecto de ley para habilitar la negociación ramal y, a propósito de la iniciativa de subsidio eléctrico, nos avisa que cambiará las reglas del juego, así, sin más, generando una expropiación regulatoria a los pequeños medios de generación distribuida.
La ministra Vallejo ha señalado, a dos años del rechazo de la propuesta constitucional refundacional, que insistirán en no meter las demandas sociales que persisten en Chile debajo de la alfombra. Sin embargo, la definición de prioridades gubernamentales indica que los primeros en barrer bajo la alfombra son ellos.
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