Lo nuevo. Los equipos de los ministerios de Justicia y Seguridad trabajan a contrarreloj en una batería de propuestas para fortalecer el sistema de reclusión en las cárceles de máxima seguridad, apuntando a la segregación de los reos de mayor peligrosidad y al control de los recintos penitenciarios.
Celdas en solitario. El programa buscaría ubicar a los reos en celdas en solitario donde hagan parte importante de su vida diaria. Además de un colchón ignífugo —que retarda la propagación de llamas—, se contempla que los habitáculos de los internos tengan baños incorporados dentro del mismo espacio.
Horas de patio al mínimo. Otra medida relevante apunta a disminuir al mínimo las horas de patio, y que éstas se realicen en regímenes diferenciados.
Reos uniformados. Además se evalúa el uso obligatorio de uniformes azules y naranjos por parte de los reos. Estos overoles ya están siendo utilizados tanto en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago como en las cárceles de Antofagasta, Biobío y La Serena.
Visitas y teléfonos. Asimismo, se ha estudiado reducir al mínimo las visitas que reciben los internos en su periodo de condena y prohibir el ingreso de teléfonos, además de fiscalizar su uso. Junto con ello, se ha conversado la idea de instalar inhibidores de señal para evitar la realización de llamadas desde los penales.
El modelo italiano. El plan se inspira en el régimen 41-Bis de la Ley de Administración Penitenciaria de Italia —conocido como “carcere duro“—, que surgió en los ’80 y consiste, fundamentalmente, en una estricta supervisión de los prisioneros para que no planifiquen delitos fuera o dentro del recinto. En esos lugares caen personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, entre otros.
Factor DDHH. Aunque en Italia tiene un respaldo político transversal, el modelo carcelario ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional que, en 2003, lo calificó como “cruel y denigrante”. También ha recibido pronunciamientos negativos del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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