“Señor Presidente: Me refiero a su comunicación recibida el 20 de octubre de 2022, por medio de la cual la Asociación Gremial de Contratistas Forestales A.G. presenta una reclamación (…) en la que se alega la falta de cumplimiento, por parte de Gobierno de Chile, del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo”, dice la respuesta enviada este lunes por Corinne Vargha, directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT al presidente del gremio forestal, José Hidalgo.
En la carta, de 2 páginas, se detalla que, en marzo del próximo año, es decir dentro de 5 meses, la mesa del Consejo de Administración resolverá si se tramita el reclamo.
De acuerdo con éste, el Estado ha incumplido el convenio ratificado por Chile el 27 de abril de 2011, lo que ha redundado en que sólo en junio y julio de 2021 tuvieran pérdidas por $5.344 millones en 4 atentados incendiarios.
“Más de 11 años han transcurrido desde que el Estado de Chile ratificó el referido convenio, obligándose a implementar una Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y aún no ha cumplido”, dice el documento.
La asociación denunciante es la misma que el 19 de abril de este logró que la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenara a las autoridades del Biobío implementar un plan para entregar una “protección eficiente e integral” a las víctimas de violencia rural.
“Las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”, dice la resolución de la Tercera Sala, presidida por el ministro Sergio Muñoz.
La resolución anticipó la reunión sostenida el domingo 1 de mayo en Concepción entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sus pares de Transportes y Obras Públicas, más la delegada del Biobío Daniela Dresdner y los delegados provinciales, junto con con dirigentes de la Asociación de Contratistas Forestales y de la Federación de Trabajadores Forestales, dijeron conocedores de los diálogos.
En la reunión se planteó la posibilidad de modificar el proyecto de infraestructura crítica que permite a las Fuerzas Armadas resguardar carreteras sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional.
El Presidente Boric confirmó el 3 de mayo que exploraban la alternativa. “Estamos trabajando en estados intermedios para que no sea ‘estado de excepción o nada’ para que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras. Tenemos que discutirlo con el Parlamento”, dijo a Radio Cooperativa.
La resistencia de parte del oficialismo a respaldar un proyecto propuesto por parlamentarios de oposición influyó en que en 17 de mayo el Presidente declarara estado de emergencia, pero acotado al resguardo de carreteras y rutas principales. Se lo denominó “acotado”.
Actualmente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sondea entre parlamentarios el piso político para modificar el estado de emergencia vigente.
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