La Tercera Sala del máximo tribunal mandató a las autoridades del Biobío a implementar un plan para entregar una “protección eficiente e integral” a las víctimas de violencia rural. La resolución se originó en un recurso de protección interpuesto por la Asociación de Contratistas Forestales. Aunque la delegada presidencial sostuvo que el fallo se refiere al gobierno anterior, los autores del recurso dicen que permitirá presionar para reponer el estado de excepción si el plan propuesto es deficiente, e interponer acciones legales contra autoridades, tema que es analizado por el gobierno.
Qué observar: La delegación presidencial del Biobío y La Moneda analizaron este miércoles las implicancias del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que instruyó a las autoridades locales implementar “en un breve plazo”, y junto a los ministerios en Santiago, un plan para proteger a personas y grupos sociales de la violencia rural en las provincias de Arauco y el Biobío.
- Se trató de la conclusión judicial de una acción legal presentada durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero que tendrá efectos para la administración del Presidente Gabriel Boric, en uno de sus flancos: la mantención de la seguridad en la Macrozona Sur.
- Boric llegó a La Moneda el 11 de marzo confirmando que dejaría de renovar el estado de excepción constitucional de emergencia que había permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de las policías durante 6 meses.
- Asumió también promoviendo una política de diálogo que rápidamente tuvo un revés: el 15 de marzo la ministra del Interior, Izkia Siches, realizó una fallida visita a la localidad de Temucuicui, siendo expulsada a balazos.
- En las 5 semanas de gestión del nuevo gobierno la violencia ha continuado. Este miércoles se conoció la perpetración de al menos 4 nuevos ataques en la macrozona sur: la quema de 2 camiones y luego de un camión grúa en Curanilahue y luego el baleo a un retén en Quidico, Tirúa, Región del Biobío. En La Araucanía carabineros informó que encapuchados quemaron 5 cabañas y un camión en la ruta 181 que une Victoria y Curacautín.
El origen del fallo: La resolución de la Suprema tuvo su origen en un recurso de protección interpuesto en agosto por la Asociación de Contratistas Forestales acusando que la situación de violencia en 2 provincias de la VIII Región —Arauco y Biobío— había derivado en el quebrantamiento de 2 garantías constitucionales: su integridad física y psíquica, y el daño a su propiedad y la de sus trabajadores.
- “Desde el año 2014, en total, a la fecha se han catastrado más de 180 hechos de violencia contra los bienes y las personas que trabajan en alguna empresa contratista forestal o de transporte asociada a faena forestal”, dijeron en el recurso, donde cuantificaron sus pérdidas patrimoniales en $9.131 millones. La asociación contabilizó 354 atentados al 2022 en las 4 regiones de la macrozona: Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
- La Corte de Apelaciones de Concepción falló el 13 de octubre de 2021 en contra del recurso, afirmando que “las autoridades recurridas han realizado todas las acciones que de acuerdo a sus posibilidades y en el contexto en que acaecen los hechos, les corresponden dentro de sus facultades y obligaciones para hacer frente al conflicto”.
- Ese mismo día comenzó a regir el estado de emergencia decretado por el gobierno anterior en 2 provincias del Biobío y 2 de La Araucanía frente al alza de la violencia rural.
- La asociación de contratistas recurrió a la Suprema tras el revés judicial. Ésta realizó un análisis distinto y revocó parcialmente el fallo anterior. “Es posible advertir la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, tanto más cuanto que, más allá de la indudable necesidad de reparación o compensación en favor de aquellos que se han visto afectados con la ocurrencia de este tipo de hechos delictivos, lo cierto es que no puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar focalizado en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias”, consignó la Suprema en su resolución del martes 19, pero difundida este miércoles.
A qué obliga la resolución de la Suprema: “Las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”, dice la resolución de la Tercera Sala, presidida por el ministro Sergio Muñoz.
- El gerente de la asociación, René Muñoz, dijo a este medio que “con este instrumento queremos ser un poco más duros con las autoridades, porque creemos que el plan (que presenten) tiene que ser aplicable y con resultados medibles”.
- Detalló que “creemos que va a estar sobre la mesa el estado de excepción, porque es una herramienta que tiene constitucionalmente establecido el Estado para solucionar estos problemas de violencia, desorden y caos en la provincia (…). Vamos a evaluar las condiciones que se vayan dando, pero queda el escenario abierto para instalar acciones judiciales contra las autoridades que no estén cumpliendo con su deber, que es entregarnos la seguridad para poder trabajar, invertir y desplazarnos, cosa que hoy no ocurre sin el riesgo de que te disparen”.
- Pese a este escenario, dijo ser cauto sobre la respuesta que recibirá del gobierno, ya que en agosto de 2020 la asociación ganó, también en la Tercera Sala de la Suprema, un fallo similar pero respecto de La Araucanía que, según dijo, no generó mayores cambios en las políticas del Ejecutivo.
La respuesta del gobierno: El gobierno focalizó en el Biobío las vocerías sobre la resolución, aunque el tema fue seguido también por La Moneda.
- En un video difundido por la delegada presidencial Daniela Dresdner, procuró acotar el tema a la administración anterior. “Este es un recurso de 2021, bajo una administración distinta y bajo políticas de acercarse a este problema de manera distinta”, dijo. “Esto confirma que vamos por el camino correcto: haciendo buena coordinación con las policías, encargándonos de instalar el Estado de Derecho en toda la zona y haciéndonos cargo del diálogo”.
- Fuentes de gobierno afirmaron que, pese al origen de la acción judicial, sí podría abrir un flanco por la vía de presentación de acciones judiciales contra autoridades del Biobío o de Santiago. El texto explicita que el plan deberá realizarse “previa coordinación” con los ministerios respectivos.
- El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no respondió a las consultas de este medio.
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