Después de las incongruentes medidas tomadas por China durante la pandemia y el potente enfriamiento observado en su economía, Xi Jinping por fin recurrió a medidas extremas ante la urgencia de la situación.
En un sistema político carente de democracia, en los últimos diez días hemos visto robustas medidas dirigidas a incrementar la inversión y el consumo.
En primer lugar y con el fin de aumentar la liquidez en el mercado del crédito, el Banco Popular de China anunció rebajas en la tasa de reserva exigida a los bancos (En Chile tomamos la medida contraria el año pasado), así como importantes inyecciones de capital a los bancos estatales.
En segundo lugar y con el objeto de hacer más atractiva y viable la compra de inmuebles por parte de las personas, decretó una rebaja en la tasa de los créditos hipotecarios. En esta línea, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou levantaron las restricciones que limitan las compras de viviendas por persona. Otra medida de impulso a este sector radica en el apoyo por parte del gobierno central a los gobiernos locales para que conviertan casas sin vender en viviendas sociales.
En tercer lugar y con la intención de promover el consumo, se dictaminó una rebaja de la tasa a 7 días. ¿Será esto suficiente para motivar a los trabajadores a consumir y al capitalista a invertir? Sin duda son medidas a destiempo, no obstante, la señal y la dirección son correctos.
Si bien es difícil saber si la batería de medidas podrá impactar a una economía de 1,4 miles de millones de personas, el mercado reaccionó de forma favorable – al menos en el corto plazo – pero cauteloso, toda vez que somos conscientes de que alimentar y dominar a un Dragón es sustancialmente distinto que hacerlo con un Pudú.
¿Qué lecciones podemos sacar de la decisión del gigante asiático? Dado que somos un país democrático, pobre, pequeño, pero con una institucionalidad macrofinanciera sólida, las medidas a implementar son distintas. Éstas ya han sido en extenso evaluadas y propuestas, por ejemplo, el informe de la comisión Marfán o la propuesta tributaria procrecimiento de los distintos gremios empresariales, no obstante, la respuesta del ejecutivo ha sido de profusa retórica pero escasa sustancia.
Por ejemplo, con el fin de incentivar al capitalista a invertir, el ministro Grau ha estado trabajando por reducir los tiempos de “permisología”. Aquí el objetivo es que proyectos de mayor envergadura tengan una reducción de tiempos en trámites de un 30%, lo que en tiempos de inteligencia artificial es bastante modesto.
Además, los dos mayores obstáculos se encuentran en otros lugares. Por un lado, en el Ministerio de Medio Ambiente donde la tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de un estudio de impacto ambiental (EIA) alcanza los 943 días y las declaraciones de impacto ambiental (DIA) superan los 355 días (LYD, 2024). Y si bien, se ingresó un proyecto para mejorar la eficiencia y eficacia des SEIA, el proyecto no llega a los estándares españoles (4 meses) o brasileros (6 meses).
Mientras que, por otro lado, posterior al eterno proceso SEIA, proyectos aprobados por medio de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) comienzan la judicialización, lo que significa un perpetuo proceso en los tribunales medio ambientales y la corte suprema (667 días promedio).
Hoy Chile ya está a destiempo. Los sectores de construcción, actividades empresariales, comercio y agricultura generan 65% del dinamismo en los cambios de empleo y explican más del 50% de la creación de empleo (BCCh, 2019). Por tanto, las medidas más urgentes e importantes debiesen considerar el impulso del IMACEC no minero (que en agosto creció un triste 1,5% anual).
Quizá si este Pudú desea ser al menos un Dragón bebé, podría comenzar con ampliar el fast-track carcelario a todas las obras públicas e inversiones privadas en áreas estratégicas para el empleo. Un par de artículos transitorios a la ley 19.300 (Ley sobre bases generales del medio ambiente) que permitan unas exenciones temporales podría ser un buen comienzo…
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