El alza de las cuentas de luz es una realidad: ya rige la nueva ley que actualizó las tarifas eléctricas para clientes regulados y que aplican según el nivel de consumo y período. A estas alturas y consumados los hechos, es importante recoger la experiencia de todo el proceso para el futuro.
La teoría microeconómica de fijación de precios establece que si se fija un precio máximo (en este caso, un congelamiento establecido por contratos ante el alza inminente de las tarifas) por debajo del precio de equilibrio (precio ajustado), la cantidad ofrecida será menor que la cantidad demandada, y su efecto será que parte de la demanda quedará sin ser satisfecha. Pero, en este caso, la oferta (compañías generadoras) no se podía ajustar, teniendo que cubrir los costos de esa diferencia entre el precio fijado y el precio óptimo, y ante una demanda por energía prácticamente inelástica.
Por otro lado, la realidad post 18 de octubre de 2019 planteaba que cualquier aumento adicional en servicios básicos, implicaría un descontento social incontrolable. Considerar en ese mismo momento un aumento en las cuentas de luz, que correspondía por ley, parecía algo imposible de concretar. Eso generó un consenso político de establecer un mecanismo de congelamiento en las tarifas eléctricas para clientes regulados, básicamente los hogares, que se transformó en ley el 30 de octubre de 2019. El sistema así acumularía una bolsa entre dicho período y el 30 de junio de 2023, que no podía superar los 1.350 millones de dólares, y que luego se pagarían contra futuras alzas, recuperando así lo adeudado.
El costo financiero que significó para las generadoras llevó al sector a límites bastante críticos, sobre todo los actores más pequeños, teniendo que buscar financiamiento externo a estos saldos pendientes de cobro, una situación a todas luces inesperada para los dueños al evaluar la inversión en los proyectos de generación en operación. Más aún, considerando la posterior pandemia, que significó el agotamiento de la bolsa acumulada en dólares, se tuvo que extender el congelamiento tarifario, esta vez con ciertos costos y garantía del Estado.
Hoy, casi cinco años más tarde, el consenso entre los expertos en que el descongelamiento de tarifas era urgente y ante la nueva ley que actualizó las tarifas, nos hace reflexionar sobre la importancia de mantener las reglas claras en una industria competitiva, así como los efectos de medidas de política pública a corto plazo sin considerar posibles impactos estructurales, como el congelamiento que ha afectado a inversionistas que apostaron por proyectos y se adjudicaron contratos con distribuidoras.
Finalmente, la medida de corrección de esta política pública implementada en el pasado hoy afecta a todos los que se enteran de que el precio de la luz subirá de manera importante durante los próximos meses.
Los desafíos de corto y largo plazo que enfrenta el sector eléctrico son muy relevantes para el desarrollo y el posicionamiento de Chile como uno de los países líderes en la transición energética. Poder enfrentar estos desafíos con capacidad de acción y decisión, y bajo un marco normativo claro no sólo permitirá atraer a inversionistas interesados, sino también mantener una sana relación con la sociedad y evitar las dificultades que ahora tienen especialmente los hogares más vulnerables del país ante esta alza.
Alzas de cuentas de la luz: Las posibles complicaciones para las distribuidoras eléctricas. https://t.co/8FsboGbfR2
— Ex-Ante (@exantecl) July 14, 2024
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