-Respecto de los rayados, un informe del INDH afirmó que quitar beneficios estatales a los responsables de estos hechos implica una “criminalización de la expresión artística”. ¿Cuál es su postura?
-No me parece que el proyecto de ley pretenda criminalizar la expresión artística de nadie. Al respecto, es importante señalar que la libertad de expresión sea ella artística o política o de cualquier índole es un bien jurídico que hay que conservar, pero que al mismo tiempo debe respetar la protección del patrimonio. La libertad de expresión y la protección del patrimonio son ambos bienes jurídicos que no son opuestos y, por lo tanto, deben ser protegidos y el primero debe respetar al otro.
-El ministro de Seguridad Martín Arrau respondió que “el INDH vuelve a romantizar el vandalismo… El arte no da derecho a intervenir lo ajeno”. ¿Los grafitis son actos vandálicos?
-Los grafitis no son actos vandálicos, pero se transforman en actos vandálicos cuando atentan contra la propiedad pública o privada de monumentos, edificios y patrimonio en general sin que esté autorizada la ejecución de este grafiti. Los rayados en cambio si me parecen que son actos vandálicos pues no tienen algún objetivo artístico más que la promoción de consignas que no pueden estar autorizadas, dañando o destruyendo, bienes públicos o privados sean estos patrimoniales o no. Atentando gravemente el derecho de propiedad consagrado en la Constitución política del Estado.
-En Providencia se gastan 335 millones de pesos al año en borrar grafitis, pintar fachadas y mantener monumentos. ¿Usted rescataría algunos grafitis o piensa que todos debe ser eliminados?
-En esto hay que distinguir grafitis de rayados en primer lugar. En segundo lugar cuando el grafiti ha sido autorizado por el propietario del inmueble en el cual se va a expresar esa manifestación artística por supuesto que yo no los borraría por ningún motivo. Al contrario, creo que hay que celebrarlos.
Los rayados en cambio no tienen una expresión de tipo artístico que deba conservarse y habría que borrarlos permanentemente. Por supuesto que ese tipo de falta y daño a la propiedad privada, debería tener algún tipo de castigo o pena para evitar los costos que su eliminación implica en vez de destinarlos a obras de beneficio social para la comunidad.
-¿Cómo observa el cuidado del patrimonio en Chile? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué papel ha jugado el Colegio de Arquitectos?
-En cuanto a la protección del patrimonio en Chile, llevamos años intentando aprobar la nueva ley de patrimonio cultural que está en el Congreso. Desde hace varios años. Fue aprobada en marzo del año 2022 por la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado sin que haya avanzado. Esperamos que durante este gobierno y, con el liderazgo del subsecretario de cultura Emilio De la Cerda, esta ley pueda ser aprobada de una vez por todas.
En mi opinión, me parece que el Colegio de Arquitectos debiera tener un papel más activo respecto de la protección del patrimonio, que fue muy dañado y destruido desde el año 2019 al 2021, lo que pudo haber sido condenado por parte de nuestro colegio con más fuerza.
-¿Cuál es su opinión sobre el registro de incivilidades y vándalos, que incluye rayados, daños a monumentos y a fachadas? Algunos piensan que castigar a grafiteros con la eliminación de derechos sociales, previsionales, de educación gratuita, etc. es inconstitucional. ¿De qué manera pueden castigarse estas faltas que sin duda son percibidas de manera muy negativa para la opinión pública?
-Este es un tema muy delicado, porque el registro de vándalos puede estigmatizar acciones que no siempre son vandálicas. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que debe ser discutido con cuidado en el Congreso para no vulnerar derechos adquiridos ni derechos constitucionales. En resumen, es un tema delicado en el que no me gustaría opinar livianamente y espero, eso sí, que sea discutido profundamente en el Congreso.
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