El 16 de julio el Senado despachó la megarreforma por 26 votos contra 24 en los artículos más sensibles. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, salió minutos después a acusar un proyecto “profundamente ideológico y redactado a la medida de los superricos”, a denunciar que había pasado sin diálogo, y a confirmar el requerimiento al Tribunal Constitucional, ratificando la línea que seis presidentes de partido de oposición habían fijado el 9 de julio en la sede del PS.
Descartando la retórica de los superricos, que es a todas luces un discurso de trinchera para movilizar a la base, quedan dos elementos que sí ameritan atención, en tanto tienen ramificaciones que exceden por lejos el alcance del proyecto.
Lo primero es la idea de que la reforma pasó sin diálogo, que es simplemente incorrecto. La invariabilidad tributaria original de 25 años planos se transformó, tras la negociación de los senadores Celis, Carvajal y Araya del PPD con el ministro Quiroz, en un mecanismo escalonado de 10, 15 y 20 años según monto de inversión.
Los mismos senadores forzaron al Ejecutivo a retirar una indicación que bajaba el corporativo del 23% al 22%. El royalty minero se mantuvo íntegro, respetando la voluntad de la oposición, y se incorporó una sobretasa corporativa de 1.5% para quienes se acojan a la invariabilidad. La reforma que salió del Senado es diferente a la que entró. Que la mesa directiva del PPD haya después desconocido lo que sus propios senadores negociaron, no borra el hecho de que la negociación existió y produjo cambios relevantes.
Lo segundo, es lo que significa la entrada del TC al ruedo, que probablemente dice más sobre la oposición que sobre el proyecto. Pues, a pesar de que es probablemente verdad que la oposición cree que la invariabilidad tributaria tiene vicios de constitucionalidad, y es, al fin y al cabo, un argumento técnicamente legítimo, al mismo tiempo obliga a admitir que ninguna reforma económica de horizonte extendido de este tipo podría sobrevivir una revisión bajo ese estándar. Eso demuestra, entre otras cosas, que la oposición está dispuesta a sacrificar el largo plazo y la estabilidad del país usando un argumento constitucional solo porque no está de acuerdo con la política.
Y en esto último es importante detenerse, pues es exactamente eso, la mirada cortoplacista, lo que debilitó a Chile y lo sacó de la trayectoria promisoria que tenía antes de desrielarse.
Quizás la primera señal de esa mirada fue la intervención al sistema electoral que se hizo bajo el segundo gobierno de Bachelet. Si bien fue presentada como una corrección estructural, en sus efectos reales terminó potenciando la lógica del corto plazo, abriendo el sistema a nuevos actores y fuerzas emergentes, y debilitando la columna vertebral que había mantenido al país estable por más de dos décadas.
Fue, en retrospectiva, la caja de pandora que traería cuestionamientos más amplios a toda la infraestructura institucional chilena, dándole legitimidad a iniciativas rupturistas que en su conjunto llevarían al país a transitar por el período más oscuro desde la transición.
El listado de políticas cortoplacistas se extiende de ahí hacia adelante, rompiendo con lo que hasta entonces habían sido políticas públicas coherentes con la mirada de largo plazo:
La reforma tributaria del mismo segundo gobierno de Bachelet, que fue rediseñada cuatro veces en la década siguiente sin producir el dinamismo fiscal prometido. La gratuidad universitaria, que fue implementada sin base fiscal y terminó endeudando al país. La promesa de condonación del CAE, que fue anunciada sin ruta de financiamiento y que terminó incentivando la morosidad masiva. Los dos procesos constituyentes, que fueron impulsados como refundación y que terminaron restándole al país años de estabilidad institucional. Las acusaciones constitucionales, que fueron justificadas como necesarias pero que terminaron erosionando la seriedad del instrumento sin producir efectos institucionales duraderos. Los retiros de fondos previsionales, que fueron aprobados como alivio de emergencia y que terminaron alimentando el ciclo inflacionario. Los límites a la reelección, que fueron presentados como oxigenación democrática y que terminaron potenciando la entrada de novatos sin experiencia a la política. Y la rebaja de los quórums supramayoritarios de 2022, que fue empujada pensando en gobernar con holgura y que terminó permitiendo que las reformas verdaderamente estructurales se tramiten con mayorías circunstanciales, incluido este proyecto.
Al menos el espíritu de la megarreforma va en la dirección contraria. Su valor no es solo el efecto pro crecimiento del paquete tributario. Es que introduce mecanismos que estabilizan el horizonte de decisión y sacan al país, aunque sea parcialmente, de la lógica del ciclo electoral. La invariabilidad escalonada compromete al Estado con plazos que exceden a cualquier gobierno. La sobretasa de 1.5% acordada con el PPD reconoce que ese compromiso tiene un costo fiscal que debe distribuirse en el tiempo. El royalty preservado deja intacto un instrumento redistributivo que los gobiernos que vengan podrán calibrar sin desarmar la arquitectura. Cada una de esas piezas es una apuesta contra el cortoplacismo.
De ahí que la ofensiva al TC preocupe más allá de su suerte inmediata. Si prospera, la lectura implícita será que ninguna reforma económica puede establecer compromisos con actores privados que sobrevivan al gobierno que los firma. La conclusión será que el ciclo político sigue siendo la unidad de tiempo relevante, y con eso quedará confirmada la miopía política en que Chile lleva hundido al menos una década. Si no prospera, al menos se abrirá una posibilidad que no existe desde antes de 2014, que es la de gobernar con reglas cuyo horizonte exceda al mandato que las adopta o al gusto de quien las implementa.
Sea cual sea el resultado, en la tramitación de este proyecto hubo debate, hubo moderación, y se impuso la razón, y aun así no parece ser suficiente. La pregunta importante, por lo tanto, es la siguiente. Si esta no es la ruta, ¿cuál lo es? ¿Existe alguna reforma que el gobierno de Kast pueda proponer que la oposición esté dispuesta a aceptar, o nada es admisible? Chile ya sabe cuánto cuesta una década de cortoplacismo. Lo que no sabe es cuánto más está dispuesto a pagar.
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