La paralización de proyectos de inversión se ha vuelto común en Chile. Las causas son múltiples: judicialización, ONGs que garantizan agregar dos mil días a la evaluación de un proyecto y, una permisología que ahoga, entre otros. Todos lo sabemos. Pero mientras la inversión se estanca, el Estado no para de crecer: más ministerios, más servicios, más funcionarios, pero, lamentablemente, no se observan mejoras en su eficiencia.
Durante los últimos años, una de las mayores paradojas ha sido el crecimiento sostenido del empleo público, en particular a nivel municipal, sin que esto se traduzca en mejores servicios ni en mayor agilidad para facilitar el desarrollo. Por el contrario, lo que vemos es más listas de espera, peor gestión de servicios básicos, Gendarmería que libera a sicarios y un sistema público que pone trabas al crecimiento económico. Así, la credibilidad del Estado frente a la ciudadanía se erosiona cada vez más.
Los municipios, en especial, se han transformado en un foco crítico. Según cifras del propio Ministerio de Hacienda, solo un tercio del mal uso de licencias médicas provienen del Gobierno Central, definición que no incluye municipalidades. Todo esto, mientras muchas comunas enfrentan serios problemas financieros y son incapaces de cumplir funciones básicas. Hay municipios que no logran siquiera formular proyectos porque carecen de equipos técnicos capacitados. Sin embargo, su dotación de personal aumenta año tras año.
Este desorden tiene consecuencias directas para las personas. Filas interminables para conseguir atención médica, para renovar un carnet o tramitar una licencia de construcción. Quienes quieren invertir se enfrentan a cientos de permisos distintos, muchos de ellos con tiempos inciertos, evaluaciones poco técnicas y escasa rendición de cuentas. En sectores clave como la minería, existen casos emblemáticos como el Proyecto Dominga, que lleva más de diez años de tramitación ambiental. Y, peor aún, el análisis de estos proyectos puede recaer en funcionarios que no tienen la preparación para entender iniciativas complejas, elaboradas por equipos altamente calificados.
Por su parte, el escándalo de las licencias médicas dejó al descubierto más falencias, ya que el ausentismo sistemático, que alcanza un promedio de más de 30 días por funcionario al año, mientras en el sector privado es menos de la mitad, no es anecdótico. ¿Cómo puede funcionar bien un sistema con semejante nivel de inasistencia? Lo más grave es que nada de esto es casual ni puntual. Es un modo de operar que se ha ido instalando con normalidad. Se ha perdido el foco en el mérito, en el compromiso y la responsabilidad de servir al país que debería tener un funcionario público.
Chile necesita crecer; necesita inversión, certeza y agilidad. Pero, en lugar de fortalecer instituciones estratégicas como la evaluación ambiental, concesiones o servicios sanitarios, el Estado sigue engrosando su aparato con tareas poco claras y difícilmente fiscalizables. El resultado es un Estado que crece sin dirección, que multiplica funcionarios sin saber qué hacen, que paga licencias sin control. Un Estado así no puede ser motor de un país que quiere desarrollarse, innovar y ofrecer oportunidades.
Mientras no enfrentemos este problema con seriedad, seguiremos hablando de productividad sin herramientas, de servicios que decepcionan y de reformas que nunca se concretan. El Estado debe ser más útil, más ético, más eficiente. Y eso requiere coraje, para decir las cosas por su nombre, aunque moleste.
Todo esto es síntoma de una crisis de gestión que Chile ya no puede seguir ignorando. Nadie parece estar al mando del timón. Y eso no es solo ineficiencia: es una irresponsabilidad. Se necesita con urgencia una ciudadanía informada, que exija resultados y que pida cuentas a quienes ocupan cargos públicos. El presupuesto existe. Lo que falta es gestión. No es aceptable que todos los chilenos, especialmente los emprendedores y el sector productivo, sigamos pagando la cuenta de un Estado que no cumple.
Afortunadamente, aún existen verdaderos servidores públicos. Funcionarios que creen en su rol, que trabajan con profesionalismo y que se atreven a denunciar malas prácticas, aun con los costos personales que eso conlleva. Funcionarios como Dorothy Pérez, y tantos otros y otras que merecen todo nuestro respeto y protección.
Por eso, cuidemos a los buenos y valoremos a los que sí hacen bien su trabajo. Y exijamos estándares para que el resto esté a la altura. Porque el futuro de Chile no se juega solo en el Congreso o en la inversión privada. Se requiere un Estado que funcione con excelencia y vocación pública, que le devuelva a la ciudadanía la confianza que ha perdido, pero, por sobre todas las cosas, que colabore con el progreso de Chile.
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