ProCultura: El misterio sobre los dos pinchazos al teléfono de Crispi

Este lunes, los imputados y querellantes del caso ProCultura comenzaron a recibir copia de la carpeta de investigación encabezada por el fiscal Patricio Cooper. Uno de los nuevos antecedentes que se conocieron da cuenta de que el tribunal de Antofagasta autorizó dos veces -vale decir, durante 4 meses- la interceptación del teléfono del ex jefe del segundo piso, Miguel Crispi (FA). Aquí su caso y lo que se espera de Alberto Larraín, creador de la fundación.

Qué se sabe de Crispi. Este lunes por la mañana los imputados y querellantes del caso ProCultura comenzaron a recibir copia de la carpeta de investigación, lo que despejó el camino para que, por una parte, se conozcan los alcances de una indagación que golpea al oficialismo y, por otra, el fiscal Patricio Cooper formalice cargos en contra de los imputados.

• Quienes conocen de la investigación señalan que uno de los nuevos antecedentes que se conocieron da cuenta de que el Ministerio Publico solicitó intervenir inicialmente el teléfono de Crispi por 60 días, pero que después renovó por otros 60 días la petición para pinchar su celular.
• Se estima que las escuchas se prolongaron entre noviembre y febrero.
• No está claro el motivo que tuvo Cooper para renovar la medida, lo que ha generado inquietud en La Moneda.
• Cercanos a la causa dicen que el primer pinchazo fue autorizado por el tribunal de Antofagasta y que se trató de una solicitud breve en la cual se mencionó el cargo que ejerció Crispi como Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) y su relación con Verónica Serrano, tía del sociólogo del FA y ex directora del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu. El ex seremi Carlos Contreras la ha apuntado como la persona que presionó por la ejecución de los convenios de Democracia Viva.
• En esta primera intervención telefónica, aseguran cercanos a Crispi, las escuchas telefónicas -de 120 días- se realizaron cuando ya formaba parte del círculo más estrecho de Boric.
• En la renovación de la interceptación, que también fue autorizada por el tribunal de Antofagasta, aparecerían diálogos tachados por la Fiscalía.

Telón de fondo. Hasta ahora se conocía que en enero se abrió una investigación penal tras la escucha de una conversación entre Crispi y su madre, Claudia Serrano, en que aseguraba que hubo tráfico de influencias de Isabel Allende.

• También se sabe que, siendo subsecretario de Desarrollo Regional, Crispi validó a ProCultura para que ésta se adjudicara un proyecto por $629.815.000 para pintar tres fachadas en el centro histórico de Antofagasta a $262 mil el metro cuadrado. Esto incluía también capacitación de monitores.
• Crispi se negó varias veces a acudir a las comisiones investigadoras del Congreso a explicar esta situación, aunque sorprendió el pasado 6 de enero al señalar en el Parlamento que “no conocía a ProCultura hasta que se destapó el caso”, aunque sí conocía a su fundador, Alberto Larraín.
• En La Moneda ya están en conocimiento de que el teléfono de Crispi fue interceptado dos veces, luego de que la semana pasada el presidente Gabriel Boric retrocediera ante la presión indebida que desplegó el comité político contra el fiscal Cooper por haber solicitado esta diligencia y la interceptación de su propio teléfono (medida que fue rechazada por tribunales).
• Cooper defendió la legalidad de la diligencia, recalcando que está amparada en la Constitución, y reiteró que seguirá adelante, pese a las presiones en su contra, ya que en el FA incluso amenazaron con acusar al Fiscal Nacional Ángel Valencia.

Qué se sabe de Alberto Larraín. Este lunes, además, uno de los imputados que da por hecho que será formalizado por fraude al fisco es el psiquiatra Alberto Larraín —cercano al FA—, quien en 2009 cocreó la fundación que experimentó un salto de 10 veces en sus ingresos de reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556), cuando asumió el actual gobierno. Lo anterior, sin contar los ingresos por ley de donaciones.

• Según ha transmitido a su entorno, su expectativa es no quedar en prisión preventiva y lograr una medida cautelar más suave como el arresto domiciliario nocturno o, en su defecto, total. Mientras, ha seguido atendiendo pacientes, parte de estos de sectores vulnerables.
• Su formalización permitirá esclarecer si los aumentos de ingresos de la fundación tuvieron a alguna contraparte centralizada en el gobierno o no.
• Pese a que el secreto de la investigación del caso se levantó el 6 de abril, este lunes algunos querellantes sólo recibieron una fracción de la carpeta de investigación, por lo que analizan si judicializan esta situación a través de una cautela de garantía.

Por qué preocupa al oficialismo. En el caso figuran como sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados— cinco gobernadores en ejercicio. Se trata de Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes; y el exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), quien no compitió en los comicios de octubre pasado.

• En la indagatoria se ha estrechado el cerco hacia el Presidente Boric, cercano a Alberto Larraín.
• En el celular de Flies, la policía halló chats con Larraín donde el fundador de ProCultura le relató supuestas conversaciones con Boric y le pidió acelerar la aprobación de proyectos de la fundación en la zona, que no se llevaron a cabo.

El caso clave. El convenio investigado en la RM lo firmó Orrego como gobernador de la Región Metropolitana con ProCultura para el proyecto “Quédate”, destinado a la “prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”. El contrato, por un monto de $1.683.788.000, fue visado por la Resolución Nº 52 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional —a cargo de Crispi— con fecha 11 de julio de 2022.

• De los fondos que el Gore Metropolitano transfirió a ProCultura para “Quédate”, la fundación sólo rindió $600 millones. En 2024, el Gore presentó una demanda civil y una querella criminal para intentar recuperar más de $1.000 millones del proyecto. También interpusieron demandas contra las aseguradoras ya que no se pagaron las boletas de garantía.
• La relación entre Larraín y Orrego es antigua. El exnovicio jesuita y cofundador del grupo Cardumen de la DC trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén encabezado por el entonces alcalde Orrego, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.

Le podría interesar:

Lo que se sabe de la participación de Crispi en el caso ProCultura y el supuesto nexo de Boric con la fundación

Ver en detalle ( 8 min. lectura)

Perfil: El estilo del fiscal nacional Ángel Valencia y su rol en el caso Convenios y el caso Audios

Ver en detalle ( 8 min. lectura)