A través de conversaciones por Whatsapp con el gobernador de Magallanes, conocidas esta semana, el cofundador de la Fundación Pro Cultura Alberto Larraín apareció pidiendo acelerar la aprobación de proyectos en la zona y relatando supuestas conversaciones con el Presidente Boric, con quien tiene una relación al menos desde 2018. Siquiatra y ex novicio jesuita, Larraín apoyó a Claudio Orrego en las primarias presidenciales de 2013. Tras dejar la DC se acercó al FA y al entonces diputado Boric. En 2010 cofundó Pro Cultura, hoy investigada en varias regiones del país en el marco del Caso Convenios y en cuyos registros contables aparecen aparentes anomalías que involucran a Irina Karamanos, quien ha negado irregularidades. Aquí su historia.
Qué observar. Un informe de la PDI del 25 de junio registró una eventual anomalía contable que involucraba a Irina Karamanos y a la fundación Pro Cultura, donde ella trabajó entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de enero de 2022. Se trataba de cinco abonos (por $ 4.467.500 en total) de Karamanos a la fundación, investigada por fraude al fisco y tráfico de influencia.
- Por esta razón el entonces fiscal a cargo del caso Pro Cultura, Carlos Palma, habría resuelto citarla a declarar a Karamanos como imputada, pero el fiscal Nacional Ángel Valencia lo sacó el 26 de junio de la causa. Palma fue mencionado en el Caso Audios y su remoción ocurrió dos semanas después de la publicación de un supuesto chat entre él y Luis Hermosilla, que no consta en el celular incautado al penalista, como reconoció la propia fiscalía.
- Karamanos indicó que nunca realizó abonos a Pro Cultura y el Presidente Boric la defendió.
- La Fundación fue cofundada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín (ex DC) y aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022. Esta semana volvió a la agenda, tal como lo estuvo durante el desarrollo del Caso Convenios.
Quién es. Alberto Andrés Larraín Salas nació en 1982 en Santiago. Es hijo de Alberto Larraín Lohmayer, quien figura en el listado de prisioneros políticos y torturados en dictadura de la Comisión Valech, según muestran los registros.
- Estudió en el San Ignacio de Alonso de Ovalle y fue novicio de los jesuitas. En 2012 publicó en coautoría el paper “Telepsiquiatría: una revisión sistemática cualitativa”, mientras se desempeñaba como director del consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipalidad encabezada entonces por Claudio Orrego (hoy ex DC). Con el exalcalde mantendría un nexo a lo largo de los años.
- Larraín —quien había comenzado a militar en 2011 en la DC—, participó en la campaña de Claudio Orrego, que terminó tercero en las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría en 2013. Con Bachelet de regreso en La Moneda, integró la comisión sobre discapacidad y salud mental.
- En mayo de 2017 dejó su trabajo como asesor en la Subsecretaría de Salud Pública que lideraba el DC Jaime Burrows, para sumarse formalmente a la campaña presidencial de Carolina Goic, de quien era considerado un colaborador cercano.
Su relación con Boric y lo que ha dicho de Karamanos. Al año siguiente se reportó la salida de Larraín de la DC —junto con otros miembros de Cardumen—, tras lo cual se acercó al Frente Amplio (FA). “Conocí al Presidente cuando era diputado en el contexto de mi trabajo en salud mental en Magallanes”, dijo el 14 de julio de 2023 a La Segunda.
- En 2018, cuando el entonces parlamentario de Convergencia Social hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), “se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, dijo en esa entrevista, donde descartó haber sido el siquiatra personal del mandatario.
- Larraín volvió a referirse a sus contactos políticos, en medio del Caso Convenios.
- “No soy parte del círculo cercano del Presidente Boric, tanto es así que desde que asumió como Presidente no nos hemos encontrado ni en actividades públicas ni privadas”, dijo en una oportunidad.
- Un peritaje en el celular del gobernador de Magallanes Jorge Flies encontró numerosas conversaciones con el director de Pro Cultura donde este le pedía acelerar la aprobación de proyectos de la fundación en la zona. Alberto Larraín le relataba supuestas conversaciones con el Presidente Boric. No se sabe si Larraín se estaba jactando de conversaciones que no existieron y eran una forma de mostrar poder para presionar por sus proyectos.
- Sobre la labor que cumplió en Pro Cultura Irina Karamanos, Larraín ha dicho: “Irina postuló a un cargo que se abrió en la fundación para apoyar en Educación Identitaria y fue seleccionada por sus conocimientos en investigación social y temáticas culturales”. “Trabajó entre abril de 2021 y febrero de 2022”.
Fundación de Pro Cultura. Obtuvo su personalidad jurídica en mayo de 2010. Sus giros ante Impuestos Internos son fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales; venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros y otros tipos de enseñanza.
- La trayectoria de Pro Cultura incluye 67 convenios con diferentes reparticiones, por más de $4.200 millones, suscritos entre 2010 y 2023, muestra la base de datos del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda.
- Estos convenios van desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; la subsecretaría de las Culturas; Corfo; la subsecretaría de Interior y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hasta las municipalidades de Limache y Calera, pasando por la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y los gobiernos regionales Metropolitano, del Ñuble, Los Lagos y Aysén.
El caso Democracia Viva. La ascendente carrera de Pro Cultura tropezó con la apertura en junio de la investigación penal a los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática.
- Pro Cultura se autodenunció en junio de 2023 en la fiscalía, asegurando que aceptaron las “recomendaciones” de la Seremi de Vivienda de Antofagasta de contratar personal que, sin conocimiento de la fundación, habría estado realizando dobles funciones, con ellos y el Serviu, consignó La Tercera.
- A esto se sumó la apertura de una indagación por el proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta, para el cual el Gobierno Regional encabezado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD) firmó un convenio con la fundación Pro Cultura por $630 millones. Según publicó el medio local Timeline, el convenio implicaba la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios, que sumaban 2.400 metros cuadrados, generando un precio por metro cuadrado de $262 mil, lo que está por sobre el valor de mercado. ProCultura respondió que el proyecto incluía también el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas y realización de talleres.
Denuncia ante Contraloría. La fundación también ha sido denunciada ante la Contraloría. El 8 de junio de 2022 el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego de nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional que preside. Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación para un programa de prevención de suicidios, en que Pro Cultura debería coordinar a otras fundaciones.
- El diputado de Republicanos Cristián Araya ingresó una presentación a Contraloría denunciando un “conflicto de interés”. Larraín renunció el 6 de julio a la Corporación para “no entorpecer su funcionamiento”, según dijo. La gobernación aseguró que “el directorio de la Corporación no tiene injerencia alguna” en el Gobierno Regional.
Ojo con. En el lugar de Palma, el fiscal Valencia puso a un hombre de su confianza, el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Desde entonces no se han observado novedades en la investigación y estaría paralizada, lo que Cooper negó en un comunicado tras darse a conocer la denuncia contra Karamanos. Cooper, en todo caso, no citó ninguna diligencia específica.
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