El oficio de la fiscalía que muestra que bajo Boric transferencia de fondos públicos a Procultura creció 10 veces
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El Presidente Gabriel Boric, el siquiatra Alberto Larraín. (Agencia Uno / ProCultura)
Un oficio enviado por la fiscalía al tribunal en mayo de 2024 mostró uno de los focos del caso: el aumento en 10 veces de las transferencias de fondos públicos a la fundación tras la elección del Presidente Boric, sin considerar la ley de donaciones. Esto superó con creces los recursos involucrados en el caso Democracia Viva.
Por qué importa. El fin del secreto de la indagación a la fundación ProCultura que lleva adelante el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper permitirá esclarecer si hubo delitos tras el aumento en 10 veces de las transferencias de fondos públicos a la fundación, entre 2021 y 2022, cuando asumió el Presidente Gabriel Boric, sin contar la ley de donaciones.
El fin de la reserva para las partes permitirá también aclarar si es que la fiscalía logró acreditar los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida que indagaba, y a sus presuntos responsables.
Este hito ocurrirá tras casi dos años de investigación, en un caso que nació como una extensión del caso Democracia Viva, pero que mostró tener mayor alcance y características propias, que lo volvieron más sensible para el oficialismo.
El caso Democracia Viva consistió en tres convenios por $426 millones, suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada a Revolución Democrática (RD).
La entidad había sido creada en 2021 y carecía de experiencia en campamentos (que era el objeto de los tres convenios), ya que su área de trabajo eran las charlas constitucionales.
El caso ProCultura, que también estalló en 2023 en Antofagasta, involucraba en cambio a una fundación con experiencia —creada en 2009— pero que aumentó significativamente sus ingresos de entidades estatales tras la elección del Presidente Boric, en la segunda vuelta de diciembre de 2021.
La mayor parte de esos ingresos provenían de asignaciones directas de Gobiernos Regionales (aprobadas por los Consejos Regionales) o por el gobierno central. En algunos casos hubo licitaciones.
Detrás de esta fundación estaba el siquiatra Alberto Larraín, un ex DC considerado hijo político del gobernador Claudio Orrego, quien tras renunciar a ese partido se acercó al Frente Amplio (FA) y al entonces diputado Boric, a quien asesoró técnicamente cuando creó la bancada de salud mental, después de revelar en 2018 que sufría de trastorno obsesivo compulsivo.
La revelación de la carpeta investigativa permitirá aclarar la evaluación del fiscal Cooper del rol en el caso del entonces subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi, quien hasta marzo fue jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, puesto que la Subdere dio el visto bueno que la fundación requería para avanzar en las iniciativas.
Tras la cancelación de convenios a lo largo de Chile, ProCultura anunció su cierre en noviembre de 2023.
El oficio de la fiscalía. El 29 de mayo de 2024, el fiscal Luis González Aracena, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén —que llevaba entonces la causa— envió un oficio de seis páginas al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En el escrito solicitaba al tribunal autorización para incorporar la información bancaria de la fundación.
El oficio de la fiscalía advirtió que ésta aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
“El gráfico da cuenta de la variación de los ingresos de fondos públicos a la Fundación ProCultura, evidenciándose un incremento significativo a partir del año 2022, época en que tienen lugar gran parte de los convenios objeto de esta investigación”, dijo el documento.
Los gobernadores.Cinco gobernadores en ejercicio han sido declarados sujetos de interés en la causa, a los que se sumó el exgobernador Rodrigo Díaz del Biobío (ex DC).
Se trata de Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (Ind-FA), de Valparaíso; Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Óscar Crisóstomo, del Ñuble y Jorge Flies (Ind.-Radical), de Magallanes.
Uno de los casos más sensibles es el del gobernador Orrego. El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional aprobó la propuesta de Orrego de nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional presidida por Orrego. Veintiún días después el Core autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para evitar suicidios Quédate.
Otro de los casos relevantes es el de Crisóstomo, que ingresó un escrito pidiendo al tribunal no revelar el contenido del celular que la fiscalía le incautó en el caso.
El caso del gobernador Flies es relevante, también, por sus chats con Larraín.
“Ayer hablé con el presidente”. “Ayer hablé con el presidente. Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”, escribió Larraín al gobernador Flies, en marzo de 2022. Es incierto si conversó o no con el mandatario.
Se trataba de una arista de un antiguo proyecto para declarar a Torres del Paine patrimonio ante la Unesco. Para la primera parte, Larraín buscaba que el Gore le asignara $125 millones.
En su exposición ante los consejeros mencionó su llegada con la Subdere dirigida por Crispi. Luego consiguió una carta de apoyo de la entonces canciller Antonia Urrejola. Tras la resistencia de consejeros, el proyecto quedó en el camino.
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