Abril 4, 2025

Caso ProCultura en horas clave: Gobernador Óscar Crisóstomo (PS) pide no revelar el contenido de su celular

Jorge Poblete
El gobernador Óscar Crisóstomo el 9 de agosto de 2023 en Valparaíso. (Pablo Ovalle / Agencia Uno)

El gobernador Crisóstomo —uno de los cinco jefes regionales indagados en el caso ProCultura— pidió al tribunal prohibir la entrega de la información de su celular ni “a los querellantes ni a los medios de comunicación”. Su preocupación, dijo, no era sólo su información personal, sino que otra que podría perjudicarlo profesionalmente.


Por qué importa. La solicitud de resguardo de información de su celular realizada por el gobernador socialista Óscar Crisóstomo —incautado en el marco de la arista del Ñuble del caso ProCultura— mostró su preocupación por la revelación de conversaciones personales, pero también —según dijo en un escrito presentado al tribunal— de otros antecedentes profesionales que podrían perjudicarlo.

  • La petición ocurrió a horas de que se alce el secreto del caso ProCultura, que investiga a nivel nacional el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper, en el cual cinco gobernadores en ejercicio han sido declarados sujetos de interés.
  • Se trata de Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (Ind-FA), de Valparaíso; Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Crisóstomo, del Ñuble y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes.
  • El caso involucra a la fundación creada en 2009 por el siquiatra Alberto Larraín, quien tras renunciar a la DC se acercó al Frente Amplio (FA) y al entonces diputado Gabriel Boric, a quien asesoró técnicamente cuando creó la bancada de salud mental, después de revelar en 2018 que sufría de trastorno obsesivo compulsivo.
  • El celular y otros equipos electrónicos de Crisóstomo fueron incautados en un allanamiento realizado en abril de 2024 al Gobierno Regional (Gore).
  • Tras esto fue citado a declarar en octubre del año pasado en calidad de imputado, oportunidad en que hizo uso de su derecho a guardar silencio.
  • El trasfondo de la petición de Crisóstomo es lo ocurrido en el caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, donde los chats de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) con la diputada Karol Cariola (PC) dieron origen a una nueva causa por presunto tráfico de influencias en contra de la parlamentaria.
  • Crisóstomo está en su segundo período, tras ser reelecto en primera vuelta.

La petición del gobernador. El primero de abril, Crisóstomo ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Chillán —a través de su abogado Gumercindo Quezada— en que solicitó que se realice una audiencia de cautela de garantías para que “la información contenida en dichos instrumentos (electrónicos) no sea difundida ni entregada a los querellantes ni a los medios de comunicación”.

  • “El plazo por el cual fue decretada secreta la investigación se encuentra pronto a vencer”, dijo en el escrito.
  • “Durante esta etapa de investigación fueron incautados a mi representado numerosos aparatos tecnológicos tales como computadores, teléfonos celulares y otros, que contienen información personal y laboral que no guarda relación con los hechos investigados, información que al alzarse el secreto puede ser difundida causando un grave perjuicio a mi mandante tanto profesional como personal”.
  • El tribunal respondió al día siguiente, fijando la audiencia para las 10 am del 10 de abril.

Querellantes. Crisóstomo es indagado por una querella por fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros delitos, junto a otros funcionarios del Gore. La acción fue interpuesta en julio de 2024 por el abogado Juan Pablo González, en representación de la consejera regional de la UDI Lorena Jardua y del exconsejero Cristián Quilodrán.

  • En una declaración difundida este viernes plantearon que Crisóstomo buscaría con su solicitud impedir el “descubrimiento de conversaciones que pudieran dar indicios de la eventual comisión de otros delitos”.

El juicio de cuentas. Paralelamente, Crisóstomo es sujeto de un juicio de cuentas por, presuntamente, realizar una deficiente supervigilancia de las rendiciones de un proyecto con ProCultura, el que podría derivar en la obligación de devolver los fondos.

  • El juicio de cuentas, informó Contraloría, se inició el 15 de noviembre de 2024, a partir del informe 708/2023 de ese organismo fiscalizador.
  • Ese reporte hizo una serie de reparos a la asignación directa de $268.100.000 que el Gobierno Regional (Gore) hizo en 2022 a ProCultura para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
  • De acuerdo con la indagación penal, el gobernador pidió a la división de fomento e industrias contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto.
  • Oficialmente, sin embargo, el ejecutor de éste sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados, entre otras irregularidades.
  • El gobernador dijo que el convenio “se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”.

El fallido desafuero. En octubre de 2024 la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó una petición de la fiscalía para desaforar a Crisóstomo —procedimiento necesario para pedir medidas cautelares en una formalización de cargos a parlamentarios y gobernadores— en una causa por hechos previos a que asumiera.

Lea la resolución:

Lea la solicitud:

 

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Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo

 

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Académico de Derecho y Coordinador Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB.

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