Por qué importa. La solicitud de resguardo de información de su celular realizada por el gobernador socialista Óscar Crisóstomo —incautado en el marco de la arista del Ñuble del caso ProCultura— mostró su preocupación por la revelación de conversaciones personales, pero también —según dijo en un escrito presentado al tribunal— de otros antecedentes profesionales que podrían perjudicarlo.
La petición del gobernador. El primero de abril, Crisóstomo ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Chillán —a través de su abogado Gumercindo Quezada— en que solicitó que se realice una audiencia de cautela de garantías para que “la información contenida en dichos instrumentos (electrónicos) no sea difundida ni entregada a los querellantes ni a los medios de comunicación”.
Querellantes. Crisóstomo es indagado por una querella por fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros delitos, junto a otros funcionarios del Gore. La acción fue interpuesta en julio de 2024 por el abogado Juan Pablo González, en representación de la consejera regional de la UDI Lorena Jardua y del exconsejero Cristián Quilodrán.
El juicio de cuentas. Paralelamente, Crisóstomo es sujeto de un juicio de cuentas por, presuntamente, realizar una deficiente supervigilancia de las rendiciones de un proyecto con ProCultura, el que podría derivar en la obligación de devolver los fondos.
El fallido desafuero. En octubre de 2024 la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó una petición de la fiscalía para desaforar a Crisóstomo —procedimiento necesario para pedir medidas cautelares en una formalización de cargos a parlamentarios y gobernadores— en una causa por hechos previos a que asumiera.
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— Ex-Ante (@exantecl) March 31, 2025
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