La Fiscalía del Ñuble pidió desaforar al gobernador PS para poder solicitar medidas cautelares en la formalización de cargos en su contra. Según dijo el Gore en una declaración, se trata de un causa de 2021, previa a que asumiera el cargo. En mayo de ese año, dos abogados regionales se querellaron en su contra por cohecho y fraude en subvenciones, entre otros delitos. Lo acusaron de, siendo delegado del Serviu en Bachelet 2, entregar un subsidio a un hermano suyo que no contaba con registro social de hogares, entre otros delitos. Paralelamente, en abril se incautó el celular del gobernador en el marco del caso ProCultura.
Qué observar. El 26 de agosto la Fiscalía Regional del Ñuble ingresó a la Corte de Apelaciones de Chillán una solicitud para desaforar al gobernador Óscar Crisóstomo Llanos (PS), que notificó a la autoridad que tenía 10 días para responder por escrito sobre los cargos que se le imputan.
- La solicitud, si es aprobada por la Corte, permitirá a la fiscalía pedir medidas cautelares en contra del gobernador, en la audiencia de formalización de cargos.
- El gobernador recibió en enero el apoyo regional del PS para correr por la reelección, destacando su “un sello de equidad y descentralización”, publicó el diario La Discusión.
- En julio, consiguió el apoyo del oficialismo para enfrentar a la derecha, que competirá dividida. “Es una alegría enorme entregar a la comunidad el nombre de nuestro gobernador y candidato a la reelección”, dijo la presidenta del PS del Ñuble, Brígida Hormazábal, consignó Radio Ñuble. “Este apoyo transversal, desde el Partido Comunista hasta el Partido Demócrata Cristiano, es un reconocimiento al trabajo que Óscar ha desarrollado por esta región”.
- Crisóstomo recibió este respaldo pese a que el Ministerio Público había dado muestras de estar indagando su gestión. En abril la policía incautó su celular y el de dos funcionarios en el marco de la investigación a los convenios de los gobiernos regionales (Gore) con la fundación ProCultura. En el caso del Ñuble, por traspasos de $268 millones.
- Los consejeros regionales Cristián Quilodrán y Lorena Jardua se querellaron en su contra en esa arista, por fraude al fisco, tráfico de influencias y delito tributario. Quilodrán, electo en 2021 por el PDG, corre como independiente a gobernador.
- El caso por el que la fiscalía resolvió imputarlo, sin embargo, se remonta a sus tiempos de funcionario del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.
- “Fui notificado sobre una solicitud de desafuero por parte del Ministerio Público de la Región de Ñuble, por una causa de mayo de 2021, en plena campaña electoral de la época”, dijo el Gore en una declaración. “Tiene su origen en cuestionar acciones realizadas en el ejercicio libre de mi profesión, mucho antes de asumir como gobernador”.
- De acuerdo con Radio Biobío, uno de los delitos que se imputarán a Crisóstomo es cohecho.
La querella de 2021. El 31 de mayo de mayo de 2021 el Juzgado de Garantía de Chillán declaró admisible una querella presentada por los abogados Juan Francisco Maibee Cadenas y Juan Pablo González Montes en contra de Crisóstomo, por varios delitos: fraude al fisco, apropiación indebida, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias, además de fraude en subvenciones, entre otros.
- Estos se remontaban a su período como delegado provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) del Ñuble, cargo que asumió en 2014, antes que ésta fuera región, hasta 2018.
- Luego pasó a la Municipalidad de Chillán Viejo como director de seguridad y salud pública, consignó su reseña biográfica del Gore.
- Según sostuvo la querella, “abusando de la función pública investida adjudicó a sus familiares lo siguientes subsidios habitacionales”. Uno, según el escrito, lo recibió su hermano, pese a que “no contaba con registro social de hogares o con algún instrumento de caracterización socioeconómica que le permitiría acceder a este beneficio estatal y mantenía el estado civil de soltero al momento de adquirir la calidad de beneficiario”.
- Un segundo era para su padre, el que no habría alcanzado a ser entregado y un tercero era para un día.
- Por otra parte, dijo la querella, el 22 de marzo de 2019 (tras dejar el gobierno) creó la Inmobiliaria Pullay Limitada, que calificaron de “empresa fantasma”.
- Ésta, dijeron, suscribió “un contrato de prestación de servicios con ‘Acoge Consultorías Limitada’ (…) para ser un ente patrocinante ante el Serviu y de constructora de viviendas”.
- Entre las presuntas ilegalidades perpetradas mencionaron que Pullay “se obliga a realizar el levantamiento para que las personas individualizadas postulen y se les adjudiquen los subsidios habitacionales respectivos”.
- “Sin perjuicio, en la cláusula tercera se individualizan a 17 beneficiarios a quienes ya se les encontraba adjudicado el subsidio respectivo y otros 09 beneficiarios aprobados y ninguno en el estado de necesitar postular”.
- Añadieron que Pullay “asume la responsabilidad de conseguir a las empresas constructoras para la ejecución de las obras, lo que resulta contrario a la facultad que tienen los beneficiarios de los subsidios habitacionales entregado por el Serviu”.
- El Gobierno Regional no respondió a las consultas de este medio.
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