Se cumplirá esta semana 15 años desde el devastador terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, y con lo sucedido este martes 25 nos aclara que Chile aún no logra demostrar que ha aprendido la lección. Nos volvimos a desconectar de manera obligada por completo, los sistemas de energía eléctrica y telecomunicaciones fallaron, estuvimos sin saber qué ocurría mientras las autoridades lentas en sus decisiones adoptaron la decisión de tener un toque de queda para 19 millones de personas que en su mayoría desconocía la decisión por no tener sus fuentes de información funcionando.
Ambos eventos nos mostraron la fragilidad que persiste en nuestro país, lo que genera amenazas concretas, molestia, y por qué no, proyecta vulnerabilidad. Las dos crisis expusieron fallas críticas en la institucionalidad del país, desde sistemas de alerta deficientes hasta la fragilidad de su infraestructura. A pesar de que después del terremoto se prometieron cambios, se concretaron reformas, se proyectó una imagen de resiliencia. La realidad reciente deja claro que estas mejoras han sido, en el mejor de los casos, superficiales, o si hubo intenciones de cambio inicial, esto de desinfló.
Chile se ha vendido internacionalmente como un modelo de institucionalidad y gestión de crisis. Ha celebrado la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la modernización de sus normas antisísmicas y la implementación de sistemas de alerta como el SAE. Pero estas medidas no han prevenido nuevas crisis ni han mitigado su impacto. El reciente apagón masivo del 25 de febrero de 2025 lo ha demostrado con brutal claridad.
Cuando el 99% del país quedó sin electricidad por una falla en la línea de transmisión de 500 kV en el Norte Chico, la respuesta del gobierno fue torpe y descoordinada. La falta de información oportuna, la demora en la reposición del servicio y la ineficacia de los planes de contingencia recordaron lo peor de la crisis del 27F. A pesar de los avances en teoría, Chile sigue siendo un país altamente vulnerable, incapaz de responder eficazmente a emergencias.
Tenemos aún una infraestructura frágil y mal planificada. Chile invierte en infraestructura, pero no en resiliencia real. La alta dependencia de líneas de transmisión centralizadas hizo que una sola falla colapsara el sistema eléctrico nacional. Se ha priorizado la eficiencia económica sobre la seguridad estructural, y los resultados están a la vista.
Continuamos con una deficiencia en la comunicación de crisis. La falta de información clara genera caos y desconfianza. Como en 2010, en 2025 la población quedó en la incertidumbre mientras el gobierno titubeaba en sus respuestas. La gestión de la crisis eléctrica mostró que el Estado no ha aprendido a manejar la comunicación en situaciones de emergencia.
Hay una falta de redundancia en los sistemas críticos. Nuestro país sigue sin desarrollar una infraestructura de respaldo eficaz para servicios esenciales. La salud, la seguridad y las telecomunicaciones quedaron al borde del colapso en cuestión de horas. No hay generadores de emergencia suficientes, y las redes de contingencia son precarias.
Aunque este tema, sin dudas hay privados involucrados en empresas de energía y telecomunicaciones, es claro que aún existe una burocracia e ineficiencia estatal más allá de cualquier partido político. Las reformas implementadas han sido insuficientes porque la burocracia sigue siendo lenta e inefectiva. SENAPRED, creado para reemplazar a la criticada ONEMI, ha demostrado ser otro organismo con demasiados procedimientos administrativos y poca capacidad de acción rápida.
El resultado de este tipo de acontecimientos es una sociedad con aún más desconfianza en sus líderes. El apagón de 2025 generó indignación porque la población ya no confía en la capacidad del Estado para gestionar crisis. El 27F dejó una cicatriz profunda, y cada nuevo desastre sin respuesta efectiva refuerza la percepción de que el gobierno es incapaz de proteger a su gente.
Chile sigue siendo un país altamente expuesto a terremotos, tsunamis, crisis climáticas y fallas en su infraestructura crítica. Sin embargo, la clase política ha preferido centrarse en soluciones de corto plazo y discursos optimistas, en lugar de abordar los problemas estructurales con seriedad. El apagón de 2025 no fue un evento aislado, sino una advertencia de que, cuando llegue el próximo desastre natural, la respuesta estatal será igual de deficiente.
Se han hecho avances desde el 27F, pero los eventos recientes dejan claro que son insuficientes. La resiliencia real no se construye con discursos ni con medidas parciales, eso debería saberlo el presidente Boric cuando se siente “indignado”. No se trata de responsabilizar inmediatamente al otro cuando ocurren estos hechos, cuando es toda la institucionalidad privada y pública la que se ve expuesta.
Chile necesita dejar esa imagen de fortaleza que muestra fragilidad al primer episodio de crisis, porque evidencia debilidades estructurales en la gestión de emergencias, capacidad de reacción y que no existe un trabajo coordinado entre el Estado y los privados.
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