Fiscal Regional Sur y el impacto de la inmigración descontrolada: Ha fortalecido el crimen organizado

El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, responde diplomáticamente cuando se le pregunta si la investigación del crimen organizado ha cambiado mucho, debido a la irrupción de organizaciones criminales transnacionales en Chile, como el Tren de Aragua o los carteles de drogas colombianos o mexicanos. Junto a sus fiscales ha participado del desbaratamiento de la mayoría de las grandes bandas de narcotraficantes chilenas radicadas en poblaciones como La Legua o La Pintana, pero en los últimos años ha ido observando cómo se producen crímenes cada vez más violentos, como los acaecidos en Puente Alto o La Granja, en los cuales hay personas extranjeras implicadas, tanto en calidad de víctimas como de victimarios.

—¿Es más complejo investigar este tipo de casos, en comparación con la criminalidad chilena?

—Si bien es claro que la inmigración siempre puede resultar un desafío y una oportunidad para los países en desarrollo y para personas que migran, por mejores oportunidades, en los últimos años su descontrol ha significado un aumento en la violencia en determinados delitos y focos territoriales de nuestro país, como ha quedado de manifiesto en los distintos medios de comunicación que cubren estos fenómenos criminales.

• En ese sentido, indica que la complejidad mayor a este respecto surge de la falta de documentación tanto de víctimas como de imputados inmigrantes, por lo cual Barros indica que “urge una regularización en esta materia, por parte de las autoridades competentes”.

Cuerpos abandonados: El problema, precisa, no es solo investigativo, sino también humano: “Actualmente tenemos cuerpos que pasan meses en dependencias del Servicio Médico Legal, sin ser retirados por falta de identificación”, lo que evidentemente impide su entrega a las familias.

El cambio en la criminalidad: El Fiscal Barros señala que, a su juicio, la globalización y las crisis económicas y políticas de los países del continente “desencadenaron un impacto en movimientos migratorios no regulados y esto implicó, entonces, un fortalecimiento del crimen organizado a nivel transnacional”, debido a la internacionalización de grupos criminales de otros países, lo que ha conllevado la aparición de “nuevas formas de comisión del delito, nuevos perfiles de imputados, que son de mayor peligrosidad, y nuevos ilícitos, como secuestros y extorsiones, hechos que antes teníamos limitados a personas vinculadas al narcotráfico. Hoy hemos visto que este fenómeno ha traspasado los límites del tráfico de drogas”, todo lo cual —argumenta— amplía el campo de acción de la criminalidad, así como las potenciales víctimas de estos delitos.

Aún estamos a tiempo: Pese a todo lo anterior, comenta que “es un hecho que el crimen organizado a nivel transnacional ya está entre nosotros, pero según expertos en la materia aún podemos controlarlo para no llegar a los escenarios que conocemos a nivel comparado en nuestro continente”.

El Estado. Sin embargo, para ello se requieren varias cosas y la principal, explica, es que “debemos actuar coordinada y decididamente junto a todos los actores del Estado, ya que justamente el crimen organizado cobra mayor fuerza allí donde el Estado no se encuentra presente o donde está finalmente ausente”.

Más policías y fiscales. Para ello, propone fortalecer las dotaciones de fiscales y sus equipos, especialmente aquellas relacionadas con la investigación de estos fenómenos delincuenciales, teniendo en cuenta, entre otras cosas, “los efectos administrativos y de gestión interna, que implica, por ejemplo, tener a los fiscales más de seis meses en un juicio de alta complejidad, con el consiguiente efecto negativo en la tramitación de sus otras causas”.

No es una tarea simple ni veloz: “La preparación y el perfeccionamiento de un fiscal en materia de crimen organizado, así como de un policía en la especialidad de Crimen Organizado, no es algo que uno pueda lograr de la noche a la mañana, sino que es un proceso de formación muchas veces lento, caro y, además, es un proceso en donde hay que seleccionar los perfiles adecuados, tanto de policías como de fiscales”, especifica Barros.

Actualizar las leyes: A lo anterior, agrega la necesidad de actualizar la legislación en materia de crimen organizado, la cual señala “va, a juicio nuestro, en la línea correcta, aunque siempre consideramos que debe tener presente lo que ya se ha avanzado por fiscales y tribunales en materia jurisprudencial, e incluir también la renovación de otras normas, como por ejemplo, las sobre terrorismo”. Asimismo, piensa que también es necesario “sumar una permanente actualización en el uso de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la cooperación internacional”. Y claro, un tema que considera fundamental es que “se debe fortalecer la gestión carcelaria de imputados de esta criminalidad y la prevención de la corrupción de los agentes del Estado”.