Los dos nudos de la Reforma Previsional que anticipan otro conflicto político para el Gobierno

El destino del 6% adicional y la gestión de los fondos de pensiones son los dos grandes temas que distancian la esperada propuesta del Ejecutivo de los bloques opositores. La iniciativa entraría a trámite legislativo en noviembre.

Hito. La Reforma Previsional es uno de los proyectos más importantes del programa del Gobierno de Gabriel Boric. Durante semanas, los ministros del Trabajo (Jeannette Jara) y de Hacienda (Mario Marcel) aseguraron que el proyecto sería presentado en agosto. No ocurrió.

• El agitado ambiente del Plebiscito de Salida y la falta de un trabajo prelegislativo llevaron al Gobierno a retroceder en su compromiso inicial para levantar, ahora último, otra fecha: noviembre.
• “El Plebiscito cambió el estado de ánimo del país, pero no la composición del Parlamento. No hay razón para que el Gobierno se demore más”, dice a Ex-Ante el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga (DC).
• A su juicio, existen dos nudos centrales de la discusión: el destino del 6% adicional de cotización y quién administra el conjunto de recursos previsionales.

Nudo 1: 6% adicional. En forma gradual, los empleadores pagarán un 6% adicional al 10% de cotización que ya financian los trabajadores. En el diseño que el Gobierno ha socializado con los parlamentarios, esos recursos van a parar en forma íntegra a un nuevo fondo de ahorro colectivo.

• Para la derecha, ese 6% debe irse íntegro a las cuentas individuales de las personas. “El Gobierno insiste con sistema de reparto con el 6%, eso es un error enorme”, dice el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien este jueves además visitó con un grupo de parlamentarios del sector al subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.
• Tal como adelantó Ex-Ante, Chile Vamos, Republicanos y el Partido de la Gente (PDG) conformaron un bloque. Exigen un destino individual al 6%. En general desde la derecha consideran que es la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada con impuestos generales, la que proporciona “solidaridad” al sistema.
• El diputado Andrés Giordano (ind-RD) afirma que en la mayoría de los países de la OCDE existe un pilar de ahorro colectivo. “Esos sistemas no se sustentan solo sobre la base de impuestos generales y capitalización individual”, señala. Propone que los empleadores paguen 8% (no 6%), y que la capitalización individual baje a 8%.
• Las encuestas indican un amplio respaldo a que la cotización extra vaya directo a las cuentas individuales, alega Sauerbaum. El diputado Giordano estima que ese apoyo ciudadano a que los recursos vayan a una capitalización individual es en parte el resultado del diseño de las encuestas: “Si preguntaran si toda la cotización extra se va a una cuenta individual pero con peor pensión, la gente va a elegir el sistema con la mejor pensión, y ese es el colectivo”, opina.
• Alberto Undurraga dice que es evidente que la única manera de llegar a acuerdo es que ambas visiones extremas se flexibilicen. “En la propuesta previsional del Presidente Sebastián Piñera la derecha había aceptado al menos 3% (del 6% extra) para un ahorro colectivo”, dice. “Mi primera preferencia es que 6% vaya completo a un fondo solidario, pero lo más importante es llegar a un acuerdo”, agrega.
• Desde el punto de vista de la negociación política, el parlamentario frenteamplista sostiene que “la propuesta del gobierno no está más a la izquierda. Hizo diálogos sociales para elaborar una idea que tenga un grado de consenso, e incorpora a la mayoría de los temas que también plantea la derecha”.

Subnudos. Undurraga cuenta que hay diferencias también en cómo las futuras administradoras de pensiones cobrarán su comisión. Hoy es por flujo. La propuesta del Gobierno sería pasar a una por saldo, en una transición que depende de la antigüedad de los afiliados, reportó primero La Tercera.

• El otro subnudo es la gradualidad con que se aplique un esquema de reparto con el ahorro colectivo.

Nudo 2: industria. Actualmente, las AFP están obligadas por ley a administrar las cuentas y a gestionar las inversiones de los afiliados. El Gobierno busca separar ambas funciones. En el diseño se establece que el 10% obligatorio actual quedaría en un organismo público, por default, que definiría la administración de las cuentas. Las personas podrían escoger en nuevas gestores de inversiones, incluidos públicos.

• “Soy partidario de separar la industria. Una opción es un ente público nuevo, el IPS, o que se licite quién hace la administración y soporte. Así tendrías un organismo orientado a la gente, y otra es la gestión orientada al mercado de capitales”, plantea Undurraga.
• “Creemos que hay que ampliar la competencia en inversiones; por ejemplo con cooperativas, tal como plantea la DC”, indica Rubén Oyarzo (PDG). En la propuesta conjunta, ChV, Republicanos y PDG demandan “la posibilidad de elegir en qué institución acogerse para hacer efectivos los derechos previsionales y poder obtener el mejor servicio y la mejor pensión posible”.
• “El Gobierno lo que propone es un sistema público que administra los fondos, con actores privados, de libre elección. Quien invierta mi dinero puede ser un ente público, que me dé comisiones menores. Me parece que esa libertad de elección está garantizada”, afirma Giordano (ind-RD).

Pendiente: PGU. Aparte de un nuevo nombre para la Pensión Garantizada Universal (se habla del pilar “Base Universal Garantizada”, tanto desde la DC como del bloque ChV-Republicanos-PDG están empujando al Gobierno a tramitar primero el incremento de la pensión universal hasta $250 mil.

• Se trata de un planteamiento tradicional en procesos de años anteriores, independientemente del signo político del Gobierno: avanzar más rápido en un incremento del monto de la pensión, donde habrá rápido acuerdo, con el riesgo de que el resto de la reforma se retrase.