El informe de la Contraloría sobre el abuso de las licencias médicas en el sector público ha causado gran indignación. Se ha dicho mucho sobre el estándar de conducta que debe exigirse a los funcionarios públicos, la falta de fiscalización y las sanciones que deberían imponerse a los abusadores. Y todo ello está muy bien. Pero ver a estos enfermos viajando es un síntoma más de otro problema mayor: un sistema de empleo público que no da más.
La magnitud y la desfachatez de algunos hace que nos quedemos en casos anecdóticos. Pero si tomamos un poco de distancia, el problema es aún más crítico.
Hoy ni siquiera sabemos la cifra exacta de personas trabajan en el sector público y eso es motivo de otro escándalo. Pero según las estadísticas del INE (2024), en los últimos quince años los asalariados del sector público habrían crecido más de un 55%, mientras que los del sector privado sólo un 29%.
En el mismo período, Chile ha caído en prácticamente todos los índices de efectividad del gobierno, en las percepciones de control de la corrupción, de respeto por el Estado de Derecho y en la calidad regulatoria. (Banco Mundial, 2024). Así, por más que crece el número de funcionarios, los servicios públicos no parecen mejorar.
Si volvemos a las licencias, los días de ausentismo promedio en el sector público pasaron de 17 a casi 32 días entre 2006 y 2023 (DIPRES 2024). Es más, sólo entre 2018 y 2023, los días de licencia médica no parental aumentaron en un 42%, y en este último año los trabajadores del sector público se tomaron, en promedio, 10 días más de licencia que un trabajador del sector privado.
Es poco probable que trabajar en el Estado sea más riesgoso para la salud que hacerlo en el sector privado. El problema parece estar en otra parte. Junto con cada una de las pequeñas y grandes mentiras de doctores y (falsos) pacientes, la culpa también la tiene un régimen de empleo público que no incentiva a mejorar(se). El famoso Estatuto Administrativo que regula el empleo público desde 1989, ha sido sobrepasado por el crecimiento inorgánico del aparato estatal, por parches legislativos y por la jurisprudencia de los tribunales y de la Contraloría.
No se trata, entonces, de un problema de licencias. Es la manera en que regulamos el empleo público. Y eso no es culpa de los funcionarios públicos, sino de todo el sistema político que no ha sido capaz de reformarlo. Propuestas hay muchas y de amplio consenso, como el trabajo conjunto del CEP, LyD, Espacio Público y Chile 21, o el proyecto de ley que presentó el gobierno anterior previa consulta pública al interior del Estado. Pero simplemente no ha sido prioridad.
Así, el Estado no cuenta con una carrera funcionaria que sea independiente del gobierno de turno; hay poca movilidad al interior de cada servicio y prácticamente nula entre reparticiones, desperdiciando experiencia valiosa que podría aprovecharse. Estamos llenos de incentivos que no incentivan y de evaluaciones que no evalúan, porque todos obtienen la mejor calificación posible y los bonos son parte de la remuneración fija. Mientras tanto, se hace cada vez más difícil y costoso despedir a quienes tienen un mal desempeño.
Todo esto lleva a que los buenos funcionarios, que son muchos —entre ellos, los que destaparon este escándalo—, no son reconocidos ni valorados lo suficiente. Mientras tanto, otros se van de vacaciones con sus licencias y nadie los echa de menos. Hasta que hacen noticia.
Ojalá que estos casos sean la gota que rebalse el vaso y seamos capaces de reformar el régimen de empleo público que tiene tan enfermo, no a algunos miles de funcionarios, sino a todo el Estado.
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