-¿Qué significan para la economía chilena las licencias médicas fraudulentas en el Estado?
-Es un escándalo y una vergüenza que debe ser perseguido hasta sus últimas consecuencias. No solo por la magnitud del fraude, sino porque los recursos del Estado provienen de los impuestos de todos los chilenos. Hay un deber moral de gastar esos recursos de manera correcta. Cuando hay fraude, cunde la desconfianza y el enojo ciudadano, lo cual es completamente comprensible.
Felicito a la Contraloría y a la actual Contralora, porque sin su disposición, nada de esto hubiera sido posible, no solo para descubrir el caso, sino para instruir los sumarios que es fundamental para la remoción de los involucrados. El Estatuto Administrativo es claro en estos casos: los abusadores deben irse a casa. Y se tiene que llegar hasta el final que es entregar los antecedentes a la Fiscalía para las causas penales y al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle por fraude al Fisco.
-¿Cuál es el impacto directo de esta situación en las cuentas fiscales? ¿Es aquí el espacio para los recortes de gasto?
-Es uno de los espacios, pero debemos hacer una distinción. Una licencia mal habida, o incluso una licencia “buena”, debería permitir al Estado recuperar esos recursos de las aseguradoras, como Fonasa o la ISAPRE. Sabemos que el Estado no está haciendo un buen trabajo en esto.
El costo de las licencias médicas en el Estado de Chile se estima en alrededor de 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto se recupera? Esa es una pregunta importante. Pero más allá de lo que se recupere, este es un costo para el país.
-¿Adicionalmente puede haber otros costos?
-No sabemos si, en el caso de una licencia o ausentismo, el Estado debe contratar a otra persona para suplir ese trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es el costo directo? Es una pregunta que debe responder el Estado, especialmente cuando sabemos que el ausentismo ha aumentado y supera los 30 días en el sector público, mucho más alto que en el sector privado.
-¿Por qué ningún gobierno ha sido capaz de poner freno a esta situación?
-Este es un problema tanto del Estado como del sector privado. Aquí hay un abuso. Se han discutido muchas iniciativas, pero ninguna ha dado frutos. Lo que se debería hacer es obligar a que todas las licencias sean digitales y estén en un repositorio central, lo que permitiría hacer análisis de datos y activar alertas tempranas en casos repetidos. Si un médico otorga miles de licencias, debería ser el primero en ser fiscalizado. Si un trabajador tiene licencias reiteradas, también. Si un médico otorga una licencia fuera de su especialidad, debería ser fiscalizado. Hay mucho por hacer utilizando la tecnología, la digitalización y el uso de datos.
-Hablaste de la importancia de la señal enviada por la Contraloría. ¿Qué refleja esta señal?
-Cuando estaba en Hacienda, enfrentamos un caso con los bonos clase media. 60.000 funcionarios obtuvieron el bono sin tener derecho a ello, pues no habían perdido el empleo. Algunos lo hicieron deliberadamente y otros por error. Pero en cualquier caso, los sumarios administrativos deberían haber identificado a los responsables.
Instruí a los servicios para que realizaran los sumarios, pero no pasaba nada. Por eso, le pedí ayuda al Contralor (Jorge Bermúdez), para que empujara los sumarios administrativos. Su respuesta fue que no lo haría, pues significaba que muchas personas perderían su trabajo. A lo cual le dije que no podía entender esa respuesta, porque teníamos que hacer cumplir la ley. Pero no hubo caso. Hoy finalmente, gracias a una Contraloría empoderada, que lidera Dorothy Pérez, este caso está llegando a su fin. Solo con este tipo de acciones se puede remover a los responsables.
-Uno de los casos que llamó la atención fue la licencia enviada a Colombia desde Chile.
-Sabemos que a nivel país hay una red de fraude, y el sector público no es una excepción. Pero igual que en el sector privado, cuando se prueba que alguien miente, debe haber consecuencias. En el sector privado, si alguien presenta una licencia falsa y el empleador lo descubre, esa persona está afuera al día siguiente y no tiene derecho a apelación. ¿Por qué debería ser diferente en el sector público? Especialmente cuando se trabaja con los recursos de todos los chilenos.
-Pero seguimos viendo estos casos…
-Esto refleja un problema más profundo y espero que esta situación sirva para poner el cascabel al gato. Por ejemplo, los paros de los profesores que hacen perder el año escolar a los niños. El Estatuto Docente es claro en que la ausencia injustificada de más de dos o tres días da derecho a remoción. ¿Se ha removido a algún profesor por esa huelga ilegal? ¿Se les ha descontado el sueldo? Hay una permisividad que es grotesca.
También tenemos otro fraude conocido en el Estado: las evaluaciones de los funcionarios. Todos sabemos que son falsas. Esta es la puerta de entrada para cambiar el Estatuto Administrativo, que está lleno de reglas que no tienen sentido y que no favorecen el buen uso de los recursos públicos ni una mejor gestión.
-¿Qué importancia tiene la tecnología para detectar estos fraudes?
-El Estado tiene graves problemas de información. El cruce de datos que realizó la Contraloría, aunque parece sencillo, debe haber sido complejo, ya que requiere bases de datos de distintos organismos que no tienen la misma solidez. Las personas creen que el Estado tiene todos los datos y puede hacer todos los procesos, pero no es así. Hago un llamado a mejorar la calidad de los datos, porque lo vivimos durante la pandemia. En el Ministerio de Hacienda sufrimos porque no teníamos los datos que supuestamente teníamos. Incluso hoy, los datos sobre las personas que están trabajando no son actuales, ya que provienen de las cotizaciones previsionales y tienen más de un mes de retraso.
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