-¿Qué le parece este escándalo de las licencias médicas en el sector público?
–Este es un síntoma de una crisis muy profunda del financiamiento del sistema de salud chileno, que se arrastra por muchos años. Durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se promulgó la primera ley que sanciona el mal uso de licencias médicas, que es la que se está utilizando en este momento para investigar posibles delitos o fraudes en el manejo de las licencias.
Estamos hablando de que el gasto en licencias médicas en Chile asciende a 3 billones de pesos al año, lo que representa aproximadamente un quinto del presupuesto de salud del país, y que se paga fundamentalmente con impuestos. Si se usa mal este beneficio o se entrega licencia médica a quienes no tienen justificación, estamos frente a un fraude al fisco. Es lo que la Contraloría ha comenzado a investigar con la última investigación.
-¿Debería haber un acuerdo transversal para resolver este problema?
–Este es, sin duda, uno de los problemas más importantes de la salud en Chile. Si se redujera un 10% del gasto en licencias médicas cada año, la lista de espera se resolvería en dos años. Muchos dicen que queremos más fondos para el sistema de salud, pero aquí hay claramente un mal uso de los recursos. No es cuestión de ahorrar, sino de gastar bien en lo que realmente importa: la salud de las personas.
Además de lo financiero, hay otra dimensión: los funcionarios públicos del sector salud tienen un 30% más de licencias médicas que el resto de los funcionarios. Esto se debe a la facilidad de acceso, ya que cada trabajador de salud en Chile tiene, en promedio, 35 días de licencia médica al año, lo que equivale al final a tener hasta cuatro semanas de vacaciones, además del mes de pagadas por las licencias.
-El informe de la Contraloría también cruzó información con los funcionarios que salieron del país…
–Exactamente. Lo que la Contraloría ha destapado es un verdadero escándalo. Al cruzar la información de los funcionarios que salieron del país, se encontró que 1.231.000 funcionarios públicos viajaron al exterior en el periodo investigado. De esos, 35.500 licencias médicas fueron entregadas a funcionarios que estaban fuera del país. En promedio, cada trabajador que salió del país tiene más de una licencia médica a su nombre. Algunos salieron varias veces.
-¿Cómo podría este fraude ayudar a solventar el gasto del sector público?
–Lo que tenemos que entender es que un buen gobierno es aquel que administra bien el Estado, pensando en todos los chilenos y en sus beneficios. No se trata de incorporar a 100.000 trabajadores más al Estado y permitir que exista esta sangría de recursos, que son pagados por todos los chilenos a través de impuestos y que se mal usan. Si esos recursos se usaran bien en la salud de las personas, podríamos resolver los problemas de quienes están en lista de espera, aquellos que no pueden operarse, los que realmente necesitan de esos recursos.
-Este es un abuso que no es exclusivo de este periodo…
–La magnitud del abuso actual no tiene comparación con los años anteriores. Fue el propio presidente Piñera quien promulgó la ley contra el mal uso de licencias médicas en 2012, no por capricho, sino por la gravedad de la situación. Además, él mismo presentó una nueva ley que fortalece los mecanismos de investigación de este tipo de fraudes, que ha sido recogida recientemente por la Contraloría y podría estar vigente la próxima semana.
-¿Qué cambios contempla esta ley?
–La nueva ley tiene varias modificaciones importantes. Por ejemplo, una persona que no esté acreditada ante la Superintendencia de Salud no podrá emitir licencias médicas. En el informe de la Contraloría del año pasado, se mencionó que había 560 médicos no acreditados que estaban emitiendo licencias.
También se está exigiendo que haya trazabilidad en las licencias médicas. Es decir, debe haber constancia de la consulta que justificó la licencia y del bono que se pagó por esa consulta. Esto facilitará la investigación administrativa y, eventualmente, la denuncia a la Fiscalía.
-¿Esperaría sanciones y que estas personas salgan del sector público?
–Este problema tiene dos vías. Una es la vía administrativa, donde las personas que cometen faltas, como emitir licencias médicas injustificadas, pueden ser sancionadas, incluso con la pérdida de su cargo. Pero la vía más importante es la investigación criminal, porque esto constituye un delito.
La Contraloría ha denunciado ante la Fiscalía que podría haber un uso irregular de 35.000 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. Es la Fiscalía quien debe investigar y, si se confirman responsabilidades, pedir la devolución de los dineros y aplicar las sanciones correspondientes. En el caso de los médicos, incluso podría considerarse la pérdida del derecho para emitir licencias médicas o, en casos extremos, la revocación de su licencia para ejercer la medicina.
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