-La directora de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha sugerido que no existen problemas con los plazos en la tramitación de proyectos de inversión, dado que, a su juicio, son las empresas las que retiran sus solicitudes. ¿Cómo lo interpreta?
-Hoy en día, la inversión en Chile está estancada. La pandemia, altas tasas de inflación y un deterioro en la clasificación de riesgo de Chile han limitado la inversión. Además, tenemos un exceso de tramitación para llevar adelante las inversiones, afectando a la legislación ambiental y a los permisos sectoriales. Por eso es importante que avancemos con la modernización de la Ley Medio Ambiental y los permisos sectoriales. No basta con obtener una resolución de calificación ambiental; también hay que obtener varios permisos sectoriales para desarrollar los proyectos.
–¿Uno va limitando al otro?
-Tenemos dificultades tanto en la evaluación ambiental como en los permisos sectoriales. El Servicio de Evaluación Ambiental cumple con los plazos para otorgar autorizaciones, pero las empresas a menudo solicitan suspensiones de plazo debido a la gran cantidad de consultas y comentarios recibidos de diversas entidades. La cantidad de comentarios y preguntas, algunas de ellas fuera de lugar, son tantas que los titulares de los proyectos requieren tiempo para llevar adelante su evaluación.
-¿Por qué ocurre este fenómeno?
-El SEA no tiene una función rectora del proceso más bien tiene una función coordinadora, derivando consultas a otras entidades como la Dirección General de Agua, Subpesca, CONAF, y la autoridad sanitaria. La cantidad de comentarios y preguntas, muchas veces fuera de lugar, obliga a los titulares de los proyectos a tomarse más tiempo.
-¿Por qué, a su juicio, no se colocan límites?
-No hay límites ni una función rectora del SEA que diga “esto corresponde que lo pregunte o no corresponde”. Hay entidades que hacen consultas más allá de sus atribuciones y competencia, lo que aumenta los plazos. No se trata de lavarse las manos como pretende el SEA y decir, “yo cumplo con los plazos”.
-¿Hacia dónde apunta en ese sentido el proyecto aprobado por la Comisión de Medioambiente del Senado?
-El proyecto propone una mirada integral, dando al SEA un nivel de rectoría. Así, el SEA decidirá si las preguntas, comentarios o aclaraciones de otras entidades son pertinentes o no, filtrando las consultas irrelevantes.
-¿Qué debería cambiar en su tramitación?
-El gobierno elimina el Consejo de Ministros y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, otorgando la facultad de decisión al Director Regional o Nacional de Organización Ambiental. Nos parece como oposición que eso es peligroso, porque si ya vemos que hay intervencionismo político en las Comisiones Regionales del Medio Ambiente con más de un integrante, es mucho más fácil hacer ese intervencionismo con una persona. Hay un riesgo de captura del cargo. La decisión final respecto a un proyecto debería ser colegiada para evitar presiones indebidas.
-¿Cómo debería integrarse ese cuerpo colegiado?
-Una buena forma sería como los tribunales ambientales. Hay entidades que tienen una autonomía que podemos mirar como la Comisión para el Mercado Financiero. Debe estar desacoplado de los ciclos políticos y no ser susceptible de presión indebida. No me gustan las comisiones con Seremis porque obedecen a los ministros y estos al Presidente, lo que facilita el intervencionismo, como vimos en el caso Dominga. Tanto así que cuando se votó su rechazo terminó con la renuncia de ministros de Hacienda y Economía.
-¿Cómo ve la disposición del Gobierno en esta problemática?
-La ministra Maisa Rojas, que algunos la tildan demasiado rígida en algunos temas, ha demostrado flexibilidad ante argumentos contundentes. En general, tanto organizaciones ambientales como industrias han señalado que no es bueno que la decisión sea unipersonal, sino colegiada.
Consejo de Monumentos Nacionales: “Es anacrónico”. El senador Gahona sostiene que además que se requiere revisar la legislación relacionada con el patrimonio. “El Consejo de Monumentos Nacionales es anacrónico, sin facultades regionales, y con un funcionamiento ineficiente. Se reúnen una o dos veces al mes para revisar una gran cantidad de situaciones, lo que no da abasto”, dice.
– Usted también integra la comisión de Obras Públicas, donde su presidente citó a varios personeros por la consulta indígena decidida por el Consejo de Monumentos Nacionales por el Hospital de La Unión.
– Coincidimos en que el Consejo de Monumentos Nacionales es una traba no menor, y que está un poco capturado por grupos de interés en materias de patrimonio y arqueología, que han generado mucho daño a la inversión en Chile y no solo a la inversión privada sino también a la inversión pública.
-En el sector privado hablan de falta de criterio.
-Hay un tema de proporcionalidad. No es lo mismo encontrar una vasija en una excavación que encontrar un cementerio indígena. Sin embargo, los procesos que se siguen son los mismos. Aquí tiene que haber más agilidad y una clarísima delimitación de los conflictos de interés que puedan haber entre el Consejo de Monumentos Nacionales y actores que se dedican a resolver las complejidades que presentan los proyectos de inversión en el ámbito del descubrimiento arqueológicos, en el desarrollo de las inversiones.
-¿Es una buena idea que algunos consejeros pertenezcan al Colegio de Arquitectos o al de Arqueólogos, que estén vinculados a los hallazgos?
-Claro, el mercado de la arqueología es muy pequeño y son los mismos actores que pasan de un lado a otro con el tiempo. No quiero prejuzgar ni acusar a nadie, pero me parece que efectivamente hay conflictos de interés enormes entre el Consejo de Monumentos Nacionales y los actores que tienen que solucionar los problemas. Entonces, necesitamos una legislación mucho más robusta, mucho más potente, necesitamos descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales, necesitamos mucho mayor transparencia y el manejo de los conflictos de interés.
– ¿Cómo se puede descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales?
– Hoy, todo pasa por un Consejo en Santiago. Hay que empoderar a las regiones y al Servicio del Patrimonio para que las decisiones sean más rápidas y eficientes. Hoy día, el Consejo de Monumentos Nacionales es una traba para el desarrollo de Chile. La cultura y el patrimonio deben ser protegidas, pero también tiene que ser resguardando el crecimiento y el desarrollo económico. El Consejo de Monumentos Nacionales debe ser más robusto y descentralizado, asegurando que la protección del patrimonio no obstaculice el desarrollo económico del país.
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Director de Concesiones del MOP y consulta indígena de Hospital La Unión: “Lamento que tengamos que hacerla”.https://t.co/MN1wiomaCo
— Ex-Ante (@exantecl) June 5, 2024
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