Qué sucedió. El Gobierno ingresó esta semana las indicaciones al proyecto de reforma previsional tras extensas negociaciones con la oposición. El acuerdo incluye una cotización adicional del 7%, distribuida entre fondos individuales, un Fondo de Seguridad Social y aportes a través del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para mejorar las pensiones de mujeres. Sin embargo, los análisis técnicos y fiscales comenzaron a tomar protagonismo, dado el impacto financiero de la reforma.
Negociaciones y acuerdos. Luego de un proceso marcado por tensiones entre el oficialismo y Chile Vamos, el Ejecutivo logró un acuerdo que mantiene el sistema de capitalización individual, incorpora elementos de solidaridad y refuerza el rol de las AFP en la administración de los ahorros. Entre los principales puntos del acuerdo destacan:
Impacto fiscal y estudios en curso. Según el análisis de BCI, el proyecto de reforma implicará un gasto fiscal en régimen superior a US$ 3.200 millones, acompañado de una reducción en ingresos tributarios por más de US$ 1.700 millones debido a cambios en incentivos fiscales. Este escenario subraya la necesidad de evaluar su impacto en el equilibrio fiscal.
Reforma estructural del sistema. El acuerdo no contempla una división de la industria de las AFP, uno de los temores iniciales, pero introduce licitaciones periódicas de un 10% del stock actual administrado para fomentar la competencia. Además, se busca incentivar a las mujeres a retrasar su edad de jubilación mediante beneficios adicionales.
Alcance de la reforma. De acuerdo a los antecedentes que aportó la Dirección de Presupuestos (Dipres), la reforma propuesta beneficiará a un universo cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, con beneficios que incrementarán sus pensiones totales entre 14% y 35%.
Desafíos legislativos. La reforma comenzó a ser votada en la comisión de Trabajo del Senado este jueves y una vez concluido el proceso en esta instancia deberá pasar a la comisión de Hacienda, antes de pasar a la Sala, que se espera sea el miércoles 22 de enero. Posteriormente, deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate más polarizado.
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