En noviembre y, con toda seguridad, en diciembre se elegirá a quién presidirá el país por los siguientes cuatro años a partir de marzo de 2026. Chile es hoy día un barco que hace agua por varios lugares y que no ha tenido las mantenciones necesarias para tenerlo en buen funcionamiento desde hace, por lo menos diez años. Más bien todo lo contrario. Se ha maltratado su casco y su maquinaria, de una manera tal que se le hace dificultoso seguir navegando.
Más concretamente, se ha destruido parte del capital social e inadvertidamente se ha promovido el individualismo más nocivo que pueda imaginarse, curiosamente por quienes propugnan una mayor intervención del Estado en quehaceres que no lo son propios o en los que su participación suele ser ineficiente, como actividades mineras o la educación superior. Como contrapartida, pensar o promover el bien común parece estar obsoleto.
Pero no es solamente un deterioro moral o cívico el que daña la evolución del país. También la regulación se ha transformado en un monstruo de mil cabezas en que nunca se evalúan sus costos y solo se enfatizan sus eventuales beneficios por nimios que puedan ser (salvar unos pocos arbolitos cuya especie no está en peligro de extinción) o se traspasan responsabilidades a los individuos ante la incompetencia estatal para protegerlos (grabado de patentes en los vidrios de los automóviles).
La atroz ineficiencia y despilfarro asociado a las licencias falsas (con o sin viajes incluidos) tiene un costo elevadísimo, que se puede medir sin mucha dificultad y que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar y para lo que no hace falta una comisión que nos haga olvidarnos del problema en unos meses más.
La estructura tributaria, por otro lado, es mucho peor que la de hace una década; más complicada y que ha avanzado en la desintegración del sistema, separando a contribuyentes empresas e individuos, lo que es un retroceso significativo y que va en contra de las recomendaciones de quienes entienden del tema.
Todo lo anterior y más, que no vale la pena repetir, ha tenido como consecuencia un deterioro significativo en la capacidad de crecimiento de la economía y de las cuentas fiscales y, lo más importante, en la capacidad del país de ofrecer oportunidades de desarrollo y buenas expectativas a sus habitantes. Hemos querido parecernos a Europa estando todavía muy lejos de ser un país de ese continente.
Dicho todo esto, es claro que la conciencia de la crisis nacional ha llevado a todos los aspirantes a la Moneda y a los partidos que los respaldan, a mostrar una preocupación especial por recuperar la capacidad de crecimiento de la economía.
Seguramente en varios casos esta preocupación responde más a que se trata de un tema que está muy valorado por la ciudadanía y no a una convicción propia, pero igual sirve. Probablemente es menos claro, que el tiempo para enmendar el rumbo no es infinito y que los próximos cuatro años pueden ser decisivos y la última oportunidad para mantener el apego ciudadano por la democracia y lejos de los caudillismos que prometen soluciones “fáciles” a los problemas.
Cómo, por otro lado, no es posible hacerlo todo en cuatro años y menos con un Congreso fragmentado, populista y díscolo, necesariamente hay que enfocarse en unos pocos temas prioritarios que tengan gran impacto.
Mi propuesta es que estos temas sean vivienda, infraestructura y energía.
Vivienda es particularmente importante porque permitiría reducir el déficit habitacional, con el impacto social que ello tiene, genera empleo en una actividad que es intensiva en mano de obra, en un sector en que la ocupación está estancada hace cuatro años y se mantiene por debajo de su nivel de 2019. Además, tiene efectos multiplicadores sobre otras actividades proveedoras de insumos y se puede desarrollar a lo largo de todo el país.
Parece natural enfatizar el lado de la oferta porque contribuirá a estabilizar los precios, al contrario de lo que sucede con medidas que estimulan la demanda vía diversos mecanismos de subsidio. Esto requiere tomar medidas que reduzcan el costo del suelo y su participación en el costo total de la construcción, para lo que hay que modificar las regulaciones que limitan la construcción y densificación.
También puede facilitarse la construcción para arriendo en terrenos fiscales, pero concesionando la construcción, financiamiento y administración a privados bajo un conjunto de normas de calidad, equipamiento y costo del arriendo.
La inversión en infraestructura fue fundamental en el pasado reciente, especialmente en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos, pero 20 años después las carreteras tienen capacidad insuficiente, es necesario llegar con trenes a los puertos y adaptar estos a las necesidades del futuro.
Es también el caso de hospitales, aeropuertos, embalses y plantas de desalinización, todo lo cual puede realizarse a través de concesiones, como en el pasado, pero liberando la tramitación que retarda los avances y el inicio de las obras. Para esto las concesiones deben entregarse con todos los permisos preaprobados.
Finalmente, en el caso de la energía, la lección del gran apagón de febrero no puede ignorarse. Es necesario reforzar la distribución, la transmisión y el almacenamiento de energía, así como hacerla más confiable manteniendo en operación centrales térmicas que tienen mayor inercia que las fotovoltaicas y eólicas.
Para esto puede ser necesario retrasar la salida del sistema de aquellas centrales contaminantes que proveen de respaldo a la generación. En este caso también debería haber un proceso expedito de aprobación y concesión. En el caso de la distribución, toda aquella tecnología que habría ayudado a detectar sectores sin servicio (como durante el apagón del invierno pasado) debe ser implementada.
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