El desprestigio de las instituciones más relevantes del país, léase Poder Judicial, Poder Legislativo y Presidencia se encuentra en niveles bajísimos y siempre hay un escalón más bajo que pueden alcanzar. En algunos casos cerca del límite de lo posible. La remoción de dos jueces de la Corte Suprema, por mucho que una de ellas pueda ser discutible; la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado desde hace mucho tiempo, así como la aprobación presidencial luego del incompetente manejo del “affaire” Monsalve, mantienen al edificio institucional de Chile al borde del derrumbe.
Si a lo anterior se suma, que hay evidencia clara de que los “poderosos” tienen la cancha desnivelada a su favor, es fácil entender el escepticismo de la población en general (“los de a pie”) y su escasa disposición a votar, no obstante lo relativamente bajo de la multa por no hacerlo, en el caso que alguien intente cobrarla.
Los resultados de las elecciones múltiples del 26 y 27 de octubre son prueba de lo anterior. Aunque la participación electoral fue extremadamente elevada, casi 85%, la cantidad de votos nulos y blancos también lo fue, especialmente respecto de cuando votar era voluntario. Especialmente en el caso de COREs (casi 26%) y concejales (más de 21%), pero también en el de alcaldes (casi 11%) y gobernadores (casi 18%), quedó reflejado el poco interés por votar y la escasa confianza en que servirá de algo. Esto es sumamente preocupante, pero parece no importarle mucho a quienes se mueven en los ámbitos del poder.
Lo positivo de los resultados es que quienes sí se dignaron a marcar una preferencia tendieron a la moderación y a alejarse de los extremos, prefiriendo votar por quienes han mostrado, en la práctica o en el discurso, una actitud propositiva y disposición a resolver los problemas. Tal vez el caso más emblemático es el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reelecto con una masiva mayoría por su gestión, alejada de las tendencias dogmáticas y doctrinarias de su partido. Lo mismo vale para Las Condes.
No obstante lo anterior, cuando se evalúa con una perspectiva algo más analítica el significado de los resultados de la jornada electoral del último fin de semana de octubre, se concluye que, por una parte, se produjo el normal retroceso de las fuerzas políticas que están o apoyan al gobierno y una recuperación de aquellas que están en la oposición y malos resultados, especialmente en la derecha, para los partidos más extremos.
Por otro lado, también quedó demostrado que la inclinación a votar a favor o en contra del gobierno divide a los ciudadanos casi por mitades. Si se suma la votación de los partidos de centro-derecha y derecha (Chile Vamos y Republicanos) se obtiene 42% y si se hace lo mismo con los partidos que están en el gobierno (Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Partido Radical, Partido Liberal y FRVS), la suma da algo más de 36%, mientras que si se suma a todos los que se declaran de oposición (o parecen serlo), el total llega a 53%.
Estos resultados, siendo favorables para la oposición, en ningún caso son como para celebrar mucho, toda vez que la incompetencia que ha exhibido regularmente el gobierno, incluyendo el caso Monsalve a solo días de la votación, revela un apoyo sólido al oficialismo casi sin importar lo que haga. Esto es complicado porque nos lleva a algo mucho más importante.
Hay mucho consenso técnico respecto a lo que debe hacerse para que Chile recupere el lustre de los primeros 20 años desde la vuelta a la democracia. Para dar oportunidades a todos y financiar las necesidades sociales es necesario crecer mucho más rápido de lo que indican las actuales estimaciones de crecimiento tendencial.
También hay consenso respecto de que para lograrlo y alcanzar metas razonables de acortamiento de la brecha que nos separa de los países más desarrollados es necesario hacer muchas reformas que permitan acelerar el crecimiento, especialmente de la productividad, pero que para poder hacerlo parece imprescindible reformar el sistema político y, particularmente, el sistema electoral. Además, entre otras muchas cosas, reducir significativamente el costo en que se incurre actualmente para obtener la aprobación de los permisos necesarios para iniciar los proyectos.
Las reformas en cuestión requieren de un amplio apoyo ciudadano y legislativo que, la actual composición del Congreso y la que se puede deducir de los resultados de las elecciones del 26 y 27 de octubre es que ese consenso no existe y que, incluso, hay una sólida minoría que no cree en la necesidad ni la conveniencia de que nuestra economía crezca más rápido.
Ciertamente, no es suficiente que Evelyn Matthei llegue a ser Presidente en un año más (o cualquier otro candidato/a), porque no va a tener el apoyo necesario para hacer casi nada (por ejemplo pensiones) y con el sistema electoral vigente es imposible que en el Congreso estén representados unos pocos partidos disciplinados que puedan negociar y ponerse de acuerdo a partir de propuestas bien estructuradas, razonables y completas.
Ya nos pasaron Panamá y Uruguay y, en los próximos pocos años, puede que también lo hagan Costa Rica y República Dominicana, tal vez, incluso Argentina, pero la decadencia parece bastante probable, alejándonos cada vez más de los países más exitosos, incluyendo los de nuestra segunda división ¡Sálvese quien pueda!
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Roba, pero hace. Por María Jaraquemada.https://t.co/fZTUaKpFCP
— Ex-Ante (@exantecl) October 30, 2024
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