Muchas sorpresas tuvimos el fin de semana pasado electoral. Algunas contiendas muy peleadas que se contaban voto a voto, otras donde las encuestas indicaban resultados estrechos que no lo fueron y algunos triunfos quizás no tan esperados. Pero también la sorpresa vino porque, al menos en cinco ocasiones se (re)eligió a personas con investigaciones más o menos avanzadas de posibles irregularidades en el gobierno municipal.
Los casos más sonados son el del reelecto alcalde la comuna de Coronel quien será formalizado en una causa por cohecho tan solo tres días después de asumir su nuevo periodo, el 9 de diciembre. En Linares, y a pesar de cumplir arresto domiciliario nocturno por fraude al fisco, Mario Meza fue reelecto con una mayoría no despreciable. Y así otros casos bastante bullados. Recordemos que, según cifras del Ministerio Público, hay un poco más de 640 investigaciones por posibles irregularidades que se cursan contra gobiernos locales.
Pero, si la ciudadanía rechaza tanto la corrupción, ¿qué les lleva a votar por estas personas a pesar de varias investigaciones en contra? Se trata de un tema que nos volvemos a preguntar en cada elección que se dan casos como los anteriores. Si miramos una encuesta realizada por Espacio Público e Ipsos, la predisposición a votar por personas involucradas en corrupción ha aumentado desde el año 2019. En dicho año, un 79% de las personas encuestadas declaraba que era muy probable que decidieran no votar por su candidato si supieran que recibió un soborno vs un 60% el año 2023.
De un modo similar, en una encuesta realizada por la Corporación Andina de Fomento del año 2019 en la región -que no se caracteriza precisamente por tener buenos indicadores en la lucha contra la corrupción- más de un 10% se manifestaba a favor de votar por una persona acusada de corrupción si se trataba de un funcionario competente, poco más de un 8% por alineación ideológica, alrededor de un 6% porque le significaría un beneficio a un familiar, entre otras “atenuantes”. Sin embargo, un poco menos de un 6% manifestaba que votaría a favor sin mediar una circunstancia atenuante como las anteriores.
Como ya señalaba Eduardo Engel en una columna del año 2017, este fenómeno ocurre no solo en países latinos, sino también en otros como Japón y Estados Unidos, considerados desarrollados y que suelen tener mejores indicadores de Estado de Derecho y de integridad que nuestra región.
En la misma columna, se comenta como a través de la publicidad y transparencia de los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría brasileña, se había detectado un efecto castigador a aquellos que encabezaban comunas con hallazgos por parte de dicha entidad fiscalizadora. Es decir, el hecho de contar con la información, llevó a las personas a tomar otras decisiones.
Otro estudio realizado recientemente en Chile, denominado “Información y Democracia. ¿Cómo responden los votantes ante información sobre resultados educacionales?” concluyó que “la información en educación tuvo efecto cuando se presenta el nivel de desempeño del municipio en comparación con los otros, no así cuando se presenta el cambio de desempeño del mismo municipio en el tiempo”, siendo castigados los ediles incumbentes cuando este desempeño resultaba negativo.
Lo anterior nos indica que, al parecer, cuando existe información disponible al público y en términos comparativos con otras comunas, las personas lo consideran a la hora de votar y no reelegir a alcaldes/as con desempeño negativo o con indicadores de posibles irregularidades. De hecho, en Chile, también hubo otros casos donde quienes lideraban los gobiernos locales teniendo investigaciones de posible corrupción, no fueron reelectos (aunque es difícil saber si esa es la razón de peso de haber perdido el cargo).
Mientras tengamos más casos de posible corrupción, es posible que comencemos a normalizar este fenómeno y que, castiguemos menos a las personas involucradas. Así al menos ocurre en muchos países, donde se considera que al ser todas las alternativas posiblemente corruptas, mejor escoger al que “roba, pero hace”. Así ha ocurrido en países azotados por la corrupción, como en México, donde un ex alcalde conocido como Layín, quien años atrás confesó haber robado “pero poquito” al ayuntamiento de San Blas, este año buscaba un tercer mandato.
Es de esperar que nuestra institucionalidad reaccione de modo adecuado, realizando las reformas hace tanto tiempo diagnosticadas y persiguiendo y sancionando estas conductas tan graves. Si no, no nos extrañemos que los “Layines” de nuestro país, busquen la reelección con tan poco pudor como el mexicano.
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