Por qué los 6 integrantes del Comité de Ministros se inhabilitaron para votar Dominga (y el proceso de reemplazo)

En una sesión extraordinaria, el Comité de Ministros, liderado por la ministra Maisa Rojas, anunció que los 6 integrantes se inhabilitarán de votar nuevamente sobre el proyecto minero Dominga, argumentando que ya emitieron su posición en enero de 2023. Además, solicitaron a la Contraloría General de la República definir la nueva conformación y presidencia del comité que deberá resolver sobre la iniciativa de Andes Iron. Paralelamente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar anular el fallo que reabrió el proyecto.

Por qué importa. En una reunión extraordinaria llevada a cabo este lunes, el Comité de Ministros revisó el fallo emitido el pasado 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental, que anuló la resolución de enero de 2023 en la que el Comité había rechazado el proyecto minero Dominga, de la empresa Andes Iron.

• La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue la encargada de anunciar que el Comité de Ministros, que lo integran las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, anunció su decisión de inhabilitarse para participar en una futura votación sobre el proyecto.
• Según explicaron, esta medida responde a que ya emitieron sus votos en la sesión de enero de 2023.
• Adicionalmente, el Comité acordó solicitar un pronunciamiento a la Contraloría General de la República para aclarar tanto la conformación como la presidencia del nuevo Comité de Ministros que deberá resolver sobre el proyecto Dominga.
• “Los ministros que integramos el comité nos inhabilitaremos de participar de una próxima sesión que resuelva el proyecto Dominga. Nos inhabilitaremos porque ya nos pronunciamos, con nuestro voto en el Comité de Ministros que se realizó el 18 de enero de 2023”, dijo en un punto de prensa la secretaria de Estado.

La inminente inhabilitación. Tal como lo adelantó Ex-Ante hace una semana, en el Comité Político del 16 de diciembre, la ministra Rojas dejó entrever que se inhabilitaría puesto que “no tiene otra opción”, y que se estaba evaluando la interpretación de que deberían inhabilitarse todos los ministros que componen la instancia ambiental por el hecho de haberla votado en en enero de 2023.

• Según abogados expertos en la materia, cada ministerio tiene un orden de prelación y un reglamento interno distinto. Es decir, en un ministerio puede ser el subsecretario el sustituto y en otro el jefe jurídico u otro. También pueden haber resoluciones internas, que indiquen designados para cada caso.

La ofensiva del SEA. En el anunció también se mencionó que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros, presentó este lunes un recurso de casación en la forma y en el fondo a la Corte Suprema.

• El objetivo de este recurso es impugnar la sentencia del tribunal y defender la legalidad de la resolución del Comité de Ministros que sesionó el 18 de enero de 2023. Además, se solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve por la Corte Suprema.

Los argumentos. En un documento de 161 páginas, el organismo sostiene que la sentencia del Tribunal contiene múltiples fallos que invalidan su decisión, señalando específicamente que se aparta de “los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y la obligación de fundamentar la sentencia”.

• El recurso también argumenta que “la sentencia del Tribunal incurre en la vulneración del principio de la razón suficiente al no ponderar la prueba relativa a la falta de suficiencia de las medidas para hacerse cargo del Pingüino de Humboldt”.
• Además, se acusa que el fallo reconoce como válidas ciertas medidas de mitigación presentadas por Andes Iron que no fueron formalmente incorporadas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Por otro lado, señala que las medidas efectivamente incluidas en la RCA “carecen del nivel de detalle y robustez técnica” necesario para abordar los impactos ambientales identificados.
• “Si bien las medidas propuestas por el Titular -Andes Iron- podrían parecer más completas que las consignadas en la RCA, esto no implica que sean idóneas ni suficientes para mitigar los impactos significativos identificados. Estas propuestas no solo carecen de un diseño técnicamente validado, sino que tampoco cuentan con mecanismos de implementación claros ni con un sistema de monitoreo adecuado que permita evaluar su efectividad a lo largo del tiempo”, enfatiza el escrito.
• El documento subraya que “sólo las medidas formalmente consignadas en la RCA tienen carácter obligatorio, ya que este es el instrumento fiscalizable que establece las condiciones vinculantes para la ejecución del Proyecto”. Asimismo, recalca que “las medidas propuestas no garantizan la protección adecuada de la biodiversidad ni la prevención de impactos significativos”.
• El recurso además detalla una serie de deficiencias relacionadas con la línea base del proyecto, incluyendo errores en la delimitación del área de influencia en el medio marino, problemas en la evaluación de los impactos de la instalación de boyas y contradicciones en el análisis del ruido submarino, entre otros aspectos.

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