Permisología: A cuánto ascendió su millonario impacto económico durante el último año de Boric

Un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián estima que los retrasos en la tramitación ambiental significaron una pérdida económica de casi US$3.000 millones en 2025. Ese año, tres de cada cuatro proyectos evaluados estuvieron atrasados. A mayo de 2026, las iniciativas demoradas suman US$61 mil millones en inversión potencial.

Lo nuevo. La permisología sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para la inversión en Chile de acuerdo al estudio del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. La entidad calculó que el costo económico asociado a los retrasos en la tramitación ambiental alcanzó los US$2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

• La cifra forma parte del Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), que busca medir la pérdida económica generada por el retraso en la puesta en marcha de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
• El cálculo considera variables como el monto de inversión, la rentabilidad esperada de los proyectos, los tiempos de tramitación y los retrasos respecto de los plazos previstos.
• El informe plantea que el problema no está en la existencia de la evaluación ambiental, sino en la extensión de los procesos más allá de los tiempos esperados.
• “La autorización ambiental de proyectos es de la máxima relevancia, pues busca proteger la salud de las personas y nuestros ecosistemas. Sin embargo, la institucionalidad se deslegitima si no es posible agilizar su operación”, indica.

Telón de fondo. El informe describe cómo la permisología genera una actividad económica no generada, oportunidades laborales postergadas e ingresos que no llegan a las familias que podrían haberse beneficiado. Durante 2025 tres de cada cuatro proyectos presentaron retrasos en su tramitación ambiental, equivalentes al 77% del total.

• A mayo de 2026, el 72% de los proyectos que seguían en calificación presentaba retrasos y acumulaba inversiones por US$61.375 millones.
• La aprobación de esas iniciativas, de acuerdo con el informe, permitiría generar cerca de 40 mil empleos durante su etapa de construcción, más de 23 mil en operación y otros 11 mil en la fase de cierre.
• El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, sostuvo que “la permisología es una de las principales barreras microeconómicas para el desarrollo”.
• Agregó que cuando los tiempos de tramitación exceden los plazos fijados por el propio Estado, “se afecta la valorización económica y financiera de los proyectos, se retrasa la inversión y se bloquea la generación de empleo”.

Dónde se concentra el problema. Por sector económico, infraestructura registró los mayores tiempos promedio de tramitación ambiental en 2025, con 444 días. Le siguieron minería, con 385 días; otros sectores, con 358 días; energía, con 349 días; e inmobiliario, con 325 días.

• La minería fue el sector con mayor aumento respecto de 2024: sus tiempos de tramitación subieron desde 322 a 385 días promedio, un incremento cercano al 20%. Para el estudio, esto es especialmente relevante por el peso de la minería en la inversión, las exportaciones y la recaudación fiscal.
• El investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS y encargado del estudio, Cristóbal de la Maza, identificó tres factores detrás del deterioro: el aumento sostenido de las exigencias regulatorias, la falta de alineamiento entre servicios públicos y un Servicio de Evaluación Ambiental que no ha sido reforzado al ritmo de la nueva carga regulatoria y de participación ciudadana.

La inversión que sí avanzó. El informe también muestra un repunte relevante en la inversión aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a los retrasos anteriores. Los 380 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable alcanzaron US$42.581 millones en inversión potencial durante 2025, lo que representa un alza de 106% respecto de 2024.

• Los cinco proyectos más grandes concentraron US$9.655 millones, equivalentes al 22% de la inversión aprobada en el año.
• Por sectores, energía lideró con US$20.068 millones, seguida por minería, con US$9.136 millones; otros sectores, con US$5.037 millones; infraestructura, con US$4.693 millones; e inmobiliarios, con US$3.647 millones.

Los proyectos en espera. Entre los 10 proyectos actualmente en tramitación con mayor inversión potencial aparecen dos iniciativas de hidrógeno y amoniaco verde en Magallanes: H2 Magallanes, por US$16.000 millones, y HNH Energy, por US$11.000 millones.

• También figuran proyectos mineros relevantes en Antofagasta, como la continuidad operacional de Minera El Abra y obras de Escondida, además del Puerto Exterior de San Antonio.
• En conjunto, esos 10 proyectos suman US$52.351 millones, equivalentes al 55% de los US$94.810 millones que se encontraban en calificación. La lectura del informe es clara: la permisología ya no aparece solo como una discusión administrativa, sino como una variable macroeconómica que incide en crecimiento, empleo y competitividad.

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