En la página 8 del documento “Desafío 90”, que orienta los primeros meses del nuevo gobierno, se señala que: “en lugar de trenzarse hoy en una reforma técnica y políticamente compleja, nos abocaremos —junto con la Contraloría— a aplicar la normativa vigente y realizar ajustes legales específicos”. La reforma en cuestión es el Estatuto Administrativo, que rige el empleo público desde 1989 y se ha convertido en una verdadera camisa de fuerza para cualquier esfuerzo modernizador del Estado.
La decisión es comprensible desde la lógica de la urgencia. Pero también es preocupante: se está dejando pasar una ventana política única para avanzar en una transformación estructural que es condición habilitante para muchas de las prioridades que el mismo gobierno ha trazado en seguridad, crecimiento, educación o salud.
Seamos honestos: ninguna ley, reglamento, instrucción presidencial o incluso auditoría, puede reemplazar el impacto que tienen los funcionarios públicos en los servicios que entrega el Estado.
Una reforma de estas características requiere liderazgo y capital político para enfrentar a los distintos grupos de interés (y vaya que los hay en este caso). Y esta es justamente la carta a favor que tiene el gobierno de Kast. Inicia su mandato con el nivel de aprobación ciudadana más alto desde que hay registro (57%); cuenta con las presidencias de ambas cámaras y una abrumadora mayoría en las presidencias de las comisiones de la cámara baja (70%). ¿Por qué no usar ese capital político —escaso y transitorio— en la reforma que tendría el mayor impacto para modernizar nuestro anquilosado Estado? ¿Si no es ahora, cuando?
Una carrera funcionaria que premie el mérito, que diferencie con claridad entre funcionarios de carrera y asesores de gobierno, que establezca un sistema único, exigente y abierto de ingreso, y que cuente con evaluaciones reales, vinculadas a resultados, debería lograr aunar posturas y ser una prioridad nacional.
Los grupos que abogan por una mayor estabilidad para los funcionarios deberían ser los más interesados en empujar una reforma de estas características. Recordemos que a la fecha hay 294.145 empleados públicos (55% del total) bajo un precario régimen de contrata, que producto de distintas interpretaciones de Contraloría y fallos judiciales, viven en una permanente incertidumbre jurídica respecto a la continuidad de sus empleos.
Los grupos que abogan por una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos también deberían empujarla. Con profesionales de la salud de primer nivel se podría aumentar el uso de pabellones (hoy, según la CNEP, utilizados apenas un 53% del tiempo) y reducir las listas de espera.
Con directivos que realmente sepan de educación se podría mejorar la gestión de los SLEP y, de paso, evitar los tristes casos de fiestas en limusinas y contrataciones irregulares en Atacama. Con buenos incentivos y rendición de cuentas para los evaluadores de proyectos, los tiempo de tramitación de la “permisología” caerían drásticamente.
Por último, y más importante, crear una carrera funcionaria técnica, con proyección en base al mérito, lograría devolverle el Estado a los chilenos y sacarlo de las manos de los grupos políticos que lo han utilizado como agencia de empleo en base a afinidades políticas (caso Democracia Viva, entre otros). Con esto, sin duda, aumentaría los chilenos que hoy confían en el Estado, los que hoy son apenas un tercio de la población (OCDE, 2025).
Una reforma de estas característica, alejada de las lógicas de “motosierras” o “parásitos”, es fundamental para solucionar las urgencias de hoy, de manera permanente. Ojalá que el gobierno tome nota y la incluya en su agenda actual, tal como lo tenía en su programa de campaña (página 28). Las propuestas existen y las condiciones políticas —al menos hoy— lo acompañan.
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