Marzo 19, 2025

Órdenes ejecutivas y programas de diversidad. Por Soledad Baeza

Abogada. Socia fundadora de AV Global Compliance.

En Chile, la diversidad en los directorios ha evolucionado a un ritmo lento afectando la imagen de las empresas y su capacidad para innovar. Pero hasta ahora el acento en la discusión se ha centrado en el género –porcentaje de hombres versus porcentaje de mujeres– encontrándonos lejos de abordar la diversidad en su concepto amplio.


Desde la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump –e incluso antes– algunas grandes empresas decidieron desmarcarse eliminando o reduciendo sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Así, con el fin de alinearse con las declaraciones de la nueva administración proclamadas en su campaña el 2024, empresas como Meta, Walmart, Ford, McDonald´s y otras multinacionales anunciaron públicamente un giro radical con respecto sus políticas DEI.

El nuevo presidente fue enfático en comprometerse a poner fin a los DEI en todo el gobierno federal y en las universidades financiadas por el Estado, cerrando la Oficina de Diversidad e Inclusión. Sin embargo, algunas firmas como E.I.f. Beauty –una popular marca de cosméticos– se ha resistido a poner fin a sus programas DEI argumentando que han podido corroborar los beneficios en su propio negocio. La firma –que cotiza en bolsa con un directorio conformado por un 78% de mujeres y un 44% de personas de color– defiende los esfuerzos en favor de la diversidad en un momento en que estas iniciativas están siendo atacadas en todo Estados Unidos.

Pero como era de esperarse con la orden ejecutiva contra el DEI –y con muchas otras emanadas por la nueva administración– en febrero de 2025, un juez federal de Maryland emitió una orden judicial preliminar (medida cautelar) que bloquea temporalmente disposiciones importantes de dos de las órdenes ejecutivas de la administración de Trump que apuntan a los programas DEI, argumentando que era probable que los demandantes tuvieran éxito en sus impugnaciones basadas en la Primera y la Quinta Enmienda –libertad de expresión y debido proceso, respectivamente– de la Constitución de los Estados Unidos.

La demanda fue entablada por la ciudad de Baltimore junto con un grupo de asociaciones que buscaban bloquear las órdenes ejecutivas argumentando que generaba daños a las asociaciones y a la ciudad, lo que fue admitido por el juez agregando que la administración Trump puede perseguir sus objetivos políticos, pero no violando la Constitución.

Si bien, la orden del tribunal brinda un alivio temporal, no impide que la administración Trump emprenda acciones de cumplimiento individuales contra empresas que cree que operan programas DEI ilegales (incluidas acciones de cumplimiento del Departamento de Justicia y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el empleo), entre otras cosas.

Las órdenes ejecutivas son una herramienta poderosa mediante la cual el presidente emite instrucciones formales al poder ejecutivo, las agencias y los funcionarios sobre cómo llevar a cabo el trabajo del gobierno federal. Las impugnaciones y su posterior revisión judicial son habituales y será la Corte Suprema de los Estados Unidos quien decida el destino final de dichas órdenes y cuáles prevalecerán y cuáles no. 

Lo anterior invita a las empresas a reflexionar en serio sobre su propósito en el actual entorno, más exigente que antes, producto de las intensas demandas a que se vieron sometidas por sus stakeholders, verificando si sus programas DEI –lo mismo vale para los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, por sus siglas en inglés– estaban sustentados en una creencia real de la empresa o más bien sus declaraciones obedecían a un contexto político determinado.

De nada sirven los programas o declaraciones que adhieren a lo que en su momento se estima  políticamente correcto, porque más temprano que tarde, los clientes, inversores, trabajadores, comunidades y la sociedad en general, se darán cuenta que lo que “dice la empresa que hace” no coincide con lo que “la empresa realmente hace”. 

En Chile, la diversidad en los directorios ha evolucionado a un ritmo lento afectando la imagen de las empresas y su capacidad para innovar. Pero hasta ahora el acento en la discusión se ha centrado en el género –porcentaje de hombres versus porcentaje de mujeres– encontrándonos lejos de abordar la diversidad en su concepto amplio, a pesar de que muchos estudios demuestran que equipos diversos en todo su espectro toman mejores, decisiones particularmente aquellas complejas y en contextos cambiantes.

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