Ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos que modifica – entre otros cuerpos legales – la ley que atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas, las empresas se encuentran actualizando su modelo de prevención de delitos para ajustarlo a los nuevos estándares que den cuenta cuándo se encuentra efectivamente implementado y adecuado para eximir a la compañía de responsabilidad penal de acuerdo a su giro, objeto social, tamaño, recursos, etc.
Asimismo, algunas organizaciones están reestructurando sus áreas de compliance con el fin de robustecerlas de modo que sean percibidas como una herramienta útil e indispensable en la tarea que el Estado les ha encomendado a los altos directivos en la prevención, detección y reacción frente a los delitos que puedan comprometer penalmente a los mismos en cuanto personas naturales y a la empresa en tanto persona jurídica.
Otra definición se relaciona con el nombramiento del oficial de cumplimiento y sus funciones, centrándose la mayoría de las empresas en aspectos tales como si será interno o externo, abogado o auditor, si trabajará dentro del equipo legal o dentro del área de auditoría.
Todo pareciera indicar que los gobiernos corporativos de las empresas han comprendido que el compliance es su mejor aliado no solo para ayudarlos en la tarea de gestionar sus riesgos, sino también para concretizar la transparencia, las buenas prácticas y el comportamiento empresarial responsable a la hora de definir la estrategia de sus negocios – cuestión indispensable para la sostenibilidad de la compañía – demostrando que ya no solo prestan atención a los indicadores financieros, sino que han incorporado los intereses y expectativas del resto de los grupos de interés como las comunidades, los clientes, los proveedores y los trabajadores, entre otros.
Pero ¿es esto así realmente o es lo que queremos creer? ¿Están las empresas tomándose el compliance en serio?
La respuesta, lógicamente dependerá de la cultura y del grado de compromiso de los líderes de cada organización en materia de cumplimiento. Quienes asesoramos a las compañías en compliance nos hemos encontrado con que algunas están muy preocupadas de las sanciones penales para los altos ejecutivos – creyendo erróneamente que existe responsabilidad penal por el solo hecho de ocupar un cargo – explicándoseles que solo en el caso que el directivo participe en la comisión de un delito dentro del contexto empresarial, aumenta la probabilidad de cárcel efectiva, dado el nuevo régimen de penas de la criminalidad económica.
Por otra parte, respecto al oficial de cumplimiento – la ley habla de uno o más sujetos responsables – la decisión de su designación, en lugar de centrarse en las competencias, la remuneración adecuada acorde a sus responsabilidades y al presupuesto anual para que pueda ejercer adecuadamente su cargo, algunos clientes preguntan directamente por la mejor forma de “ahorrarse este costo”.
Y finalmente, nos encontramos con las ofertas de trabajo que se publican pidiendo una serie de exigencias a los(as) candidatos(as) – tales como conocimientos profundos en libre competencia, protección de datos, ciberseguridad, lavado de activos, medioambiente, manejo del canal de denuncias, investigaciones internas, matrices de riesgo, acoso laboral y conocimiento de leyes nacionales e internacionales, entre otros requisitos – y todo esto por un sueldo irrisorio para lo cual, además, solicitan personas con hasta 2 o 3 años de experiencia en compliance.
¿De verdad una empresa seria cree que una sola persona puede abarcar toda esa gama de especialidades del compliance? Cuando se conversa con los oficiales de cumplimiento muchos manifiestan sentirse solos, aislados y sobrepasados en sus labores, sin que exista la necesaria conexión entre ellos y los dueños de los procesos críticos dentro de la empresa, cuestión fundamental para que el compliance funcione bien.
Este panorama refleja que todavía para algunas empresas el compliance sigue siendo visto como un costo en lugar de una inversión, como algo que entraba el negocio, en lugar de comprender que ayuda a que sea sostenible en el tiempo. Se lo percibe como algo ajeno a la empresa y no como una oportunidad para mejorar su imagen, aumentar la confianza de los inversionistas y de la comunidad.
No hay conciencia de que el gobierno corporativo es quien toma las decisiones y es la cara visible ante los terceros por lo que es imperativo que se incorpore al compliance en el propósito y estrategia del negocio para tomar buena decisiones y cumplir con el deber que le ha impuesto el Estado como garante de evitar la comisión de ilícitos al interior de la organización.
¿Esto es compliance en serio? Juzgue usted.
Sergio Lehmann de BCI: “La permisología sigue siendo una enorme roca en el camino para la inversión”.https://t.co/XP41c7tWMW
— Ex-Ante (@exantecl) July 30, 2024
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