El crecimiento minero más relevante de Sudamérica no reconoce fronteras. Y si queremos aprovecharlo de forma estratégica y sostenible, Chile y Argentina deben pensarse como un solo ecosistema andino.
En los últimos meses, los anuncios de hallazgos de cobre y oro en el distrito Vicuña, especialmente en San Juan (Argentina), han convertido a esta zona en un foco clave para la minería global. Lunahuasi, proyecto de NGEx Minerals, es el caso más emblemático: sus perforaciones indican un sistema de pórfido de altísimo potencial, comparable a Filo del Sol o Josemaría. A ello se suman iniciativas como Los Azules (McEwen Copper) o las inversiones de Kobrea y AbraSilver, consolidando un verdadero boom minero argentino.
Pero este auge no ocurre en un vacío geológico. En la región chilena de Atacama, justo al otro lado de la cordillera, se encuentran operaciones como Candelaria y Caserones, junto a nuevas exploraciones con alto potencial. La geografía no reconoce divisiones políticas: la riqueza mineral es continua, y eso exige una mirada compartida.
Este contexto plantea una oportunidad histórica para consolidar un polo minero andino robusto y sostenible. El primer paso es entender que este desafío no es solo técnico o extractivo, sino también político e institucional. Chile y Argentina necesitan una visión común de largo plazo que contemple cuatro pilares: planificación territorial integrada, infraestructura compartida, armonización regulatoria y sostenibilidad ambiental.
Un ejemplo concreto: hoy no existe una estrategia coordinada para optimizar corredores logísticos como el paso de Agua Negra, ni redes energéticas que beneficien operaciones a ambos lados de la frontera. Tampoco hay una institucionalidad binacional estable que permita gestionar este ecosistema, al estilo de zonas de frontera en la Unión Europea.
Implementar esta visión no será fácil. Hay diferencias en regímenes tributarios, permisos ambientales y criterios de participación comunitaria. También faltan certezas regulatorias y mecanismos de coordinación. A eso se suman resistencias sociales legítimas por el uso del agua o los impactos en ecosistemas frágiles.
Pero no se parte de cero. Chile y Argentina cuentan con un Tratado de Integración y Complementación Minera (1997), pionero a nivel mundial. Aunque su implementación ha sido limitada, podría ser actualizado y revitalizado como base para una nueva institucionalidad que dé gobernanza al desarrollo minero transfronterizo. Además, iniciativas como la Mesa del Cobre en Chile o los planes estratégicos de provincias argentinas pueden nutrirse mutuamente si hay voluntad política.
La propuesta no es utópica. Otros sectores han demostrado que la colaboración transfronteriza es posible cuando existe una hoja de ruta clara. En minería, esa hoja de ruta podría incluir una Mesa Binacional de Planificación Minera, integrada por autoridades, empresas, comunidades y expertos, con capacidad de diseñar infraestructura conjunta, armonizar normativas y resolver controversias.
También es clave avanzar en formación técnica coordinada. Centros de formación chilenos y argentinos podrían establecer programas conjuntos para capacitar trabajadores en habilidades de frontera. Así, el desarrollo sería más eficiente, inclusivo y con arraigo territorial.
La demanda global por minerales estratégicos como el cobre y el litio seguirá creciendo, impulsada por la transición energética. Chile y Argentina tienen una ventaja única para responder a esa demanda, pero solo podrán transformarla en desarrollo si actúan con visión sistémica y sentido de propósito común.
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Radiografía de la corrupción. Por José Ignacio Camus. https://t.co/M9pdOu2eUx
— Ex-Ante (@exantecl) June 10, 2025
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