Esa es la pregunta que algunos trabajadores plantean al buscar empleo, aunque en otros casos, es el empleador quien lo impone como condición. El resultado es el mismo: miles de personas figuran como “formales” en las estadísticas, pero parte de sus ingresos quedan fuera de los registros y de la seguridad social. Es una práctica poco visible en la discusión laboral, pero con efectos profundos sobre los trabajadores y la sociedad en su conjunto.
La subcotización ocurre cuando el empleador —a veces a petición del trabajador— declara un sueldo inferior al real, siempre que este se encuentre bajo el tope imponible. Como se pagan cotizaciones dentro de un contrato, no se considera empleo informal y el trabajador mantiene derechos y beneficios parciales. En el caso de los independientes, aún no están obligados a cotizar por la totalidad de sus ingresos, aunque el efecto es similar: el sistema recibe menos aportes de los que corresponderían según sus ingresos efectivos.
Las consecuencias son múltiples. Para el trabajador, significa menos ahorro previsional —y por tanto pensiones más bajas— además de una menor protección en salud y frente a la invalidez o el fallecimiento. Para el Estado, implica mayor presión fiscal, pues debe cubrir a quienes no logran financiar su jubilación o no aportan correctamente a Fonasa. Y para la sociedad, erosiona la confianza en las instituciones, especialmente cuando ocultar ingresos permite acceder a beneficios diseñados para los más vulnerables.
Entre 2004 y 2024, la subcotización se redujo de manera significativa. Entre los independientes, cayó del 35% al 13% de los cotizantes, y entre los asalariados, del 7% al 3% (Encuesta de Protección Social). En los primeros, la razón principal declarada es que aún no están obligados a declarar la totalidad de sus ingresos; en los asalariados, se debe por igual a una decisión del empleador o a un acuerdo mutuo.
Es probable que estas cifras sean conservadoras, pues provienen de autorreportes que están influenciados por la tendencia de las personas a declarar lo que creen correcto. Aun así, la tendencia a la baja es una buena noticia, especialmente entre los independientes, donde la obligatoriedad de cotizar desde 2012 —consolidada a partir de 2019— ha favorecido mayor formalidad. La reciente reforma previsional de 2025 avanza en esta línea, buscando facilitar las cotizaciones para este grupo.
¿Cómo seguir avanzando? Para ello comprender los incentivos a subcotizar es clave. Para las empresas, significa reducir costos laborales; para los trabajadores, llevar más dinero líquido al bolsillo. En un contexto en que los costos laborales ya han subido de manera importante —y seguirán haciéndolo—, es fundamental evitar incrementos adicionales que no estén respaldados por mejoras de productividad. En el caso de los trabajadores, también resulta esencial mejorar la formación previsional y comunicar claramente los beneficios de mantener cotizaciones completas.
Existe, además, un incentivo ligado a lo que se ha llamado “fraude social”: declarar menos ingresos permite ocultar parte de ellos al Registro Social de Hogares y acceder a beneficios estatales. Este problema se agrava cuando la oferta social presenta cambios abruptos en la entrega de ayudas. Por ejemplo, con la gratuidad universitaria, dos hogares muy similares pueden recibir un trato completamente distinto por parte del Estado: uno dentro del 60% más vulnerable accede al beneficio, mientras que otro, justo por encima del umbral, queda excluido. De ahí la urgencia de mejorar la oferta pública y sus incentivos, de manera que incentive el esfuerzo de las familias.
En este contexto, un nuevo desafío surge con las propuestas de las principales candidaturas presidenciales, que plantean la creación de un impuesto negativo al ingreso. Este consiste en pagos adicionales para quienes ganan menos de cierto umbral. Su diseño será decisivo para evitar que se incentive ocultar parte del salario con el fin de acceder a esta transferencia o aumentar su monto.
La subcotización persiste, aunque su disminución en los últimos veinte años muestra que es posible avanzar. Para seguir disminuyéndola se requiere mayor fiscalización e informar mejor sobre los beneficios de cotizar íntegramente. Junto con ello, es necesario enfrentar los incentivos que hoy la fomentan: moderando el crecimiento de los costos laborales y corrigiendo las distorsiones en el diseño de los programas sociales. Solo así las cotizaciones cumplirán su objetivo y se fortalecerá la confianza en nuestras instituciones.
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